El vicerrector de la UBA y referente del radicalismo ligado a Martín Lousteau arrastra antecedentes de denuncias por presuntas irregularidades en contrataciones universitarias y una nueva presentación judicial vinculada a una consultora privada. La pregunta sobre los privilegios de la política vuelve a instalarse: ¿quién controla a quienes administran los recursos públicos?
En la Argentina de Javier Milei, Emiliano Yacobitti representa una de las contradicciones más incómodas para la vieja política: la de los dirigentes que se presentan como defensores de lo público, levantan las banderas del progresismo y cuestionan el ajuste, pero cuya trayectoria obliga a examinar con lupa los vínculos entre poder político, negocios privados y administración de recursos estatales.
Dirigente histórico de Franja Morada, referente de la Unión Cívica Radical porteña y aliado político de Martín Lousteau, Yacobitti construyó su poder en el universo universitario hasta convertirse en uno de los hombres fuertes de la Universidad de Buenos Aires. Su influencia excede las aulas: se proyecta sobre la política porteña, el radicalismo y las discusiones nacionales sobre el financiamiento universitario.
Pero detrás de su discurso aparece una pregunta que no debería tener dueño partidario: ¿qué controles existen sobre los dirigentes que administran fondos públicos y qué explicaciones deben dar cuando sus nombres aparecen vinculados a denuncias judiciales?
El antecedente más grave se remonta a 2015. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a autoridades y exautoridades de la UBA por presuntas irregularidades en contrataciones de insumos y medicamentos para el Hospital de Clínicas y por operaciones vinculadas con la Facultad de Ciencias Económicas.
Entre los principales acusados figuraba Yacobitti, que entonces se desempeñaba como secretario de Hacienda y Administración de la universidad. La investigación también alcanzó al exdecano José Luis Giusti y a Sergio Gastón Ricardo, entre otros involucrados.
Según la información oficial publicada por el Ministerio Público Fiscal, se investigaban posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, administración infiel, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La hipótesis fiscal apuntaba a contrataciones presuntamente direccionadas hacia proveedores vinculados con los funcionarios investigados, además de supuestas facturaciones por consultorías que no habrían prestado servicios efectivos.
El fiscal Franco Picardi impulsó medidas de prueba y señaló posibles conflictos de intereses entre quienes tenían poder de decisión dentro de la universidad y empresas que habrían resultado beneficiadas. La investigación también examinó indicios sobre el eventual destino de fondos a actividades políticas.
Es fundamental precisar que una denuncia y una imputación no equivalen a una condena. Sin una resolución judicial actualizada que permita establecer el desenlace de cada expediente, no corresponde afirmar que Yacobitti haya sido condenado por esos hechos. Sin embargo, la existencia de una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal constituye un antecedente público que merece seguimiento y explicaciones.
Nueve años después, el nombre de Yacobitti volvió a aparecer en una controversia relacionada con los negocios y la función pública.
En abril de 2024, una denuncia penal alcanzó al entonces diputado radical y al senador Martín Lousteau por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación se vinculó con contrataciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso a la consultora LCG S.A., especializada en análisis económico y proyecciones.
De acuerdo con la investigación periodística publicada por El Disenso, Lousteau figuraba como accionista y presidente de la firma, mientras que Yacobitti aparecía como director suplente en documentación societaria. La denuncia planteó la necesidad de investigar si existía un conflicto de intereses entre los vínculos con la consultora y las funciones públicas de ambos dirigentes.
La causa fue registrada bajo el número 1508/2024 y, según las publicaciones de la época, quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 6.
El punto político es concreto: cuando una empresa vinculada a dirigentes públicos contrata con organismos estatales, la transparencia debe ser absoluta. Es necesario determinar quién tomó las decisiones, qué servicios se prestaron, cómo se justificaron los precios y si existió alguna incompatibilidad legal.
La denuncia no demuestra por sí sola que se haya cometido un delito, y no corresponde presentar como acreditada una irregularidad que debe probarse judicialmente. Pero tampoco resulta razonable desestimar las preguntas por el solo hecho de que los involucrados pertenezcan a un partido que se reivindica democrático o republicano.
