No se puede —ni se debe— generalizar. Sería injusto y, sobre todo, intelectualmente perezoso. Pero hay una constante en la conducta humana que atraviesa ideologías, épocas y contextos: las personas, en buena medida, actúan de acuerdo al lugar que ocupan. El “sillón”, como metáfora del poder o la responsabilidad, no solo condiciona decisiones; también moldea discursos, prioridades y hasta convicciones.
Desde la filosofía política, este fenómeno no es nuevo. Nicolás Maquiavelo ya advertía en El Príncipe que quien gobierna no puede actuar siempre como quisiera, sino como debe para conservar el orden. La moral privada y la responsabilidad pública entran en tensión permanente. Lo que en un ciudadano común puede ser una postura ética innegociable, en quien ejerce poder muchas veces se vuelve una decisión pragmática, incómoda, incluso dolorosa.
En ese sentido, acceder a un lugar de poder no necesariamente implica traicionar los orígenes. Muchos dirigentes no olvidan de dónde vienen. Pero gobernar, administrar o conducir implica tomar decisiones que rara vez son simpáticas. Ajustar, priorizar, ceder, negociar: acciones que, vistas desde afuera, pueden parecer contradicciones, pero que desde adentro se viven como inevitables. Max Weber lo sintetizaba con claridad: existe una diferencia entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”. La primera responde a principios; la segunda, a las consecuencias. Y quien ocupa un sillón de poder, inevitablemente, debe moverse en esta última.
Ahora bien, entender esta lógica no implica justificar la hipocresía ni la doble vara. Porque si hay algo que también revela el poder es la coherencia —o la falta de ella— de quienes lo ejercen.
Ahí aparecen casos paradigmáticos. El sindicalista Víctor Santa María encarna una contradicción difícil de ignorar: férreo defensor de los derechos laborales desde su rol gremial, pero cuestionado en su faceta empresarial por las condiciones de trabajadores vinculados a Página/12. La paradoja es evidente: quien exige derechos como representante, es acusado de relativizarlos como empleador.
Algo similar ocurre con sectores que construyen su identidad política en torno a la defensa de los trabajadores, pero enfrentan denuncias cuando les toca gestionar. El PTS, a través de su estudio jurídico CeProDH, ha quedado expuesto en situaciones que tensionan su discurso histórico, este cronista conoció empleados de dicho estudio que trabajaban con sueldos paupérrimos y sin estar registrados, lo que en la jerga se conoce como “laburantes en negro”. Lo mismo sucedió con Victoria Donda, cuya imagen pública ligada a los derechos humanos contrastó con acusaciones en su ámbito privado, donde tenía en la precariedad a su empleada doméstica. El entonces presidente Fernández la sostuvo a cargo del ex INADI a pesar del escándalo porque la veía cercana a él en su guerra con CFK, cuando Donda empezó a jugar para La Cámpora, el que se autodenominaba el primer presidente feminista(ya vimos como acabó), la terminó expulsando del gobierno. Donda como buena parte de la casta encontró cobijo y trabajo rápido, Kicillof le inventó un cargo en PBA.
Incluso en movimientos que se presentan como moralmente superiores, la lógica del “sillón” también opera. Algunos sectores del feminismo, que reivindican la sororidad como principio rector, muchas veces la ejercen de manera selectiva. Se construyen solidaridades hacia adentro, pero se despliegan mecanismos de exclusión hacia mujeres que piensan distinto o que no encajan en ciertos parámetros ideológicos o estéticos. La categoría de “hegemonía”, utilizada para cuestionar estructuras de poder, termina en ocasiones siendo un arma para disciplinar o desacreditar.
Aquí es donde el análisis filosófico se vuelve imprescindible. Michel Foucault sostenía que el poder no es algo que se posee, sino algo que se ejerce en relaciones. No es estático ni puro: circula, se adapta, se infiltra en todos los ámbitos. Y en ese ejercicio, transforma a quienes lo detentan. No hay sujeto completamente inmune al poder, porque el poder también produce subjetividad.
Por su parte, Hannah Arendt diferenciaba entre poder y violencia, pero advertía sobre los peligros de la burocratización y la pérdida de responsabilidad individual. Su idea de la “banalidad del mal” no habla de monstruos, sino de personas comunes que, desde su lugar, ejecutan decisiones sin cuestionarlas profundamente.
Entonces, ¿las personas cambian cuando llegan al poder o simplemente revelan lo que siempre fueron? Probablemente ambas cosas. El sillón no solo condiciona: también expone. Amplifica virtudes y defectos, coherencias e incoherencias.
El problema no es que alguien, al ocupar un lugar de responsabilidad, deba tomar decisiones difíciles o incluso contradictorias. El problema es cuando se construyen discursos absolutos que luego no resisten el ejercicio del poder. Cuando se exige una moral para los otros que no se aplica a uno mismo. Cuando el relato no admite la complejidad de la realidad.
En definitiva, el poder no transforma la esencia, pero sí condiciona las decisiones. Como advertía Murray N. Rothbard, “el Estado no es otra cosa que una organización que reclama el monopolio del uso de la fuerza en un territorio”, lo que implica que quien ocupa ese sillón administra no solo recursos, sino también coerción. En ese marco, las decisiones dejan de ser puramente personales para convertirse en actos institucionales.
También Ludwig von Mises aportaba una mirada lúcida sobre las limitaciones del poder político: “El gobierno es el único medio por el cual la gente puede ser obligada a hacer lo que no quiere hacer”. Esta idea ayuda a entender por qué muchas veces quienes llegan a un cargo deben tomar medidas impopulares: no siempre se trata de traicionar convicciones, sino de enfrentar la complejidad de gobernar.
En la misma línea, Friedrich Hayek advertía sobre los riesgos inherentes al ejercicio del poder: “No es el poder lo que corrompe, sino el hecho de que el poder atrae a los corruptibles”. Sin embargo, incluso quienes llegan con buenas intenciones se ven atravesados por un sistema que impone restricciones, tensiones y responsabilidades que desde afuera no siempre se comprenden.
Aceptar que el poder obliga a decisiones incómodas es un ejercicio de madurez política. Pero exigir coherencia sigue siendo una obligación ciudadana. Porque si todo se justifica en nombre del “sillón”, entonces la responsabilidad desaparece, y con ella, la confianza.
En definitiva, las personas actúan de acuerdo al lugar que ocupan. Pero eso no las exime de rendir cuentas por cómo lo hacen. Ahí, en ese equilibrio entre comprensión y exigencia, se juega la calidad de una sociedad democrática.
*Javier Kazilari es periodista, docente, referente televisivo en el periodismo de investigación y del género docu-reality y consultor en comunicación estratégica y política.
