Hay fechas y causas que trascienden a los gobiernos porque forman parte de la identidad nacional. La cuestión Malvinas es una de ellas. Sin embargo, en los últimos años el debate dejó de girar únicamente alrededor del reclamo diplomático para incorporar otro interrogante: ¿qué lugar ocupa hoy la defensa de la soberanía en la política exterior argentina?
La respuesta obliga a mirar hacia atrás. Mucho antes de la guerra de 1982, el peronismo había convertido la recuperación pacífica de las Islas Malvinas en una política de Estado, vinculándola con una visión del mundo basada en la independencia nacional, la integración latinoamericana y la autonomía frente a las grandes potencias.
En 1948, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la Argentina profundizó la defensa internacional de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. La Cancillería abandonó cualquier actitud pasiva y comenzó a sostener de manera sistemática el reclamo argentino en todos los ámbitos diplomáticos disponibles.
Ese posicionamiento no era un hecho aislado. Formaba parte de una doctrina mucho más amplia: la Tercera Posición. En un mundo dividido entre Washington y Moscú, Perón rechazó tanto la subordinación al capitalismo norteamericano como el alineamiento con el bloque soviético.
La Argentina buscaba construir un camino propio, apoyándose en la industrialización, el desarrollo científico, las Fuerzas Armadas como instrumento de defensa nacional y una política exterior soberana.
Décadas antes de que surgiera formalmente el Movimiento de Países No Alineados, el peronismo ya impulsaba una diplomacia de autonomía que luego encontraría puntos de contacto con muchos de esos países que se negaban a ser satélites de cualquiera de las dos superpotencias.
No era neutralidad. Era soberanía.
Cuando Perón regresó al poder en 1973, el reclamo por Malvinas volvió a ocupar un lugar prioritario.
En 1974, durante su tercer mandato, la Argentina profundizó las negociaciones diplomáticas con el Reino Unido y reforzó el principio de que la descolonización debía alcanzar también al Atlántico Sur.
Mientras gran parte del Tercer Mundo cuestionaba los últimos enclaves coloniales europeos, Buenos Aires sostenía que Malvinas era precisamente eso: una colonia anacrónica sostenida por una potencia extracontinental.
La muerte de Perón interrumpió esa estrategia. Poco tiempo después el país ingresaría en una etapa de violencia política, dictadura militar y, finalmente, una guerra conducida por un régimen ilegítimo que terminó fortaleciendo militarmente la posición británica, aunque nunca modificó el derecho argentino sobre las islas.
La derrota militar no anuló el reclamo jurídico.
El peronismo histórico jamás planteó la cuestión Malvinas desde una lógica partidaria.
La entendía como una política nacional.
Por eso el reclamo fue acompañado por gobiernos de distinto signo político y obtuvo sucesivos respaldos de Naciones Unidas, especialmente desde la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar.
La fortaleza argentina siempre residió en el derecho internacional, la diplomacia y el consenso regional.
Hablar de Malvinas también obliga a hablar de Margaret Thatcher.
La primera ministra británica condujo la respuesta militar durante la guerra de 1982 y tomó decisiones que aún hoy generan un profundo debate histórico y jurídico.
Entre ellas se encuentra el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, ocurrido fuera de la zona de exclusión establecida por el propio Reino Unido, una decisión que provocó la muerte de 323 argentinos y que diversos analistas, juristas y protagonistas del conflicto han considerado un acto desproporcionado y contrario al espíritu de las negociaciones que todavía se desarrollaban.
Para buena parte del nacionalismo argentino, Thatcher representa la expresión política de un colonialismo que utilizó la guerra para consolidar su liderazgo interno y preservar los intereses estratégicos británicos en el Atlántico Sur.
Esa mirada explica por qué muchos argentinos la consideran una figura responsable de graves decisiones durante el conflicto. Al mismo tiempo, corresponde señalar que su caracterización como "criminal de guerra" constituye una valoración política y moral sostenida por distintos sectores, pero no una calificación establecida por un tribunal internacional.
Resulta imposible no advertir el contraste que genera la admiración pública expresada en distintas oportunidades por Javier Milei hacia Margaret Thatcher.
El Presidente ha destacado reiteradamente aspectos de su liderazgo económico y político, procurando separar esa valoración de la disputa por Malvinas.
Sin embargo, para una parte importante del pensamiento nacional esa distinción resulta difícil de aceptar.
Porque Malvinas no constituye un asunto exclusivamente diplomático.
Es una causa ligada a la memoria de quienes combatieron, a los caídos, al derecho internacional y a la defensa permanente de la integridad territorial argentina.
Desde esa perspectiva, reivindicar a la dirigente que condujo la ofensiva militar británica implica un gesto que muchos consideran incompatible con la tradición histórica del reclamo argentino.
El viejo peronismo sostenía que la independencia económica, la justicia social y la soberanía política eran tres pilares inseparables.
La política exterior respondía a esa misma lógica: relacionarse con todos, subordinarse a nadie.
Esa doctrina permitía dialogar con Oriente y Occidente sin convertirse en instrumento de ninguno de ellos.
Hoy, cuando el escenario internacional vuelve a fragmentarse entre grandes bloques de poder, aquella idea recupera actualidad.
Porque la defensa de Malvinas no depende únicamente de discursos patrióticos pronunciados cada 2 de abril.
Depende de construir una política exterior coherente, capaz de sostener con firmeza los intereses nacionales sin renunciar a la autonomía estratégica.
La causa Malvinas nunca fue únicamente una discusión sobre un archipiélago.
Es, en definitiva, una discusión sobre qué país quiere ser la Argentina: uno que define su destino desde Buenos Aires o uno que acomoda sus principios según las simpatías ideológicas del gobierno de turno.
El peronismo histórico eligió la primera opción. Esa sigue siendo, para quienes sostienen una mirada nacional y soberanista, la única forma de honrar una causa que pertenece a toda la Nación.