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El título de esta nota apunta a una crítica política, pero hay una diferencia importante entre cuestionar a un dirigente por sus vínculos y afirmar que posee una fortuna de origen ilícito.
La información pública sobre las denuncias de 2015 incluye referencias a presuntas inconsistencias patrimoniales entre el nivel de vida de algunos investigados y sus ingresos declarados. Sin embargo, esas referencias alcanzaron a varios involucrados y no permiten atribuir automáticamente a Yacobitti todos los bienes o adquisiciones mencionados en la investigación.
Tampoco sería serio asignarle una cifra concreta de patrimonio sin identificar una declaración jurada verificable, su período fiscal, los bienes declarados, las participaciones societarias y las deudas correspondientes.
Existe un registro oficial de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y candidatos obligados a presentarlas, administrado por el Estado nacional. Es allí donde deben buscarse los datos que permitan establecer qué bienes, ingresos, inversiones y participaciones societarias declaró cada funcionario.
La pregunta periodística, por lo tanto, no consiste en inventar una fortuna ni en convertir una sospecha en sentencia. Consiste en exigir que se conozca el patrimonio declarado, se examine su evolución y se determine si guarda relación con los ingresos y las actividades económicas del dirigente.
Si el patrimonio es legítimo, la documentación debe permitir explicarlo. Si existen inconsistencias, corresponde que los organismos competentes las investiguen. Esa debería ser una regla básica para cualquier funcionario, sin importar su partido.
Yacobitti forma parte de una tradición política que ha sabido conservar espacios de poder dentro de las universidades públicas durante décadas. La discusión no es si la universidad pública debe existir o si merece financiamiento: ambas cuestiones pueden defenderse sin otorgarles un cheque en blanco a sus administradores.
El problema aparece cuando el debate presupuestario se convierte en una disputa entre el Gobierno y las autoridades universitarias, mientras las exigencias de auditoría, transparencia y rendición de cuentas quedan atrapadas en la pelea partidaria.
Desde la perspectiva liberal que impulsa La Libertad Avanza, el Estado debe justificar el uso de cada peso de los contribuyentes. Ese principio también debe aplicarse a las universidades nacionales, que cumplen una función social fundamental y administran recursos públicos.
Defender la autonomía universitaria no significa eliminar los controles. Reclamar financiamiento no exime de rendir cuentas. Y cuestionar el ajuste del Gobierno no alcanza para despejar las dudas que puedan surgir sobre contrataciones, consultoras o posibles conflictos de intereses.
La vara debe ser idéntica para todos: transparencia patrimonial, auditorías independientes, información pública accesible y consecuencias cuando se prueban irregularidades.
El caso de Yacobitti expone una de las debilidades de la dirigencia tradicional: la facilidad con la que se presentan como representantes de causas nobles mientras los mecanismos de control sobre sus propias estructuras quedan en segundo plano.
No alcanza con invocar la educación pública, la democracia o los derechos sociales para quedar al margen de las preguntas incómodas. Precisamente porque las universidades son instituciones valiosas, sus autoridades deben estar sometidas a los más altos estándares de transparencia.
La crítica liberal no necesita negar el valor de la universidad pública ni convertir a todo dirigente radical en responsable de un delito. Le alcanza con exigir algo elemental: que el poder no sea una zona liberada, que los negocios privados no se mezclen con las decisiones públicas y que las denuncias relevantes reciban respuestas verificables.
Yacobitti tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse de las acusaciones. La sociedad, por su parte, tiene derecho a conocer el resultado de las investigaciones, acceder a la información patrimonial disponible y reclamar explicaciones sobre los vínculos económicos que puedan comprometer la función pública.
En definitiva, la discusión no es si Yacobitti se define como progresista, radical o defensor de la universidad. La discusión es si quienes administran recursos públicos están dispuestos a aceptar los controles que exigen a los demás.
Porque el verdadero privilegio de la casta no consiste solamente en ocupar cargos durante años. Consiste en pretender que las preguntas sobre su poder, sus negocios y su patrimonio sean interpretadas como ataques políticos, en lugar de asumirlas como una obligación republicana.
