Qué admitió Presidencia y qué no muestra
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, la Secretaría General informó, con corte al 10 de junio de 2026, la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma “Corporativa Nación”.
Lo curioso es que el pedido no reclamaba solo un listado de tarjetas, sino los resúmenes mensuales, consumos, comercios, proveedores, CUIT, rubros, montos, moneda, impuestos, responsable del gasto, finalidad declarada, comprobantes, facturas, tickets, vouchers, rendiciones, autorizaciones, expedientes GDE e imputación presupuestaria.
Presidencia informó quiénes figuran en la nómina de tarjetas. No informó si esas tarjetas tuvieron movimientos y, en su caso, en qué se usaron, por qué montos, en qué comercios, con qué finalidad ni en qué expediente se rindieron.
Milei, Villarruel y “Lule” Menem: los nombres de peso
El dato político surge de la propia documentación oficial. Karina Elizabeth Milei figura bajo “Secretaría General Privada” con una tarjeta corporativa recargable terminada en 8888. La cuenta raíz que aparece en la nómina es “SEC GRAL PRES NACION”.
Quiénes firmaron la respuesta
La respuesta principal fue firmada por Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General. La nota que remitió los anexos administrativos fue firmada por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.
El informe de tarjetas fue firmado por Marcelo Luque Mariño como coordinador de Movimiento de Valores. Es el mismo funcionario que, por Resolución 35/2026, fue designado subresponsable del Fondo Rotatorio y que además figura como titular de una tarjeta corporativa de crédito terminada en 6128 y de una tarjeta recargable del Fondo Rotatorio terminada en 0382.
La respuesta sobre imputación presupuestaria tampoco desagregó programa, actividad, inciso, partida, fuente, SAF, devengado, pagado y rendido, como se había solicitado. Solo indicó de manera genérica que los gastos se imputan en partidas de la Secretaría General y remitió al portal Presupuesto Abierto, que publica ejecución agregada y no permite reconstruir consumos por tarjeta, titular o centro de costo.
El sumario que mencionaron, pero no abrieron
La Dirección de Sumarios reconoció además que tramitó un sumario administrativo vinculado al punto del pedido que requería actuaciones por uso indebido, irregular, personal, no autorizado o no justificado de tarjetas corporativas.
La respuesta informó que el 6 de abril se emitió el informe final previsto por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, con propuesta de cierre de la actuación disciplinaria y declaración de inexistencia de perjuicio fiscal. Pero el expediente del sumario no fue entregado.
No se informó qué hechos se investigaron, qué tarjeta estaba involucrada, qué funcionario o área aparecía en la actuación, qué monto se analizó, si hubo reintegro, qué dictámenes se produjeron ni cuál fue la resolución final.
La distinción importa: inexistencia de perjuicio fiscal no necesariamente equivale a inexistencia de una conducta observada. Puede haber habido una devolución, una regularización o una conclusión administrativa que descarte daño patrimonial. Pero sin expediente, no hay forma de verificar qué ocurrió. El Gobierno dijo que no hubo perjuicio fiscal. No mostró el expediente que permitiría comprobarlo.
La pregunta queda planteada en el propio expediente: si Presidencia admitió las tarjetas; si el Banco Nación permite ver consumos y comercios; si el instructivo exige tickets y rendiciones por GDE; y si el Fondo Rotatorio se duplicó hasta superar los $1.135 millones, ¿por qué no abrió la cuenta?
La paradoja la plantean los propios documentos oficiales: la misma gestión que hizo del recorte del gasto una bandera política más que duplicó en un año el Fondo Rotatorio de la Secretaría General y, cuando se le pidió mostrar el detalle, entregó la lista de tarjetas, pero no sus gastos.
