La versión empezó a circular con fuerza en los pasillos políticos y encontró eco en algunos despachos oficiales: el presidente Javier Milei estaría evaluando la posibilidad de anunciar el 24 de marzo un indulto a militares condenados por delitos de lesa humanidad. La fecha no es menor. Se trata del Día de la Memoria, cuando se conmemora el golpe de Estado de 1976 que dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
En el entorno presidencial circula la hipótesis de un gesto político fuerte que reabra el debate sobre los años setenta y la política de derechos humanos consolidada en las últimas décadas. No sería una decisión jurídica aislada: sería un mensaje.
La sola posibilidad desató una reacción inmediata en el arco opositor y, especialmente, en el kirchnerismo, que desde 2003 construyó buena parte de su identidad política sobre la bandera de los derechos humanos. Fue durante la presidencia de Néstor Kirchner cuando se impulsó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y bajo Cristina Fernández de Kirchner se consolidó un relato oficial donde el Estado asumía una posición activa en la revisión del pasado.
Sin embargo, también es cierto que el kirchnerismo no solo reivindicó esa agenda sino que, con el paso del tiempo, la absorbió políticamente. Los organismos de derechos humanos, históricamente autónomos, terminaron orbitando alrededor del poder estatal, recibiendo financiamiento, cargos y estructura. Para sus críticos, dejaron de ser un contrapoder moral para convertirse en una rama más del espacio oficialista. Esa identificación partidaria produjo un efecto paradójico: sectores amplios de la sociedad comenzaron a mirar con desconfianza —e incluso con rechazo— una causa que originalmente era transversal, simplemente por asociarla con el kirchnerismo.
En ese contexto, el eventual indulto sería leído por el Gobierno como una jugada cultural antes que judicial. Milei ya ha manifestado su intención de “dar la batalla cultural” también en el terreno de la memoria histórica. El Presidente pone el foco en los años setenta, cuestiona el relato unilateral y habla de “memoria completa”, incluyendo a las víctimas de las organizaciones armadas.
Pero aquí aparece un dato sociológico ineludible: para buena parte de la sociedad, el tema no está en el centro de sus preocupaciones. Una persona de 50 años apenas estaba naciendo cuando se produjo el golpe de 1976. La mayoría de los argentinos no vivió la dictadura en primera persona. Eso no implica desconocer la gravedad de lo ocurrido ni relativizar los crímenes cometidos, pero sí explica por qué, en medio de una crisis económica persistente, inflación, inseguridad y caída del poder adquisitivo, el debate sobre los setenta no moviliza masivamente.
Recordar y conocer la historia es indispensable. Negarla o minimizarla sería un error moral y político. Sin embargo, también es legítimo plantear si la dirigencia debe anclarse permanentemente en el pasado o priorizar la discusión sobre el presente y el futuro.
En ese punto, el kirchnerismo enfrenta otra contradicción. Mientras denuncia cualquier intento de revisión como “negacionismo”, sectores como La Cámpora reivindican abiertamente a la organización Montoneros y al expresidente Héctor José Cámpora, quien los amnistió y cobijó políticamente en 1973. Aquella experiencia terminó abruptamente cuando Juan Domingo Perón regresó al poder y desplazó a Cámpora, en un contexto de fuerte confrontación interna dentro del propio peronismo. Montoneros no solo enfrentó a la dictadura posterior, sino que también atentó contra el propio gobierno constitucional peronista.
El riesgo de una eventual decisión de indultar condenados por delitos de lesa humanidad es enorme. Argentina construyó, con dificultades y tensiones, un consenso democrático en torno a que esos crímenes son imprescriptibles y no amnistiables. Cualquier paso que altere ese principio generará una tormenta política, judicial y social.
La pregunta de fondo no es solo si Milei planea firmar un decreto el 24 de marzo. La pregunta es qué busca políticamente. ¿Reabrir una discusión histórica? ¿Provocar al kirchnerismo en su núcleo identitario? ¿Reordenar el debate cultural? ¿O desplazar la agenda de los problemas económicos hacia una disputa simbólica?
En un país donde la memoria fue convertida en bandera partidaria y donde el pasado sigue siendo campo de batalla, cada gesto tiene consecuencias. El 24 de marzo no es una fecha cualquiera. Si el Gobierno decide intervenir allí con una medida de alto impacto, no solo estará tomando una decisión jurídica: estará redefiniendo, una vez más, cómo la Argentina discute su historia y cómo la política utiliza esa historia para disputar el presente.
