Hay declaraciones políticas que pueden discutirse.
Hay otras que directamente necesitan ser demostradas.
Y después están las que, por su magnitud, obligan a preguntar si detrás de una afirmación existe un dato verificable o simplemente una construcción discursiva.
La última declaración de Javier Milei sobre los supuestos 30.000 “terroristas” expulsados de la Argentina pertenece, al menos hasta ahora, a esta última categoría.
En una entrevista con Luis Majul en LN+, el Presidente afirmó:
“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000”.
Cuando le preguntaron quiénes eran esas personas, Milei respondió que se trataba de gente que “se infiltra de otros países” para intentar “dinamitar el modelo argentino”.
La afirmación es extraordinaria.
Y precisamente por eso necesita una explicación extraordinaria.
El primer problema aparece cuando se contrasta la declaración presidencial con la propia información difundida por el Gobierno.
El 18 de septiembre, el Ministerio de Seguridad Nacional informó oficialmente que desde febrero se habían producido más de 20.000 casos de extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos.
Las tres categorías no significan lo mismo.
Un expulsado es una persona que se encontraba en el territorio y sobre la cual se ejecuta una medida de expulsión.
Un rechazado puede ser alguien a quien directamente se le impide ingresar al país.
Un inadmitido tampoco equivale necesariamente a un delincuente y mucho menos a un terrorista.
Sin embargo, el Presidente presentó su cifra de 20.000 personas de 2026 bajo una categoría completamente diferente: “terroristas”.
Ahí aparece el primer interrogante.
¿Son 20.000 expulsiones?
¿Son 20.000 expulsiones, rechazos e inadmisiones?
¿Son 20.000 personas con antecedentes penales?
¿Son 20.000 personas vinculadas a organizaciones terroristas?
¿O son 20.000 personas que el Gobierno considera potencialmente vinculadas a actividades destinadas a “dinamitar el modelo argentino”?
Hasta ahora, el Presidente no presentó públicamente ese desglose.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, decidió no quedarse solamente con la discusión política y presentó un pedido de acceso a la información pública y otro pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones.
La pregunta de Ferraro es elemental: si fueron expulsadas 30.000 personas y todas fueron calificadas por el Presidente como terroristas, ¿dónde están los expedientes, las causas, los antecedentes y los criterios utilizados para semejante clasificación?
El legislador pidió conocer cuántas personas fueron efectivamente expulsadas durante 2025 y 2026 y cuántas de ellas fueron expulsadas por causales vinculadas específicamente con terrorismo contempladas por la Ley de Migraciones.
También reclamó que se informe cuántas tenían una imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET.
Y pidió algo todavía más básico: saber cuál fue el criterio utilizado para llamar “terrorista” a cada una de esas personas.
Es difícil encontrar algo polémico en el pedido.
Si el número existe, el Gobierno debería poder demostrarlo.
Acá está el núcleo de la cuestión.
“Terrorista” no es simplemente un sinónimo de extranjero, delincuente, irregular migratorio o persona expulsada.
La Argentina cuenta con un Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, el RePET, creado por el Decreto 489/2019.
El propio Estado explica que allí se registra información sobre personas, entidades y organizaciones vinculadas con actos de terrorismo o su financiamiento.
Durante 2026, además, el Gobierno incorporó formalmente al RePET a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y los Chone Killers, mediante resoluciones oficiales específicas.
Es decir: el Estado argentino tiene mecanismos concretos para identificar organizaciones y personas vinculadas al terrorismo.
Por eso, llamar “terroristas” a 30.000 personas requiere algo más que decir que fueron expulsadas del país.
Requiere demostrar la conexión.
Y esa demostración, hasta el momento, no aparece en los datos públicos que acompañaron la declaración presidencial.
El contraste con las estadísticas históricas vuelve todavía más llamativa la afirmación.
Un relevamiento de datos oficiales realizado por Chequeado mostró que durante 2024 se registraron 620 expulsiones de extranjeros por delitos contemplados en el Código Penal, mientras que en 2025 fueron 662.
Es decir, cientos de casos por año.
