a causa Vialidad volvió a colocarse en el centro de la escena política y judicial luego de que la Justicia avanzara sobre el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner y de otros condenados en el expediente. La decisión habilita la ejecución, tasación y eventual remate de una importante cantidad de bienes vinculados a la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y también al empresario Lázaro Báez.
La medida busca recuperar una suma multimillonaria que la Justicia considera producto del perjuicio económico ocasionado al Estado a través de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz. El monto actualizado supera los 684 mil millones de pesos y representa uno de los decomisos patrimoniales más grandes de la historia judicial argentina.
Entre los bienes alcanzados aparecen hoteles, departamentos, propiedades en El Calafate, inmuebles en Río Gallegos, sociedades comerciales y distintos activos vinculados al patrimonio familiar de los Kirchner. También quedaron bajo la lupa propiedades que habían sido transferidas a sus hijos como adelanto de herencia años atrás.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el criterio de que los bienes considerados provenientes de maniobras ilícitas pueden ser decomisados incluso cuando hayan sido cedidos o heredados por terceros. De esta manera, la resolución judicial no solamente impacta sobre Cristina Kirchner, sino también sobre gran parte de la estructura patrimonial construida durante décadas.
Desde el entorno de la ex mandataria sostienen que se trata de una persecución política y judicial orientada a destruir económicamente al kirchnerismo y proscribir políticamente a su principal figura. Argumentan además que muchos de los bienes incluidos en la ejecución fueron adquiridos antes del período investigado o provienen de herencias familiares legítimas.
Del otro lado, sectores judiciales y políticos consideran que el avance sobre el patrimonio constituye una instancia lógica luego de una condena firme por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Para esos sectores, el decomiso no solo tiene un carácter penal, sino también reparador frente al daño económico atribuido a la maniobra investigada.
La decisión abre ahora una nueva etapa en la causa Vialidad: la de la administración y eventual liquidación de bienes. En los próximos meses podrían definirse remates, subastas y nuevas medidas sobre propiedades emblemáticas vinculadas al kirchnerismo, en un proceso que promete seguir generando fuerte impacto político y mediático en la Argentina.
