El Gobierno de Javier Milei comenzó a ensayar una nueva manera de presentar algunas de sus políticas económicas. Sin abandonar los principios centrales del programa libertario, en las últimas semanas aparecieron en el discurso oficial palabras que hasta hace poco parecían vedadas: “empatía”, “justicia social” y “alivio” empiezan a formar parte del vocabulario de algunos funcionarios.
La clave está en la interpretación que la Casa Rosada hace de esos conceptos.
Milei no quiere que la utilización de estas expresiones sea entendida como un regreso a las políticas asistencialistas o redistributivas que históricamente cuestionó. Por el contrario, busca que cualquier medida destinada a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, el crédito o el salario sea presentada como una consecuencia del funcionamiento de una economía ordenada y no como una transferencia de recursos financiada por el Estado.
La discusión quedó expuesta durante una reciente reunión de Gabinete, cuando el Presidente marcó diferencias con la utilización política del concepto de “empatía”. Según fuentes que participaron del encuentro, Milei cuestionó la idea de utilizar esa palabra para justificar políticas paternalistas mediante las cuales el Estado termina resolviendo los problemas de los ciudadanos con recursos de los contribuyentes.
Para el Presidente, la verdadera “empatía” debería consistir en generar las condiciones para que las personas puedan resolver sus propios problemas a partir de su trabajo y de una economía que funcione.
En ese contexto, una definición de Luis Caputo generó sorpresa dentro y fuera del Gobierno.
Al anunciar el impulso de nuevos créditos hipotecarios, el ministro de Economía sostuvo que el acceso a la vivienda constituye una cuestión de “justicia social”.
La frase llamó particularmente la atención porque Milei ha sido históricamente uno de los principales críticos de ese concepto, al asociarlo con la redistribución compulsiva y con una concepción del Estado que el libertarismo rechaza de plano.
Sin embargo, en el entorno presidencial buscaron relativizar la aparente contradicción.
La explicación que circula puertas adentro es que Caputo no utilizó “justicia social” en el sentido tradicional asociado al peronismo, sino para definir como justo que una persona que trabaja pueda acceder a una vivienda con sus propios ingresos.
De hecho, el ministro completó su argumento señalando que no resulta razonable que un trabajador deba esperar décadas para poder comprar una casa.
La diferencia no es menor: el Gobierno pretende apropiarse de determinados conceptos sociales sin aceptar la definición ideológica que históricamente tuvieron.
Uno de los ejemplos más concretos de esta estrategia aparece en el mercado hipotecario.
El Gobierno analiza utilizar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para impulsar nuevos créditos destinados a la compra de viviendas. La iniciativa contempla inicialmente alrededor de 20.000 préstamos.
La apuesta oficial es que el crédito pueda convertirse en una herramienta de movilidad social sin que eso implique subsidios directos ni una expansión significativa del gasto público.
Es decir, el objetivo es que el Estado genere las condiciones y que sean los propios ciudadanos quienes, mediante su trabajo y capacidad de pago, puedan acceder a determinados bienes.
La Casa Rosada pretende así construir una especie de “justicia social libertaria”: no basada en la redistribución de ingresos, sino en el acceso a oportunidades.
La discusión también alcanzó al mercado laboral.
En las últimas horas trascendió que la Secretaría de Trabajo analiza conversaciones en torno a convenios colectivos que podrían establecer un salario mínimo garantizado de alrededor de $1.070.000 para agosto, equivalente a unos $860.000 de bolsillo.
Sin embargo, fuentes vinculadas a esas negociaciones relativizaron que exista una decisión oficial de imponer ese piso salarial.
La postura que se transmite desde el Gobierno es que los salarios deben surgir de la negociación entre empresarios y trabajadores y que el Estado debe limitarse a homologar los acuerdos alcanzados.
La discusión se produce además en un contexto particularmente sensible: el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó 0,9% en junio, después de haber retrocedido 2,9% en mayo, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo.
Ese deterioro coloca al Gobierno frente a uno de sus principales desafíos políticos: sostener el programa de estabilización económica sin quedar asociado exclusivamente al ajuste del bolsillo de los trabajadores.
Más que un cambio de modelo, lo que comienza a observarse es un cambio en la manera de comunicar el modelo.
Milei mantiene su rechazo a la redistribución compulsiva, a los subsidios generalizados y a las políticas que considera propias del populismo. Pero al mismo tiempo el Gobierno parece haber comprendido que una administración no puede hablar exclusivamente de déficit, emisión, equilibrio fiscal y variables macroeconómicas.
Hay una dimensión cotidiana de la economía que empieza a reclamar espacio en la agenda oficial.
La vivienda, el crédito, el salario y el consumo son problemas concretos que afectan directamente a sectores que durante los primeros años del Gobierno fueron parte importante de su base electoral.
Por eso, las nuevas iniciativas pueden ser leídas como un intento de construir un puente entre la ortodoxia económica y las demandas sociales.
El desafío para la Casa Rosada será evitar que ese giro discursivo sea interpretado como una contradicción con el ideario libertario, pero también impedir que la defensa de ese ideario termine dejando al Gobierno sin respuestas frente a problemas concretos.
La ecuación que busca Milei parece ser sencilla en su formulación, aunque compleja en su aplicación: no abandonar el ajuste ni la disciplina fiscal, pero empezar a mostrar resultados que puedan ser percibidos en la vida cotidiana.
La pregunta política que queda abierta es si esas medidas alcanzarán para transformar una mejora macroeconómica en una sensación concreta de bienestar.
Porque para el Gobierno, la nueva “justicia social” ya no debería consistir en que el Estado reparta lo que tiene. Debería consistir, según esta nueva interpretación, en que una persona que trabaja pueda finalmente acceder a aquello que hoy todavía le resulta inalcanzable.
