La cantidad de entidades habilitadas para otorgar créditos con descuento directo sobre los haberes previsionales habría caído de 432 a apenas 35. Desde el sector cuestionan los requisitos establecidos por el Gobierno y advierten que el nuevo esquema favorece la concentración en grandes mutuales.
En medio del creciente endeudamiento de los hogares, los préstamos destinados a jubilados volvieron a quedar bajo la lupa. Esta vez, la discusión no pasa solamente por el costo financiero de los créditos, sino por quiénes están habilitados para otorgarlos y cómo cambió el mercado desde que el Gobierno modificó el sistema de descuentos sobre los haberes previsionales.
Según información difundida por fuentes del sector, antes de la reforma existían alrededor de 432 entidades habilitadas para operar mediante códigos de descuento de ANSES. Actualmente, ese universo se habría reducido a 35 operadores: 23 mutuales y cooperativas, 10 entidades gremiales y dos centros de jubilados.
El cambio está vinculado con la Resolución 970/2024 de ANSES, que modificó el régimen de descuentos no obligatorios y estableció nuevas condiciones para las entidades que pretenden participar del sistema.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a las garantías exigidas para ingresar al sistema.
Según fuentes citadas por La Política Online, las entidades deben presentar pólizas de caución y responsabilidad civil equivalentes a 3.000 jubilaciones mínimas, un monto que actualmente supera los 1.000 millones de pesos.
El requisito puede representar una barrera considerable para las pequeñas mutuales y cooperativas, particularmente aquellas que funcionan en localidades del interior del país.
La discusión plantea así una cuestión que excede al mercado financiero: una regulación puede tener como objetivo establecer mayores controles y proteger a los beneficiarios, pero al mismo tiempo puede generar condiciones de ingreso que terminen reduciendo significativamente la cantidad de competidores.
A casi dos años de la entrada en vigencia de la resolución, fuentes del sector aseguran que no se incorporaron nuevos operadores al sistema.
Dentro del reducido grupo de entidades que actualmente participan del esquema, fuentes del sector señalan especialmente a Asociación Mutual 7 de Agosto (AMSDA), Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) y Mutual Urquiza.
Las tres son vinculadas por esas fuentes con Red Mutual, organización asociada al empresario santafesino Walter Grenón. La investigación de LPO señala que estas entidades habrían absorbido una parte significativa del mercado que quedó disponible luego de la salida de numerosos operadores.
Sin embargo, existe un dato que resulta fundamental para determinar con precisión el nivel de concentración: cuál es la participación efectiva de cada entidad en el total de préstamos otorgados.
La reducción del número de operadores constituye un dato relevante, pero por sí sola no permite afirmar técnicamente que exista un monopolio. Para determinar el grado de concentración sería necesario conocer el volumen de créditos de cada entidad, la cantidad de beneficiarios y la participación de las principales empresas en el mercado.
A las exigencias patrimoniales se suma otro elemento: el límite establecido para el costo de los créditos.
La normativa establece un tope para el Costo Financiero Total de las operaciones vinculándolo con la tasa de referencia de los préstamos previsionales del Banco Nación.
El mecanismo busca impedir que los jubilados queden expuestos a tasas excesivas. Pero las entidades pequeñas cuestionan que, al mismo tiempo, sus costos de financiamiento pueden ser superiores a los de organizaciones con mayor espalda financiera.
El resultado podría ser un mercado donde las entidades más grandes tienen mayores posibilidades de operar dentro del límite establecido, mientras que las pequeñas encuentran dificultades para hacerlo de manera rentable.
Los préstamos con código de descuento tienen una característica que los vuelve especialmente atractivos para las entidades: las cuotas son descontadas directamente de los haberes previsionales.
Ese mecanismo reduce el riesgo de incobrabilidad y permite que las entidades tengan una fuente de repago vinculada directamente con el ingreso mensual del jubilado.
Precisamente por eso, el acceso al sistema de códigos de descuento tiene un valor estratégico.
El debate abierto ahora es si las nuevas exigencias de ANSES están logrando un sistema más seguro y controlado para los jubilados o si, como denuncian sectores de la actividad, terminaron provocando una reducción de la competencia.
La discusión tiene dos caras.
Por un lado, establecer garantías, controles y límites al costo financiero puede proteger a jubilados y pensionados frente a prácticas abusivas.
Por otro, si esos requisitos dejan fuera del mercado a una cantidad significativa de mutuales y cooperativas mientras unas pocas entidades concentran la operatoria, aparece el riesgo de una mayor concentración.
De acuerdo con la información difundida por el sector, pasar de 432 entidades a 35 implica una reducción cercana al 92% del universo de operadores que existía bajo el esquema anterior.
Ese dato, por sí solo, no demuestra la existencia de un monopolio. Pero sí plantea una pregunta que deberá responder ANSES: quiénes quedaron efectivamente con el negocio de los préstamos a jubilados, cuánto concentran y qué efectos tiene el nuevo esquema sobre las condiciones de acceso al crédito.
En un contexto en el que cada vez más jubilados recurren al financiamiento para afrontar gastos cotidianos, medicamentos, servicios y deudas, la respuesta a esas preguntas adquiere una relevancia que excede a las propias entidades financieras.
