Hay episodios que condensan en pocas horas los problemas de una fuerza política. Lo ocurrido con la senadora Anabel Fernández Sagasti durante el tratamiento de la derogación de la Ley de Tierras es uno de ellos.
Más allá de la discusión sobre el contenido de la norma, lo que quedó expuesto fue una forma de hacer política que parece desconectada del sentido común de la sociedad y, cada vez más, también de buena parte de la propia militancia peronista.
Fernández Sagasti anunció que no podría asistir a la sesión por el avanzado estado de su embarazo y solicitó votar de manera remota. La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó el tratamiento del pedido, pero la decisión final quedó en manos del Senado. Es decir, no alcanza con la voluntad de la Presidencia de la Cámara: son los propios senadores quienes deben autorizar la modalidad excepcional y todo indica que ese aval difícilmente consiga los votos necesarios.
La primera pregunta, entonces, surge naturalmente. Si la senadora sabía que atravesaba un embarazo avanzado y que existía una sesión de enorme trascendencia política, ¿por qué no previó la situación con mayor anticipación? ¿Por qué permaneció en Buenos Aires hasta tan cerca de la sesión en lugar de instalarse previamente en Mendoza, si esa era la recomendación médica? ¿Por qué el planteo llegó apenas dos días antes, cuando las posibilidades reglamentarias ya aparecían cuesta arriba?
Son preguntas legítimas que cualquier ciudadano se hace y que el kirchnerismo, lejos de responder con autocrítica, intentó tapar apelando a la victimización.
Después llegó el video. Lejos de cerrar la polémica, terminó profundizándola. La explicación pública buscó instalar la idea de una dirigente impedida de cumplir con su tarea por razones personales y de salud. Nadie discute la prioridad del embarazo ni la necesidad de preservar la salud de una madre y de su hijo. Lo que se discute es la planificación política de una representante que sabía desde hacía meses cuál era su situación.
La empatía no nace por decreto. Tampoco alcanza con invocar el embarazo cuando la sociedad observa que los dirigentes cuentan con privilegios que el resto de los trabajadores no tiene. Fernández Sagasti cobra desarraigo justamente porque desarrolla su función lejos de su provincia. Si la situación médica aconsejaba permanecer en Mendoza, era perfectamente razonable organizar con tiempo su agenda parlamentaria. Esperar hasta último momento terminó transmitiendo improvisación.
Y la reacción de La Cámpora agravó todavía más el problema.
En lugar de admitir que pudo existir un error político, el aparato comunicacional salió a denunciar persecuciones y ataques. Mayra Mendoza, Lucía Cámpora y numerosos dirigentes reprodujeron una defensa cerrada, planteando que cualquier cuestionamiento equivalía a una agresión contra una mujer embarazada.
Sin embargo, bastó recorrer las redes sociales para advertir que el mensaje no produjo el efecto esperado.
Incluso entre simpatizantes del peronismo aparecieron críticas durísimas. No por el embarazo, sino por la soberbia con la que se respondió a quienes simplemente preguntaban por qué la situación no había sido prevista con anticipación.
La militancia ya no reacciona automáticamente frente a los argumentos de la conducción. Cada vez son más quienes expresan cansancio frente a un relato que convierte cualquier cuestionamiento en una conspiración y cualquier error propio en responsabilidad ajena.
Ese hartazgo no nace únicamente de este episodio.
Viene acumulándose desde hace años, alimentado por interminables peleas entre dirigentes mientras la sociedad enfrenta inflación, caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y una crisis económica que golpea especialmente a quienes históricamente acompañaron al peronismo.
En ese contexto, tampoco pasa inadvertido el permanente enfrentamiento interno con Axel Kicillof. Mientras el oficialismo nacional avanza políticamente, una parte importante de la energía de La Cámpora parece concentrarse en disputar espacios de poder dentro del propio peronismo antes que en construir una alternativa competitiva para el país.
El discurso de las víctimas tampoco encuentra hoy el eco que encontraba hace algunos años. No porque la sociedad haya perdido sensibilidad, sino porque el desgaste de la dirigencia alcanzó niveles muy profundos. La ciudadanía distingue cada vez más entre una situación personal, que merece respeto, y la responsabilidad política de quienes ocupan cargos de máxima representación institucional.
Desde esta columna venimos advirtiendo desde hace tiempo sobre la lógica con la que actúa La Cámpora. Una organización que, en nuestra mirada, ha priorizado durante demasiado tiempo la conservación de espacios de poder, cargos y estructuras antes que la construcción de una propuesta renovadora para el peronismo.
Esa percepción ya no pertenece únicamente a quienes observan desde afuera. Empieza a escucharse también entre militantes, dirigentes territoriales e incluso votantes que durante años defendieron al kirchnerismo.
Porque cuando la principal preocupación parece ser la interna permanente, el control de las listas, las cajas del Estado y las disputas de aparato, el vínculo con la sociedad inevitablemente se deteriora.
El caso Fernández Sagasti probablemente pase. Como pasan todas las polémicas. Lo que quizás no pase tan fácilmente es la creciente sensación de que una parte importante de la dirigencia dejó de interpretar el humor de su propia base política.
Y cuando una fuerza política deja de escuchar incluso a sus propios militantes, el problema ya no es un episodio parlamentario. Es una crisis de representación.
