Una declaración del economista libertario Juan Ramón Ravier terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza inesperado para el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Lo que parecía una explicación técnica sobre la política fiscal del Gobierno terminó alimentando una polémica con posibles derivaciones judiciales: la admisión de que el Ejecutivo recauda el impuesto a los combustibles, pero posterga el giro de esos fondos a los destinos específicos que establece la ley.
Durante una intervención pública, Ravier explicó que el Gobierno cobra el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, pero difiere su aplicación efectiva para evitar que el precio de la nafta suba de golpe.
La frase abrió una discusión inmediata: si el Estado percibe ese tributo, pero no transfiere los recursos a los fondos que la ley determina, podría configurarse un presunto desvío de fondos públicos, una figura que especialistas consideran susceptible de investigación judicial.
El Impuesto a los Combustibles no es un tributo cualquiera.
La legislación vigente establece que una parte importante de lo recaudado tiene asignación específica, es decir, debe destinarse obligatoriamente a determinados fines.
Entre ellos se encuentran:
el financiamiento del sistema vial nacional;
obras de infraestructura;
el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI);
programas vinculados al transporte y otras partidas establecidas por ley.
En otras palabras, no se trata de recursos de libre disponibilidad del Tesoro.
Cuando el Gobierno decide postergar la actualización del impuesto o demora la distribución efectiva de esos fondos, aparece una zona gris que ahora quedó expuesta por las propias palabras de Ravier.
La administración Milei construyó buena parte de su relato económico alrededor del superávit fiscal.
Sin embargo, distintos economistas vienen señalando que parte de ese equilibrio se sostiene mediante mecanismos extraordinarios: pagos diferidos, licuación del gasto por inflación y postergación de obligaciones del Estado.
La confesión de Ravier alimenta precisamente esa crítica: la idea de que el Gobierno utiliza recursos afectados para mejorar transitoriamente las cuentas públicas.
El dato político más delicado es que la declaración podría convertirse en un elemento utilizado en futuras denuncias judiciales.
Si algún fiscal considera que existió una utilización indebida de fondos con destino específico, la explicación pública del economista libertario podría transformarse en un antecedente relevante dentro de una investigación.
Por ahora no existe una causa confirmada contra Caputo por este episodio, pero la controversia ya escaló al terreno político y jurídico.
El episodio deja una enseñanza incómoda para la Casa Rosada.
En un gobierno obsesionado con controlar el mensaje, no fue la oposición ni una filtración la que abrió un nuevo frente de conflicto.
Fue uno de los propios.
La boca grande de Ravier terminó poniendo a Toto Caputo en una situación incómoda: obligó a explicar cómo administra recursos que la ley destina a fines específicos y abrió una discusión que ya no gira solamente alrededor del precio de la nafta, sino sobre la legalidad de una de las herramientas utilizadas para sostener el equilibrio fiscal que el Gobierno exhibe como su mayor logro.
