La comunidad educativa de la escuela IMPA en Quilmes, municipio gobernado por la camporista Mayra Mendoza, vive momentos de extrema preocupación desde que comenzó el ciclo lectivo 2025. A escasos metros del establecimiento, se instaló un basural a cielo abierto que, según denuncian madres, padres y docentes, recibe residuos domiciliarios de todo el distrito, generando gases contaminantes, malos olores y un creciente deterioro ambiental.
“El basural se instaló sin ninguna consulta previa. Nos enteramos de un día para el otro, cuando empezaron a llegar camiones de basura. Nadie nos informó nada y nadie nos escuchó después”, sostuvo una madre integrante de la cooperadora escolar.
Según denuncian, el proyecto fue presentado bajo otros fines y no se comunicó a la comunidad educativa ni barrial la verdadera magnitud del emprendimiento. Pero la preocupación creció aún más cuando trascendió la intención de habilitar también una planta hormigonera en el mismo predio, lo que implicaría la emisión constante de polvo de cemento, una sustancia perjudicial para la salud respiratoria, especialmente en niños y niñas.
“Nuestros hijos respiran esto todos los días. Muchos ya tienen síntomas de alergia, broncoespasmos, problemas en la piel. Es inaceptable”, señaló una docente, quien pidió reserva de su nombre por temor a represalias.
Ante esta situación, las familias han presentado denuncias formales ante:
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiador del proyecto, La Municipalidad de Quilmes,El programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y las autoridades escolares.
Sin embargo, aseguran que la respuesta ha sido nula o evasiva, mientras las obras y el funcionamiento del basural continúan avanzando. "La Municipalidad no solo no detuvo el proyecto, sino que ahora avanza con la hormigonera, lo que demuestra un total desprecio por la salud pública", expresaron.
En paralelo, las familias se encuentran organizando acciones legales para presentar una medida cautelar que detenga la obra, y apelan a la difusión masiva de esta situación para generar presión social y política.
La comunidad exige respuestas concretas, control ambiental inmediato y una revisión urgente del proyecto. “No estamos en contra del desarrollo, pero no a costa de la salud de nuestros hijos. Nadie puede aprender, enseñar ni vivir al lado de un basural”, concluyeron.