En cambio, los rechazos migratorios —que son una categoría diferente y ocurren generalmente antes de que la persona ingrese al territorio— alcanzaron 15.800 casos en 2024 y 16.684 en 2025.
La diferencia entre una expulsión por delito y un rechazo migratorio es fundamental.
No tener la documentación necesaria para ingresar a la Argentina no convierte a una persona en delincuente.
Mucho menos en terrorista.
Por eso resulta indispensable saber qué universo está utilizando Milei para construir sus 30.000.
Por supuesto.
Y sería absurdo negar que un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras, impedir el ingreso de personas con antecedentes relevantes y expulsar a extranjeros cuando existe una causal legal.
De hecho, el propio Gobierno difundió casos concretos de extranjeros expulsados después de ser detenidos y vinculados con delitos graves.
En noviembre de 2025, por ejemplo, Migraciones y fuerzas federales expulsaron a dos ciudadanos chilenos que tenían antecedentes y pedidos de captura vinculados con delitos cometidos en distintos países.
Eso es perfectamente comprensible dentro de una política de seguridad.
El problema aparece cuando una política migratoria legítima se transforma discursivamente en otra cosa.
Porque expulsar a un delincuente no es lo mismo que expulsar a un terrorista.
Y rechazar a alguien en una frontera tampoco significa haber desarticulado una célula terrorista.
La utilización de la palabra “terrorismo” tiene, además, una carga política que no puede ignorarse.
Durante los últimos años, el Gobierno de Milei fue ampliando el uso del concepto para referirse a amenazas externas, organizaciones criminales transnacionales y distintos actores considerados potencialmente peligrosos para el Estado.
Eso puede formar parte de una política de seguridad.
Pero cuanto más se amplía la categoría, más importante resulta establecer límites y evidencia.
Porque si “terrorista” termina significando simplemente extranjero peligroso, extranjero irregular, delincuente extranjero o incluso extranjero considerado políticamente hostil, entonces la palabra deja de tener la precisión que debería tener en materia de seguridad.
La respuesta depende de una distinción fundamental.
Que el Gobierno haya realizado decenas de miles de procedimientos migratorios no es necesariamente delirante.
De hecho, el propio Ministerio de Seguridad informó de más de 20.000 extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos desde febrero.
Lo que resulta extraordinario —y hasta ahora carece de respaldo público suficiente— es transformar ese universo en 20.000 “terroristas” en 2026 y agregar otros 10.000 supuestos terroristas expulsados en 2025.
No es lo mismo.
Y la diferencia no es semántica.
Es estadística, jurídica y política.
Si existen 30.000 personas vinculadas al terrorismo que fueron expulsadas de la Argentina en apenas dos años, estaríamos frente a un fenómeno de una magnitud extraordinaria.
Por eso la carga de la prueba corresponde a quien hace la afirmación.
El pedido de Ferraro puede resumirse en una pregunta que debería ser sencilla de contestar:
¿Quiénes son?
Nombres.
Nacionalidades.
Fecha de expulsión.
Causa.
Resolución administrativa.
Antecedentes.
Imputación o condena.
Vínculo con una organización terrorista.
Y, cuando corresponda, inscripción en el RePET.
Si el Gobierno tiene esos datos, debería publicarlos.
Si no los tiene, entonces habrá que preguntarse de dónde salió la categoría utilizada por el Presidente.
Porque una cosa es defender una política migratoria más estricta.
Otra es presentar una política de control migratorio como si la Argentina hubiera descubierto y expulsado, en silencio, a 30.000 terroristas infiltrados que estaban intentando destruir el modelo económico.
Hasta que aparezcan los datos que permitan comprobarlo, la afirmación de Milei queda atrapada entre una cifra que puede confundirse con estadísticas migratorias reales y una caracterización —“terroristas”— que no está respaldada públicamente por esos mismos datos.
Y cuando un Presidente habla de 30.000 terroristas, la pregunta no debería ser si la oposición le cree.
La pregunta debería ser bastante más sencilla:
¿Dónde están los 30.000?
