La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar en el centro de la polémica tras realizar una controvertida declaración durante una entrevista televisiva. La legisladora admitió haber intentado ofrecerle un contrato estatal a su abogado particular, Hernán Seivane, lo que generó una fuerte ola de críticas en redes sociales y sectores de la oposición.
“Le ofrecí un contrato ahora y no me lo quiere agarrar”, expresó Lemoine al referirse a su abogado, dejando entrever que buscó incorporarlo al Estado mediante una contratación financiada con fondos públicos.
La frase rápidamente despertó cuestionamientos debido a que el Gobierno nacional sostiene un discurso de fuerte ajuste fiscal y reducción del gasto público. Distintos usuarios y dirigentes opositores señalaron la contradicción entre promover recortes en áreas sensibles mientras, al mismo tiempo, se naturaliza el uso de contratos estatales para vínculos personales o profesionales cercanos.
La controversia se produce en un contexto especialmente delicado. En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei avanzó con recortes y restricciones en distintos programas vinculados a salud y asistencia social, incluyendo subsidios al transporte para personas con discapacidad y pacientes oncológicos. Estas medidas ya habían generado críticas por parte de organizaciones sociales, familiares y especialistas del sector sanitario.
En ese marco, las declaraciones de Lemoine fueron interpretadas por muchos como una muestra de doble vara dentro del oficialismo: mientras se exige un ajuste severo sobre amplios sectores de la sociedad, aparecen señales de utilización discrecional de recursos públicos en ámbitos políticos.
No es la primera vez que la diputada libertaria protagoniza episodios de alto impacto mediático. Desde el inicio de la gestión libertaria, Lemoine se convirtió en una de las voces más polémicas del espacio oficialista, con declaraciones que suelen generar fuertes repercusiones tanto dentro como fuera del Congreso.
La situación volvió a abrir el debate sobre los mecanismos de contratación en el Estado y la necesidad de transparentar el uso de fondos públicos, especialmente en un contexto económico donde el propio Gobierno argumenta que “no hay plata” para sostener políticas sociales y programas de asistencia.
