En la Argentina de hoy, donde millones de personas ven cada vez más lejos la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, hay una escena que se repite con obstinación: el Estado se achica para la mayoría, pero parece agrandarse para los que están cerca del poder.
En las últimas horas, quedó expuesto un dato incómodo para el relato oficial. Asesores cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo, accedieron a préstamos millonarios del Banco Nación. Los nombres no son un detalle menor: se trata de Felipe Núñez y Federico Furiase, dos economistas que forman parte del círculo técnico del ministro.
No hablamos de montos simbólicos. Entre ambos superan los 800 millones de pesos en créditos hipotecarios, en un contexto donde el crédito está prácticamente vedado para la mayoría de la sociedad.
Pero la lista no termina ahí. También aparecen otros nombres vinculados al oficialismo y al ecosistema libertario que accedieron a financiamiento del Banco Nación: Juan Pablo Carreira, Santiago Santurio e incluso el diputado Mariano Campero, todos con préstamos de cifras millonarias.
La pregunta es inevitable: ¿es esto lo que el gobierno llamó terminar con la “casta”?
Porque el problema no es que alguien saque un crédito. El problema es quién puede sacarlo y en qué condiciones. Mientras trabajadores formales, monotributistas o profesionales con ingresos estables no califican o directamente ni lo intentan porque las condiciones son imposibles, dentro del círculo del poder aparecen créditos millonarios aprobados con rapidez.
Más aún en un contexto donde el propio gobierno reconoce que el crédito está prácticamente paralizado para el resto de la economía. Es decir: para la mayoría no hay crédito; para algunos pocos, sí lo hay, y en cifras difíciles de imaginar.
Esto no solo plantea un problema ético. Plantea un problema político de fondo.
El discurso libertario construyó su identidad sobre la idea de que había una casta privilegiada que vivía del Estado mientras el resto hacía sacrificios. Ese mensaje caló hondo en sectores medios y bajos que sentían —con razón— que el sistema estaba diseñado para unos pocos.
Pero cuando los beneficiarios del sistema terminan siendo asesores del propio ministro —como Núñez y Furiase— o dirigentes cercanos al oficialismo, la narrativa se da vuelta.
Ya no se trata de denunciar privilegios: se trata de explicarlos.
Y ahí aparece la contradicción central. Porque si el Estado debe retirarse, si el mérito individual es la regla y si el mercado ordena todo, entonces ¿por qué el acceso al crédito estatal parece reservado para quienes orbitan alrededor del poder?
La política argentina tiene una larga historia de privilegios. No empezó ahora. Pero lo que vuelve este caso especialmente sensible es la promesa incumplida.
Se prometió terminar con la casta.
Y sin embargo, la casta no solo sigue ahí: tiene préstamos.
Y millonarios.
