Los posteos de Mayra Arena en X sobre la vida en las villas, las dificultades para salir de ellas y el orgullo villero abren una discusión que excede las redes sociales. La pregunta de fondo es qué significa defender a los sectores populares: reconocer su identidad, sus vínculos y su cultura, o también garantizarles las condiciones materiales para que puedan vivir en otro lugar si así lo desean.
Arena habla desde una experiencia de vida atravesada por la pobreza. Su trayectoria pública está vinculada precisamente con esa capacidad de contar una realidad que muchas veces se observa desde afuera, con prejuicios, paternalismo o desconocimiento. Su voz incomoda porque obliga a discutir la pobreza sin convertir a quienes la padecen en objetos de estudio ni en simples destinatarios de discursos políticos.
Pero también hay una distinción que merece hacerse: defender a los habitantes de una villa no obliga a defender las condiciones de vida de una villa. Una cosa es reivindicar la dignidad de quienes construyeron allí sus hogares y otra, muy distinta, es naturalizar la falta de infraestructura, el hacinamiento, las dificultades de acceso a los servicios y las desigualdades que condicionan las oportunidades de sus habitantes.
Querer salir de la pobreza no significa renegar del lugar de origen. Desear una casa con agua corriente, cloacas, calles transitables, seguridad jurídica y espacio suficiente para una familia tampoco implica despreciar a los vecinos ni desconocer la propia historia. El orgullo por una identidad puede convivir perfectamente con la aspiración de una vida mejor.
Las reacciones que estos debates provocan en sectores kirchneristas y militantes del campo popular permiten plantear una pregunta incómoda: ¿existe, en determinados discursos, una dificultad para aceptar que una persona quiera abandonar las condiciones materiales en las que nació?
La expresión «culpa de clase» puede ayudar a describir una de las tensiones presentes en esta discusión. No necesariamente explica todas las críticas a Arena, ni corresponde atribuir esa actitud a todo el kirchnerismo. Pero sí señala un problema político posible: cuando la reivindicación de la identidad popular se convierte en una sospecha frente al deseo de progresar, la defensa de los pobres corre el riesgo de transformarse en una mirada paternalista.
El problema aparece cuando el dirigente, el intelectual o el militante celebra la cultura villera, pero mira con desconfianza a quien quiere dejar atrás la precariedad; cuando se reivindica la pertenencia al barrio, pero se interpreta el deseo de mudarse como una forma de desclasamiento o de vergüenza por los propios orígenes.
La contradicción es evidente. Durante décadas, el peronismo prometió que los hijos de los trabajadores podrían vivir mejor que sus padres. La educación, el empleo formal, las vacaciones, el acceso al consumo y la vivienda propia formaban parte de una idea de justicia social que no se agotaba en reconocer las costumbres de los sectores populares: aspiraba a ampliar sus posibilidades.
El ascenso social no era una traición al pueblo. Era, precisamente, una de las promesas centrales de la política popular.
En este punto, la discusión adquiere una dimensión histórica que no debería quedar fuera del debate contemporáneo.
El primer peronismo convirtió la vivienda en una cuestión central de la política social. Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, el Estado impulsó distintos modelos de vivienda obrera y barrios populares, mientras la Fundación Eva Perón desarrolló una extensa obra asistencial y habitacional.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es Ciudad Evita, en el partido de La Matanza. Construida entre 1948 y 1953, llegó a contar con más de 5.000 viviendas, espacios verdes y equipamiento urbano. No se trataba únicamente de levantar techos: el proyecto articulaba vivienda, infraestructura, recreación y una concepción integral del hábitat. La intervención del Ministerio de Obras Públicas, el Banco Hipotecario Nacional y la Fundación Eva Perón fue parte de esa experiencia.
Los Perales, Ciudad Evita y otros barrios construidos durante aquellos años expresaron distintas concepciones urbanísticas, pero compartieron una aspiración fundamental: ampliar el acceso de los trabajadores a condiciones habitacionales dignas. La historiografía registra, además, una tensión dentro del propio peronismo entre la vivienda colectiva, el barrio obrero y el ideal de la casa individual con jardín, ligado al sueño de la propiedad familiar.
La Fundación Eva Perón también desplegó una obra de gran magnitud en materia de asistencia social, hospitales, escuelas, hogares y complejos turísticos. Su acción estuvo asociada a una idea de dignidad material que buscaba hacer llegar a los sectores más postergados bienes y servicios que antes les resultaban inaccesibles.
Evita no les decía a los humildes que debían aprender a conformarse con lo que tenían. La lógica de aquella política social era que el Estado debía intervenir para que pudieran acceder a aquello que les había sido negado.
Esa tradición no debe idealizarse ni presentarse como una historia sin contradicciones. Las políticas habitacionales del peronismo tuvieron límites, diferentes modelos de intervención y tensiones internas. Pero su legado permite recuperar una pregunta esencial: ¿por qué la discusión sobre la pobreza parece haberse desplazado tantas veces desde la transformación de las condiciones de vida hacia la reivindicación simbólica de la identidad?
La historia de la vivienda popular tampoco puede reducirse a una única figura o institución. La obra pública del peronismo articuló diferentes actores, organismos y proyectos. Entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas, la gobernación bonaerense de Domingo Mercante y el área de Obras Públicas vinculada a Juan Pistarini.
La urbanización, los barrios obreros, la infraestructura y la planificación territorial formaban parte de una concepción en la que el Estado debía modificar concretamente la vida cotidiana. La vivienda no era un elemento decorativo de la justicia social: era una de sus expresiones más visibles.
