Una denuncia advierte sobre una presunta operación inmobiliaria con terrenos que tendrían problemas de titularidad y documentación. En la operación aparecen mencionados varios particulares, la demolición de antiguas viviendas y la posible utilización de trámites de usucapión para avanzar sobre las parcelas.
Una presunta maniobra de apropiación y comercialización irregular de tierras encendió las alarmas en Cañuelas. Según la información aportada en una denuncia, cuatro hectáreas ubicadas en el distrito habrían sido objeto de una serie de operaciones inmobiliarias pese a que existirían importantes irregularidades en la documentación necesaria para acreditar su titularidad y avanzar con la escrituración.
De acuerdo con el relato, los terrenos están divididos en dos parcelas de aproximadamente dos hectáreas cada una, identificadas con las partidas inmobiliarias 19.830 y 19.831. La primera correspondería a una antigua sucesión de Matilde Modesta Bercetche, mientras que en la segunda figurarían como titulares José Dos Santos —fallecido— y otra persona identificada como Bravo.
La historia de los terrenos tendría su origen en una deuda contraída por Dos Santos, quien posteriormente se habría radicado en la provincia de La Pampa. Según la denuncia, las cuatro hectáreas habrían sido entregadas para cancelar esa obligación a Sebastián Villalba, actualmente fallecido.
En ese contexto aparece Cristian Salerno, quien habría estado a cargo del cuidado de las tierras y residía en una de las dos viviendas precarias que existían en el predio.
Según la información recibida, Salerno habría contactado a Meco Cortez para ofrecerle la posibilidad de adquirir las cuatro hectáreas. La operación contemplaría, además, una compensación mediante la entrega de un lote en un emprendimiento inmobiliario vinculado a Cortez.
Posteriormente, Salerno habría organizado una reunión con Verónica Villalba, hermana del fallecido Sebastián Villalba, quien presuntamente contaba con documentación relacionada con los terrenos. De ese encuentro habría surgido un acuerdo para que Cortez consiguiera un comprador para las parcelas.
Los nombres de Israel Abraham y Miguel Rial aparecen posteriormente en la operación. Ambos habrían adquirido las tierras con la intención de desarrollar nuevos loteos, una modalidad que, según los denunciantes, estaría vinculada a otras operaciones inmobiliarias con terrenos cuyos antecedentes dominiales presentan dificultades.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes aportaron la información es que, después de concretarse la operación, las dos antiguas viviendas que existían en el lugar fueron demolidas. Actualmente, las cuatro hectáreas se encontrarían deshabitadas y sin actividad aparente.
Otro de los puntos que aparecen en la denuncia está relacionado con la posible realización de un estado parcelario destinado a iniciar un procedimiento de usucapión sobre una de las parcelas.
La información menciona al estudio de agrimensura de Antonela Aldana Depauli, ubicado en Del Carmen 1005, en Cañuelas, como el lugar donde presuntamente se habría realizado el trámite correspondiente a la parcela identificada con la partida 19.831.
Este dato deberá ser corroborado mediante la documentación catastral y los registros correspondientes, ya que la realización de un estado parcelario no acredita por sí misma la titularidad de un inmueble ni demuestra que exista una usucapión judicialmente reconocida.
La información también menciona un emprendimiento de loteo atribuido a Meco Cortez, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 73, en dirección a San Miguel del Monte, sobre la mano izquierda y aproximadamente a 1.500 metros de la traza principal.
En ese emprendimiento aparecería mencionado Roberto Brioso, señalado por los denunciantes como un ex empleado municipal y presuntamente vinculado a otras ocupaciones irregulares de terrenos. Estas acusaciones, al igual que las referencias sobre los antecedentes de los demás involucrados, requieren corroboración independiente y no constituyen hechos judicialmente acreditados.
Entre los elementos que podrían contribuir a reconstruir los movimientos en las cuatro hectáreas también se identificaron dos vehículos que, según la información recibida, ingresarían al predio: una Ford Territory, dominio AH 829 IZ, y una Volkswagen Amarok, dominio NYQ 106.
Por el momento, el interrogante central pasa por determinar quién tiene efectivamente los derechos sobre las parcelas, qué documentación se utilizó para concretar las operaciones y si existieron maniobras destinadas a obtener la posesión o comercializar terrenos sin contar con respaldo legal suficiente.
La posible utilización de trámites de usucapión, la demolición de las construcciones existentes y la intervención de distintos intermediarios son algunos de los puntos que merecen ser investigados para establecer si detrás de estas operaciones existe un conflicto dominial o una maniobra organizada de apropiación y posterior comercialización de tierras.
