El predicador mediático y libertario, Daniel Parisini, más conocido como el “gordo Dan”, siempre pontifica a quienes lo siguen que no se dejen de psicopatear por los “kukas”, pero no deja de ser una proyección de lo que siempre hacen discursivamente los libertarios hablando en nombre de los pobres. Ayer desde su red social X posteo literalmente: “Perdón por mi opinión de ultra extrema derecha pero no me parece bien que el carnicero del barrio le pague la carrera de LENGUAJE Y CULTURA ARTÍSTICA a un cheto de Palermo”.
Es curioso como caracteriza al carnicero como un hombre duro de trabajo que no piensa, solo vende carne y aporta, pero no tiene nivel cultural, no le interesa, ese sujeto aporta para que el cheto estudie artes o ciencias sociales. Obviamente también aporta para que cualquier joven estudie en la universidad pública que quiera, lo que guste, pero Dan, en su psicopateada usando al carnicero no lo dice.
Tampoco dice en sus críticas a las ciencias sociales, que su jefe y mentor, Santiago Caputo, es licenciado en Ciencias Políticas y que los consultores de su gobierno que experimentan manipulando a la población con lacayos como él, estudiaron esa misma carrera o sociología. Muchos lo hicieron en la universidad pública, quizás obvio la podrían haber pagado, en el fondo, ¿quieren que solo ellos puedan acceder a ese tipo de carreras?
Además el caradurismo de hablar de ciencias duras, cuando el gobierno desfinancia el Conicet, rehúye a la industria y aborrece que se utilicen recursos para ese tipo de cosas, todo en nombre de que lo aportan los pobres del Chaco o Jujuy.
El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que pueden juntarse “cien mil, un millón o cinco millones de personas” en referencia a la multitudinaria Marcha Universitaria y añadió “pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.
Hijo de Alejandro “El Gallego” Álvarez, fundador en los años 70 de la agrupación peronista de derecha Guardia de Hierro, el hoy funcionario está lejos de ser un advenedizo.
El hoy fanático libertario, casualmente es lo más casta que se pueda ser, con ningún trabajo conocido en el ámbito privado, Álvarez trajinó durante décadas los pasillos del Congreso, donde actualmente figura con licencia “por cargo de mayor jerarquía” y ostenta un contrato como agente de planta permanente, según la página web del Senado de la Nación. Su carrera transcurrió en roles poco visibles, como asesor en diversos ministerios y comisiones legislativas, como por ejemplo en la Bicameral de Inteligencia.
Pero el recorrido de Álvarez previo a recalar en las filas libertarias no se limitó a los despachos legislativos. Como funcionario público, también pasó por las carteras de Educación y Defensa durante los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Mauricio Macri, saltando de un puesto a otro sin interrupciones. Su rol siempre fue el de asesor, o como se denomina en la jerga ministerial, de “fiel servidor” de su jefe político de turno.
El presidente Javier Milei que al parecer tiene un odio profundo por las universidades públicas que dice que son centros de adoctrinamiento marxista, aunque la mitad de sus ministros sean graduados de la misma, quizás tenga resentimiento porque quizás no le dio el intelecto para ir a la misma y de ahí quizás ese rechazo.
En los últimos años volvió a instalarse una discusión que parece nueva, pero que en realidad es muy vieja: si la universidad pública debe seguir siendo gratuita o si, como sostienen algunos sectores liberales, “los pobres terminan financiando con sus impuestos a los ricos que van a la universidad”. La frase suena provocadora y hasta puede parecer lógica en una mirada superficial. Pero cuando se analiza seriamente, queda claro que es una falacia construida para debilitar una de las herramientas de movilidad social más importantes que tuvo la Argentina.
Desde una visión peronista clásica, la universidad pública no es un gasto inútil ni un privilegio de minorías. Es una inversión estratégica de la comunidad organizada para garantizar igualdad de oportunidades reales. Porque una sociedad no se ordena solamente dejando que el mercado decida quién puede progresar y quién no. Una Nación se construye cuando el hijo del obrero, del comerciante, del empleado o del pequeño productor tiene la posibilidad concreta de llegar tan lejos como su esfuerzo y capacidad le permitan.
Eso entendió Juan Domingo Perón cuando eliminó el arancel universitario en 1949. Hasta ese momento, la universidad argentina seguía siendo en gran medida un espacio reservado para sectores acomodados. Perón comprendió que no podía existir justicia social verdadera si el acceso al conocimiento seguía condicionado por la billetera familiar. La gratuidad universitaria fue una decisión profundamente política: democratizar el ascenso social y formar profesionales para el desarrollo nacional.
La idea de que “los pobres financian a los ricos” parte además de una mirada individualista que desconoce cómo funciona una comunidad. Bajo esa lógica, también podría decirse que alguien sin hijos financia escuelas públicas o que una persona sana financia hospitales que quizá nunca use. El problema de ese razonamiento es que destruye el concepto mismo de solidaridad social sobre el que se construye cualquier nación moderna.
La universidad pública no beneficia solamente al estudiante que recibe el título. Beneficia a toda la sociedad. Un médico formado en una universidad estatal atiende después en hospitales públicos y privados. Un ingeniero desarrolla infraestructura y tecnología. Un abogado, un docente o un científico aportan conocimiento al conjunto de la comunidad. El país entero se fortalece cuando tiene profesionales capacitados surgidos de todos los sectores sociales y no únicamente de las élites económicas.
Además, quienes repiten ese argumento suelen omitir algo central: los sectores de mayores ingresos son también los que más impuestos pagan en términos absolutos. Pero incluso dejando eso de lado, la discusión de fondo debería ser otra. El verdadero problema argentino no es que existan demasiados hijos de trabajadores llegando a la universidad. El problema sería exactamente el contrario: que solamente puedan estudiar los que nacieron ricos.
Porque cuando se arancela la educación superior, no se elimina el gasto. Se elimina la igualdad de oportunidades. Y ahí la sociedad empieza a dividirse entre una minoría con acceso al conocimiento y una mayoría condenada a quedarse afuera. Eso no genera mérito ni eficiencia: genera privilegios hereditarios.
El peronismo histórico entendió siempre que la movilidad social ascendente era el principal ordenador de la paz social. Un trabajador podía no haber nacido rico, pero tenía la esperanza concreta de que sus hijos vivieran mejor que él. La universidad pública era una de las herramientas fundamentales para lograrlo. Por eso durante décadas Argentina fue vista en América Latina como un ejemplo de integración social y formación profesional.
Quienes atacan hoy la universidad pública muchas veces lo hacen desde una lógica puramente contable, como si una Nación pudiera administrarse igual que una empresa. Pero un país no se mide solamente por el equilibrio fiscal. También se mide por la capacidad de integrar socialmente, generar oportunidades y construir ciudadanía.
La universidad pública iguala porque pone en la misma aula al hijo del empresario y al hijo del albañil. Les da la misma posibilidad de aprender, competir y progresar. Y esa mezcla social es justamente lo que fortalece a una comunidad organizada.
Por eso defender la universidad pública no es defender un privilegio corporativo ni una bandera partidaria. Es defender una idea de país donde el origen social no determine el destino de una persona. Una Argentina donde el talento y el esfuerzo valgan más que la cuenta bancaria con la que alguien nació.
