El gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su discurso alrededor de la idea del “déficit cero”, del orden fiscal y de la supuesta necesidad de terminar con los privilegios. Pero detrás de esa narrativa empieza a aparecer una pregunta incómoda: ¿quién paga realmente el ajuste y quiénes son los verdaderos beneficiarios de las decisiones del Estado?
Porque mientras se anuncia con orgullo el recorte de subsidios para las zonas frías —golpeando directamente a millones de familias que necesitan calefaccionarse durante el invierno— el mismo Estado le perdona deudas multimillonarias a empresas eléctricas. El contraste no podría ser más brutal: al ciudadano común se le exige sacrificio, pero a las grandes compañías se les ofrece comprensión, refinanciación y alivio financiero.
La discusión no es solamente económica. Es moral y política.
Cuando un jubilado tiene que elegir entre comprar remedios o comer, cuando un paciente deja de recibir una medicación oncológica o demora estudios esenciales porque el sistema colapsa, ya no estamos frente a una mera “racionalización del gasto”. Estamos frente a una forma de administración que naturaliza el sufrimiento social como herramienta de disciplina económica.
El caso del PAMI es quizás el ejemplo más doloroso. Durante meses se multiplicaron las denuncias por falta de atención, demoras en prestaciones y problemas graves con la entrega de medicamentos. Incluso comenzaron a conocerse casos de muertes vinculadas al abandono sanitario y a la interrupción de tratamientos. Sin embargo, desde el oficialismo la preocupación parece estar más puesta en construir relatos mediáticos contra otros sistemas de salud provinciales que en resolver el desastre propio.
En ese marco, resulta hasta paradójico escuchar las críticas permanentes contra IOMA. Nadie niega que IOMA tenga problemas estructurales y deficiencias históricas. Pero comparado con el deterioro acelerado que vive el PAMI, la obra social bonaerense aparece casi como un sistema de excelencia. La diferencia central es que mientras uno intenta sostener prestaciones en medio de dificultades financieras, el otro parece haber sido directamente abandonado por una lógica de ajuste permanente.
Y ahora, como reconocimiento implícito del colapso, el propio gobierno debe salir a inyectar 580 mil millones de pesos para sostener el funcionamiento del sistema. El financiamiento se realizará mediante la ampliación de emisión de LECAPS, es decir, más deuda y más compromisos financieros futuros. Entonces surge otra contradicción evidente: cuando se trata de jubilados, medicamentos o calefacción, el Estado “no tiene plata”; pero cuando el sistema está al borde del estallido o cuando se trata de asistir a sectores concentrados, los recursos aparecen.
El problema de fondo es ideológico. Este no es el viejo liberalismo argentino, aquel que incluso con diferencias entendía cierta noción de comunidad, movilidad social y construcción nacional. Lo que hoy gobierna se parece más a un modelo importado, foráneo, casi colonial en su concepción económica y cultural. Un esquema pensado desde planillas de Excel y laboratorios financieros, pero completamente desconectado de la realidad de la calle argentina.
Porque Argentina no es solamente una macroeconomía. Es también el jubilado que espera un remedio, la familia que prende menos la estufa para ahorrar, el trabajador que pierde cobertura médica, el comerciante que vende menos y el médico que ya no puede garantizar tratamientos.
La crueldad dejó de ser una consecuencia accidental del ajuste para convertirse en una política de Estado. Y cuando un gobierno comienza a medir su éxito únicamente por el equilibrio de las cuentas mientras la sociedad se deteriora, lo que entra en crisis no es solo la economía: es el sentido mismo de la democracia y del contrato social argentino.
