El expresidente Mauricio Macri salió este jueves al cruce de Martín Menem luego de que este asegurara que una eventual candidatura suya “le haría un favor al kirchnerismo”, y respondió con ironía durante un foro en la Universidad de San Andrés. “Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en los últimos años”, lanzó.
Lo que parece solamente una interna entre las fuerzas de la derecha, entre líneas se puede leer claramente la advertencia del “killer” a Menem, de quienes la metieron presa a la expresidenta, son ellos. Lo grave de esto, es que los guardianes de la república como se denominan los del PRO, coparon el poder judicial federal y lo utilizaron para hacer política y revanchismo, no para juzgar los crímenes de corrupción que cometió el kirchnerismo, que fueron muchos, pero un país serio, merece juicios serios.
Raro es que durante el mandato del PRO, donde hubo hechos de corrupción como los parques eólicos, donde se endeudó escandalosamente al país y no se sabe en que se gastó la plata, no investigaron la causa Correo y ni hablar los antecedentes de contrabando agravado que tenía Macri, condenado en todas las instancias y salvado por la corrupta y destituida Corte Suprema menemista, ahí no hay investigaciones que avancen, la doble vara que de republicana no tiene nada.
La declaración del portero de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que fue presionado por el fallecido juez Claudio Bonadio para mentir, vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para buena parte del sistema político, judicial y mediático argentino: ¿hasta qué punto las causas contra el kirchnerismo fueron procesos transparentes y hasta qué punto funcionaron como instrumentos de disciplinamiento político?
No se trata de convertir automáticamente a Cristina en inocente. Sería tan absurdo como afirmar que toda denuncia contra el kirchnerismo fue una operación. Hay hechos imposibles de explicar desde cualquier relato épico. El kirchnerismo nunca pudo responder de manera convincente cómo Daniel Muñoz, un secretario presidencial, terminó vinculado a una fortuna superior a los 70 millones de dólares. Tampoco pudo explicar por qué Lázaro Báez fundó su empresa Austral Construcciones un 25 de mayo de 2003, el mismo día en que asumía su amigo Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Pretender que todo eso fue casualidad es subestimar la inteligencia de la sociedad.
Pero aceptar esas inconsistencias no obliga a convalidar los enormes agujeros de las causas judiciales que buscaron condenar a Cristina.
La causa Vialidad estuvo atravesada desde el comienzo por una lógica política más que jurídica. No sólo por la fragilidad de muchas pruebas indirectas, sino porque el clima mediático anticipaba cada movimiento judicial con una precisión imposible de ignorar. Periodistas de los grandes medios sabían antes de publicarse el fallo que Cristina iba a ser condenada, conocían incluso la cantidad de años de prisión y hasta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Eso no parece el funcionamiento normal de una república seria: parece un sistema donde las sentencias circulan primero por redacciones amigas y después por tribunales.
La causa Cuadernos, por su parte, tuvo características todavía más extraordinarias. Un expediente basado en fotocopias sin los originales, con arrepentidos declarando bajo amenaza de prisión preventiva, y con empresarios que parecían entender rápidamente qué debían decir para recuperar la libertad. La propia confesión del portero sobre presiones para mentir encaja demasiado bien dentro de ese clima de época donde la justicia federal parecía funcionar más como un mecanismo de extorsión política que como un poder independiente.
Y allí aparece la gran contradicción del macrismo. Porque Mauricio Macri construyó buena parte de su identidad política alrededor del discurso republicano, la independencia judicial y la transparencia institucional. Sin embargo, las imágenes y revelaciones sobre jueces, fiscales y funcionarios judiciales compartiendo partidos de fútbol, encuentros sociales y vínculos personales con Macri destruyeron buena parte de ese relato. Una justicia que juega al fútbol con el expresidente al que beneficia pierde automáticamente autoridad moral ante millones de argentinos.
La famosa “república” terminaba pareciendo una mesa chica de poder donde empresarios, periodistas, jueces y dirigentes opositores compartían mucho más que coincidencias ideológicas. Compartían intereses, vínculos y objetivos políticos.
Y ahora el propio Macri amenaza públicamente al gobierno de Javier Milei, demostrando que detrás del discurso institucional siempre existió una lógica mucho más terrenal: la disputa de poder entre sectores de una misma élite política y económica.
Ese es quizás el problema más profundo de la Argentina contemporánea. El kirchnerismo nunca logró limpiar las sospechas de corrupción que lo rodearon. Pero quienes prometían una república ejemplar tampoco pudieron demostrar independencia, imparcialidad ni respeto genuino por las garantías judiciales.
La consecuencia es devastadora: una sociedad donde millones creen que los políticos roban y millones también creen que los jueces persiguen políticamente. Un país donde ya casi nadie confía ni en la política ni en la justicia.
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser Cristina, Macri o Milei. El problema pasa a ser la credibilidad misma del sistema democrático argentino.
