En la Casa Rosada repiten que el Presidente atraviesa su mejor momento político. La inflación anual bajó desde los picos de 2023 y cerró 2025 en torno al 30–32 % interanual según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El superávit fiscal se exhibe como prueba de consistencia y el resultado legislativo de 2025 —40,84 % de los votos válidos— consolidó centralidad.
Pero el dato estructural es otro: la participación fue apenas de 66–68 % del padrón, la más baja desde 1983. Sobre 35,7 millones de electores, votaron cerca de 24 millones. El oficialismo obtuvo alrededor de 9,8 millones de votos. Es un respaldo significativo, aunque sobre una base más estrecha que la de 2019, cuando con 80,4 % de participación el entonces Frente de Todos superaba los 13 millones de votos. En 2025, seis de cada diez argentinos optaron por listas opositoras, aunque fragmentadas.
La economía es el eje que define el escenario hacia 2027. La desaceleración inflacionaria es estadística. Pero el único precio que efectivamente quedó como ancla fue el salario. Los ingresos reales se recomponen más lento que los precios regulados y varios rubros sensibles —alimentos y bebidas— mantuvieron presión. El resultado es una caída del consumo masivo que consultoras privadas estiman en dos dígitos interanuales durante buena parte de 2025. Una cena en casa para una familia tipo —dos kilos de carne, una guarnición, una botella de vino y una gaseosa— ronda los 60 mil pesos en grandes centros urbanos. No es restaurante; es supermercado.
La industria tampoco muestra señales robustas. El uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles históricamente bajos, en torno al 55–60 % promedio según datos recientes del INDEC. Eso implica que casi la mitad del aparato productivo opera ocioso. Con consumo retraído, crédito limitado y apertura importadora, la inversión espera.
En paralelo, el frente laboral agrega un componente estructural. La ola de despidos en sectores industriales y de servicios se combinó con la aprobación de la reforma laboral, cuyo articulado anticipa judicialización. El punto central es que ninguna de las medidas aprobadas contiene incentivos directos a la creación de empleo. El eje está puesto en reducir costos y riesgos para el empleador: ampliar períodos de prueba, modificar esquemas indemnizatorios y facilitar desvinculaciones. En la práctica, el nuevo marco acelera decisiones de ajuste y reestructuración.
En sectores productivos circula una lectura explícita: ante un modelo que propone reconvertir la matriz —de industria con integración local a esquema más orientado a importación y distribución— muchas empresas medianas enfrentan un dilema binario: reconvertirse como comercializadoras o cerrar. La reforma no empuja a contratar; facilita achicar estructuras. Si luego hay litigios, las decisiones ya estarán ejecutadas y revertirlas será complejo.
El contexto internacional añade incertidumbre. La relación con Donald Trump es vista por el oficialismo como un activo estratégico. Pero los cambios en la política comercial estadounidense y disputas judiciales en torno a aranceles e impuestos a importaciones reconfiguran el tablero. Argentina depende de decisiones externas que no controla. Al mismo tiempo, el acuerdo para sostener el swap con China implicó flexibilizar importaciones y amplió la presencia de productos chinos en el mercado local. Para sectores industriales con capacidad ociosa, esa competencia profundiza presión sobre márgenes y empleo.
A eso se suma el ruido interno por el conflicto entre el Gobierno y Marco Lavagna al frente del INDEC. Las discusiones metodológicas sobre el IPC afectaron la confianza pública. No hay evidencia de manipulación, pero la controversia erosiona credibilidad en un país con antecedentes sensibles en materia estadística.
La semana pasada, en una reunión reservada con intendentes bonaerenses, un consultor sintetizó la preocupación opositora: “El esquema actual depende de dólar estable, disciplina fiscal extrema y paciencia social. Si una variable se altera, el equilibrio se resiente”. Nadie lo contradijo.
Hoy el Gobierno conserva iniciativa política y una oposición fragmentada. Pero el respaldo electoral de 2025 fue contundente en porcentaje y acotado en volumen. El antecedente de 2019 demuestra que con alta participación el sistema puede reconfigurarse con rapidez.
La pregunta no es ideológica. Es económica y social: si el salario sigue siendo la única variable contenida, la industria opera a media máquina y el empleo se ajusta más de lo que se expande, la estabilidad macro puede no alcanzar. En ese punto, la política vuelve a moverse.
