
Cada 2 de abril, en la memoria colectiva de los argentinos, se abre una herida que nunca termina de cerrar. La Guerra de las Malvinas no fue una guerra más: fue la consecuencia de una dictadura desesperada, pero también el escenario donde miles de argentinos dejaron todo por la patria.
Es imposible analizar esa fecha sin separar dos planos. Por un lado, la locura de la dictadura militar argentina, que decidió embarcar al país en una guerra desigual. Por otro, el valor de quienes estuvieron en las islas. Porque mientras los responsables políticos y militares tomaban decisiones desde escritorios lejanos, en el terreno había soldados —y también muchos cuadros militares— que pelearon con honor en condiciones extremas.
El frío, el hambre, la soledad y el miedo no fueron obstáculos suficientes para quebrar a esos jóvenes. En muchos casos, chicos que apenas superaban los 18 años llegaron a las islas siendo adolescentes y volvieron convertidos en hombres. No por elección, sino por obligación. No por épica, sino por supervivencia. Defendieron la soberanía argentina en uno de los climas más hostiles del planeta, con recursos escasos y en una guerra que ya estaba perdida antes de empezar.
También hay una verdad incómoda: muchos de esos soldados no fueron elegidos al azar. En su mayoría provenían del interior profundo, del norte argentino, de familias humildes. No era casual. Se buscaba que el impacto social en los grandes centros urbanos, especialmente en Buenos Aires, fuera menor. Eran, para el poder de turno, más invisibles, más reemplazables.
Pero lo más grave vino después. Tras la rendición, esos hombres no fueron recibidos como héroes. Fueron escondidos. La misma dictadura que los envió al frente fue la primera en intentar borrar su existencia. Sin desfiles, sin homenajes, sin reconocimiento. Como si su sacrificio fuera una mancha que había que tapar.
Esa política de silencio no terminó con la vuelta de la democracia. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, si bien se avanzó en la reconstrucción institucional, el trato hacia los excombatientes estuvo lejos de ser el que merecían. Se los redujo muchas veces a la categoría de “pobres pibes”, negándoles el reconocimiento pleno como hombres que habían combatido por su país. Sin un apoyo económico digno, muchos tuvieron que salir a pelear otra batalla: la de la supervivencia, en medio de secuelas físicas y psicológicas profundas.
Los años 90 tampoco trajeron justicia. El olvido continuó, y los veteranos siguieron siendo invisibles para gran parte de la sociedad y la dirigencia. Recién décadas más tarde, durante la gestión de Sergio Massa al frente de la ANSES, se avanzó en un reconocimiento económico más concreto, otorgándoles una pensión equivalente a tres jubilaciones mínimas. Puede parecer insuficiente —y probablemente lo sea—, pero fue más de lo que el Estado les había dado en más de veinte años de abandono.
No todos los nombres que dejó Malvinas merecen el mismo lugar en la historia. Mientras miles combatieron con dignidad, otros quedaron marcados por la vergüenza. El caso de Alfredo Astiz es paradigmático: valiente para secuestrar monjas indefensas durante la dictadura, pero incapaz de sostener ese supuesto coraje en una guerra convencional.
Por eso, cada 2 de abril no es solo una fecha conmemorativa. Es un deber nacional. Recordar a quienes dejaron lo más sagrado que tiene una persona —su vida— por la patria. Reconocer que no fueron “pibes”, como durante años se intentó instalar, sino hombres en toda la dimensión de la palabra.
Y también es una interpelación al presente. Porque mientras ellos defendieron la soberanía con el cuerpo, la política muchas veces la dilapidó con decisiones mezquinas. La deuda con los héroes de Malvinas no es solo económica o simbólica: es moral.
Los quisieron esconder. No pudieron. Hoy, más que nunca, la memoria los trae de vuelta al lugar que siempre les correspondió.