Esa tradición merece ser discutida hoy sin nostalgia automática y sin convertir la historia en propaganda. No todas las políticas fueron iguales ni todas las experiencias urbanísticas tuvieron el mismo resultado. Sin embargo, el contraste entre aquella aspiración de ampliar el acceso a la vivienda y la persistencia de hogares sin servicios básicos plantea una cuestión política de primer orden.
¿Qué pasó con la promesa de que cada trabajador pudiera acceder a una casa propia? ¿En qué momento el debate habitacional perdió centralidad frente a otras discusiones? ¿Por qué cuesta tanto construir un consenso amplio para que urbanizar un barrio signifique también garantizar transporte, escuelas, centros de salud, espacios públicos, seguridad jurídica y oportunidades de empleo?
No alcanza con levantar viviendas si después faltan los servicios que permiten habitarlas dignamente. Tampoco alcanza con instalar servicios si las familias continúan atrapadas en condiciones de hacinamiento o sin alternativas habitacionales.
Aquí aparece una distinción fundamental que el debate sobre Arena puede ayudar a recuperar: urbanizar no significa expulsar.
Durante décadas, las políticas hacia las villas oscilaron entre la erradicación, la relocalización, la radicación y la integración urbana. La historia argentina muestra que algunas políticas de erradicación, especialmente durante la última dictadura militar, recurrieron a desalojos violentos y desplazamientos de población. Esa experiencia impide confundir la integración urbana con la expulsión de los habitantes de sus barrios.
La alternativa no consiste en elegir entre aceptar la precariedad o echar a quienes viven en ella. Consiste en garantizar el derecho a la ciudad: servicios, infraestructura, conectividad, espacios públicos, vivienda segura y posibilidades reales de progreso.
La urbanización debe contemplar, además, la participación de los vecinos y sus organizaciones, el respeto por los vínculos comunitarios y soluciones habitacionales adecuadas a cada situación. Algunas familias querrán permanecer en el barrio con mejores condiciones; otras preferirán acceder a una vivienda en otro lugar. Una política pública seria debería ofrecer alternativas, no imponer una identidad ni un destino.
La discusión también requiere reconocer que no toda la historia del peronismo fue homogénea. Incluso durante el tercer gobierno de Perón hubo tensiones entre las propuestas de radicación defendidas por organizaciones villeras y los planes estatales de erradicación. La propia tradición peronista contiene, por lo tanto, debates sobre qué significa integrar a los sectores populares y cuál es el papel del Estado en esa tarea.
El problema no se resuelve con consignas. Se resuelve con planificación, recursos, continuidad y una política habitacional capaz de superar los tiempos electorales.
El orgullo villero puede expresar solidaridad, pertenencia, resistencia frente a la discriminación y valoración de una cultura popular. Nada de eso debe confundirse con una obligación de permanecer en las mismas condiciones materiales durante toda la vida.
La identidad no debería convertirse en una frontera. Un chico nacido en una villa tiene derecho a sentirse orgulloso de su familia, de su barrio y de su historia, pero también a imaginarse como médico, ingeniero, docente, comerciante o trabajador calificado, y a vivir donde pueda desarrollar ese proyecto.
Lo mismo vale para una mujer que quiere dejar atrás una vivienda precaria, una familia que aspira a comprar un terreno o un joven que busca mudarse para estudiar y trabajar. Ninguna de esas decisiones debería ser interpretada como una deslealtad hacia su comunidad.
El verdadero desafío consiste en evitar dos simplificaciones. La primera es la mirada estigmatizante que responsabiliza a los pobres por las condiciones en las que viven. La segunda es una idealización romántica que termina invisibilizando las privaciones concretas detrás de la vida cotidiana.
La pobreza no es una virtud ni un defecto moral. Es una realidad social que requiere políticas públicas. La cultura popular merece respeto, pero ese respeto no puede utilizarse para justificar la ausencia de agua potable, cloacas, vivienda adecuada o servicios esenciales.
La discusión abierta por Mayra Arena permite volver sobre una pregunta que atraviesa la historia del movimiento: ¿la justicia social consiste en reconocer a los sectores populares tal como son o también en transformar las condiciones que limitan sus posibilidades?
La respuesta no debería plantear una falsa oposición. Reconocer la identidad y la dignidad de las personas es compatible con trabajar para que tengan más oportunidades. Defender a quienes viven en una villa es compatible con promover políticas para que puedan acceder a una vivienda mejor, en el mismo barrio o en otro, según sus deseos y posibilidades.
Lo que sí merece discutirse es la tendencia a reemplazar las grandes promesas de transformación social por una política reducida a símbolos, discursos y reconocimiento identitario. Si el peronismo quiere recuperar una tradición de movilidad social, necesita volver a hablar de empleo, educación, infraestructura, crédito hipotecario, construcción de viviendas y planificación urbana.
Perón, Evita, Mercante y Pistarini pertenecen a una historia que admite matices y controversias. Pero su legado en materia de obra pública y vivienda permite recordar que la justicia social también se construye con ladrillos, redes de agua, cloacas, escuelas, hospitales y barrios donde las familias puedan vivir mejor.
El debate sobre el orgullo villero no debería terminar en una pelea entre quienes reivindican la villa y quienes quieren salir de ella. La pregunta más importante es otra: ¿qué política pública hace falta para que nadie tenga que elegir entre conservar su identidad y acceder a una vida digna?
Ese es el debate que el peronismo necesita recuperar: no cómo enseñarles a los pobres a conformarse con su realidad, sino cómo garantizarles la posibilidad de transformarla.
