En la Argentina hay preguntas incómodas que casi nadie quiere hacerse. Una de ellas es cómo Cristian Ritondo logró acumular más de 70 propiedades habiendo pasado prácticamente toda su vida en la función pública. No es un empresario exitoso, no heredó una fortuna conocida, no protagonizó ninguna revolución productiva. Su trayectoria, en términos formales, es la de un dirigente político tradicional. Sin embargo, su patrimonio parece contar otra historia.
El contraste se vuelve todavía más evidente cuando se lo compara con casos que sí avanzan con rapidez en la Justicia. La discusión en torno a Manuel Adorni, por ejemplo, se instaló con una velocidad inusual. En pocos días, su nombre quedó bajo la lupa por la adquisición de un departamento que remite inevitablemente al esquema utilizado en su momento por María Eugenia Vidal. Operaciones inmobiliarias que, como mínimo, despiertan sospechas sobre los mecanismos de acceso a la vivienda de ciertos funcionarios.
Pero mientras algunos expedientes avanzan a ritmo vertiginoso, otros parecen dormir el sueño eterno. Ritondo no solo enfrenta cuestionamientos por su patrimonio. También arrastra polémicas pesadas desde su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense, donde incluso se llegó a hablar —con escándalo incluido— de droga incautada que “se perdió” en circunstancias tan absurdas que la explicación oficial rozó lo inverosímil: ratas que se la habrían comido. Un episodio que, en cualquier país con instituciones robustas, habría significado consecuencias políticas y judiciales inmediatas. Aquí, en cambio, quedó diluido.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué la Justicia parece tener una velocidad distinta según el color político del acusado? Durante los últimos años, gran parte de las condenas y procesos judiciales de alto impacto recayeron sobre dirigentes vinculados al kirchnerismo. Mientras tanto, figuras cercanas a Mauricio Macri transitan sus controversias con una tranquilidad llamativa.
En ese esquema aparece un actor clave: Daniel Angelici. Históricamente señalado como un articulador de poder en los tribunales, su influencia es parte del murmullo permanente en Comodoro Py. No hace falta probar cada vínculo para entender que existe una lógica de funcionamiento donde algunos expedientes prosperan y otros se frenan.
Por eso, cuando se observa la celeridad con la que se activan causas contra figuras como Adorni, también cabe preguntarse si no hay algo más detrás. ¿Es simplemente el accionar independiente de la Justicia o hay señales políticas? ¿Puede interpretarse como un mensaje, incluso como una forma de presión de sectores vinculados al macrismo hacia el gobierno actual?
Esto no implica, bajo ningún punto de vista, defender a Adorni. Si hubo irregularidades, desprolijidades o hechos de corrupción, deben investigarse y sancionarse. El punto no es la inocencia o culpabilidad de uno, sino la desigualdad en el tratamiento. Porque mientras algunos son investigados hasta el último detalle, otros —con patrimonios difíciles de justificar y antecedentes polémicos— ni siquiera logran que sus casos avancen.
Ritondo, en ese sentido, parece tener más suerte. O mejores vínculos. O ambas cosas. Porque en la Argentina de hoy, la Justicia no solo debería determinar quién es culpable o inocente, sino también demostrar que no hay ciudadanos —ni políticos— por encima del escrutinio. Y en ese examen, por ahora, los resultados siguen siendo profundamente desiguales.
