En un país donde millones de jubilados cobran haberes que apenas alcanzan para sobrevivir, donde la discusión pública gira en torno a la licuación de ingresos y el ajuste permanente, aparece una historia que desafía cualquier lógica: dos jubiladas que no solo venden un departamento, sino que además financian casi la totalidad de la compra a uno de los funcionarios más importantes del gobierno.
El protagonista es Manuel Adorni. El dato no surge de rumores ni de operaciones políticas: está asentado en el Registro de la Propiedad Inmueble. El 18 de noviembre de 2025, el jefe de Gabinete compró un departamento en Caballito por USD 230.000. Hasta ahí, podría ser una operación inmobiliaria más. Pero no lo es.
Según la documentación oficial, dos jubiladas —Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo— no solo eran las dueñas del inmueble: también le prestaron a Adorni USD 200.000, es decir, entre el 87% y el 90% del valor total de la propiedad.
Sí, en la Argentina real, donde los jubilados cuentan monedas, hay jubiladas que prestan casi todo el dinero para que un funcionario compre un departamento de casi 200 metros cuadrados.
La estructura de la operación es, como mínimo, llamativa: las vendedoras pasan a ser acreedoras de un crédito hipotecario que financia la compra. No interviene ningún banco. No se conocen tasas, plazos ni condiciones del préstamo.
Pero hay más.
La causa judicial ya está en marcha. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba al juez Ariel Lijo en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es reconstruir el patrimonio de Adorni, sus movimientos financieros y detectar posibles activos no declarados.
La denuncia inicial, impulsada por la diputada Marcela Pagano, sostiene que el patrimonio del funcionario habría crecido un 500% en un solo período fiscal, con inconsistencias en sus declaraciones juradas, omisiones de activos y fondos cuya procedencia no está clara.
En paralelo, otros legisladores ampliaron la denuncia y pidieron investigar no solo esta operación sino también la compra de otra propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa.
El punto más inquietante, sin embargo, no es solo la ingeniería financiera. Es la contradicción. Porque según trascendió, las propias jubiladas que figuran como prestamistas llegaron a negar conocer al funcionario o haberle otorgado ese dinero, lo que agrega un nivel aún mayor de sospecha sobre toda la operación.
Entonces la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser política.
¿Cómo se explica que, en un contexto donde el gobierno insiste en dar lecciones de austeridad, sacrificio y orden fiscal, un funcionario clave acceda a este tipo de financiamiento? ¿Qué mensaje recibe la sociedad cuando quienes deben dar el ejemplo aparecen involucrados en operaciones que ni el mercado ni la lógica cotidiana pueden explicar?
Porque acá no se discute solo una escritura. Se discute el sentido común.
Mientras millones de jubilados eligen entre comprar medicamentos o comida, en la Argentina de Adorni hay jubiladas que otorgan créditos por USD 200.000. Mientras el discurso oficial apela a la moral del esfuerzo individual, los hechos muestran atajos difíciles de justificar.
A esta altura, las lecciones de moral ya no suenan a convicción: suenan a burla.
Burla al decoro público.
Burla a quienes confiaron en un cambio.
Burla incluso a quienes no lo votaron pero esperan, al menos, coherencia.
Porque si algo queda claro en esta historia es que no se trata solo de un departamento. Se trata de credibilidad. Y en política, cuando eso se pierde, no hay préstamo que lo financie.
