
El ex brigadista italiano Leonardo Bertulazzi se escapó de su arresto domiciliario en San Telmo mientras esperaba la extradición. Puede sonar insólito, pero para el Código Penal argentino escaparse no es delito. La ley castiga la violencia y la complicidad, no las ganas de ser libre.
Un hombre de 74 años bajó con un arnés desde el balcón de un quinto piso hasta un baldío. Se fue caminando y dejó en el departamento una tobillera electrónica que seguía mandando señales de vida. Según fuentes oficiales, usó un dispositivo que alteraba los registros de temperatura, pulso y humedad para que el sistema creyera que seguía ahí. Los agentes de la Policía Federal recién se dieron cuenta en el cambio de guardia, cuando notaron que no había movimiento y entraron. Desconfiaron tanto del aparato que llamaron a la División Explosivos, que descartó que fuera una bomba.
Así se fugó Leonardo Bertulazzi, ex integrante de la columna genovesa de las Brigadas Rojas. Italia lo condenó en ausencia a 27 años por el secuestro del empresario Pietro Costa en 1977. La jueza federal María Servini ordenó su detención inmediata y el Gobierno ofreció 20 millones de pesos de recompensa a quien aporte datos para encontrarlo.
Veinte años de idas y vueltas
Bertulazzi llegó a la Argentina en 2002. Lo detuvieron en 2003 y lo liberaron ocho meses después, porque la ley de entonces no permitía extraditar a condenados en ausencia. En 2004 obtuvo el estatus de refugiado político: tuvo DNI, domicilio en San Telmo y se inscribió en la AFIP. Vivió como un vecino más.
En 2024 el gobierno le quitó el refugio, Italia reactivó el pedido de extradición y el 29 de agosto lo volvieron a detener en el mismo departamento del que ahora escapó. En julio de 2025 la Corte Suprema rechazó el último recurso de la defensa y dejó firme la extradición. Después, la Cámara Federal de Casación Penal le concedió la domiciliaria por su edad y su salud. Solo faltaba subirlo al avión.
Lo que dice la ley
Acá aparece la paradoja que da título a esta nota. El artículo 280 del Código Penal castiga con un mes a un año de prisión al que, "hallándose legalmente detenido", se evade "por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas". Si no hay ni violencia ni fuerza, no hay delito.
No es un descuido del legislador. La doctrina penal lo llama autoevasión no punible: el derecho reconoce que el deseo de libertad es inherente a cualquier persona privada de ella, y no castiga a nadie por intentar recuperarla. Lo que sanciona es la forma: golpear a un guardia, romper una reja, forzar una cerradura.
Para alguien que espera un avión rumbo a una cárcel italiana, la cuenta es simple: escaparse cuesta poco y puede rendir mucho. La figura de evasión se pensó para proteger guardias, rejas y celdas, no para disuadir a un extraditable con condena firme. Para él, la ley penal nunca fue una barrera. La única barrera era la custodia.
Los que sí se juegan el pellejo
El que se escapa puede salir casi sin costo penal adicional. El que lo ayuda, no. El artículo 281 castiga con uno a cuatro años de prisión a quien favorezca la evasión de un detenido. Si además es funcionario público, le suma inhabilitación absoluta por el triple del tiempo. Y si la fuga se produjo por negligencia de un funcionario, la ley también prevé sanción.
A eso se suma el encubrimiento: quien lo esconda o lo ayude a eludir la búsqueda también comete un delito.
Un hombre de 74 años, que según su propia defensa tiene la salud deteriorada, no consigue un arnés, un baldío de salida y un dispositivo capaz de engañar al Servicio Penitenciario sin ayuda de nadie. Esa es la pregunta que la investigación tiene que responder: quién lo ayudó y quién miró para otro lado.
El derecho a la fuga existe. El que no debería existir es el derecho a custodiar mal.