Hay algo que empieza a resultar evidente en la política porteña: Jorge Macri tiene la responsabilidad de gobernar la Ciudad, pero Pilar Ramírez viene consiguiendo que buena parte de la discusión pública sobre qué hacer con Buenos Aires pase por las iniciativas que impulsa desde la Legislatura. La jefa del bloque de La Libertad Avanza se convirtió en una de las protagonistas de la agenda parlamentaria y, con una sucesión de proyectos, obliga al oficialismo a pronunciarse sobre reformas que hasta hace poco no parecían estar entre sus prioridades.
La reciente aprobación de la Ley de Libertad Comercial, impulsada por Ramírez y sancionada el 29 de octubre con 32 votos afirmativos, es una muestra concreta de esa dinámica. La norma apunta a simplificar las habilitaciones, reducir la burocracia y permitir que los comercios de bajo riesgo puedan comenzar a funcionar sin tener que esperar una inspección previa. Los controles no desaparecen: se trasladan a una instancia posterior, con mecanismos de fiscalización y responsabilidades para los titulares de los establecimientos.
Detrás de esa discusión hay una concepción política y económica: el Estado no debería convertirse en un obstáculo para quien quiere trabajar, invertir y generar empleo. Abrir un comercio no puede transformarse en una carrera de obstáculos administrativos, formularios, expedientes y meses de espera. La libertad comercial supone que la administración pública facilite la actividad privada y concentre sus controles en garantizar el cumplimiento de las reglas, sin asfixiar a quienes producen.
Pero la agenda de Ramírez no se agota en esa iniciativa. Su bloque también viene promoviendo cambios en la VTV, medidas contra los denominados trapitos, la eliminación de regulaciones obsoletas a través de la Ley Hojarasca y un paquete de propuestas para reducir la presión tributaria. Entre ellas aparecen modificaciones en Ingresos Brutos, el Impuesto a los Sellos y otros gravámenes que afectan a comerciantes, emprendedores y pequeños inversores.
En marzo, además, presentó una suerte de Ley Bases porteña, con una batería de reformas orientadas a reducir estructuras burocráticas y revisar el funcionamiento del Estado local. En febrero, la bancada había anunciado una agenda de 66 iniciativas para la Ciudad. No se trata solamente de acumular expedientes: el objetivo declarado es trasladar al ámbito porteño una discusión sobre el tamaño del Estado, la presión fiscal y las condiciones para desarrollar actividades económicas.
Allí aparece el contraste con Jorge Macri. El jefe de Gobierno tiene a su cargo la gestión cotidiana, el presupuesto, los servicios y la administración de la Ciudad. Sin embargo, la oposición libertaria viene instalando debates que lo obligan a responder, tomar posición e incluso acompañar algunas de las propuestas que llegan desde sus propias filas.
La propia Ramírez cuestionó públicamente que el PRO presente como propias algunas iniciativas que, según sostiene, fueron originalmente impulsadas por su espacio. En agosto llegó a reclamar, con ironía, que al Gobierno porteño le falta reconocerles el copyright. La discusión no es menor: detrás de la disputa por la autoría de los proyectos existe una competencia por definir quién representa realmente las ideas de la reforma y la desregulación.
El dato político es que el PRO gobierna, pero La Libertad Avanza busca ocupar el lugar de quien propone el próximo paso. Y esa diferencia importa. Una administración puede mostrar obras, servicios y resultados de gestión, pero también necesita una agenda de transformación que dialogue con los problemas concretos de sus habitantes.
Ramírez parece haber encontrado en la actividad parlamentaria una herramienta para disputar ese terreno. Su trabajo al frente de un bloque de catorce legisladores se traduce en proyectos, negociaciones, debates y una presencia sostenida en temas que afectan directamente a la vida cotidiana de los porteños. La aprobación de la Ley de Libertad Comercial, incluso con el acompañamiento de parte del oficialismo, demuestra que las iniciativas opositoras pueden convertirse en legislación cuando consiguen reunir consensos.
Por supuesto, presentar proyectos no es lo mismo que gobernar. La responsabilidad de implementarlos, fiscalizarlos y demostrar que producen resultados sigue estando en manos del Ejecutivo. Esa es justamente la diferencia institucional entre Ramírez y Macri, pero también el terreno donde se desarrolla la competencia política.
La pregunta que queda planteada es si Jorge Macri quiere conducir una Ciudad que se limite a administrar lo existente o si está dispuesto a encabezar un proceso de reformas más profundo. Mientras tanto, Ramírez viene marcando el ritmo de una parte importante de la discusión legislativa: menos trabas, menos burocracia, menor presión impositiva y más facilidades para quienes quieren producir.
En una Ciudad acostumbrada durante décadas a la alternancia de distintos sectores del mismo universo político, la aparición de una oposición que busca discutir el modelo de Estado porteño introduce una nueva dinámica. La disputa ya no pasa solamente por quién administra Buenos Aires, sino también por quién consigue definir las prioridades de su futuro.
