Hay algo que cuesta muchísimo aceptar del desenlace de la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni: la explicación del pendrive. Según la versión presentada por su defensa, el exfuncionario habría invertido alrededor de 200.000 dólares en Bitcoin entre 2014 y 2018, habría obtenido casi 600.000 dólares al venderlos y conservado ese dinero durante años. Una fortuna que, según su relato, quedó fuera del circuito bancario y cuya historia terminó dependiendo de unas billeteras virtuales y de las claves que ahora se sometieron a peritaje.
Es difícil no preguntarse cómo alguien puede vivir durante años como un ratón, acumular semejante cantidad de dinero sin que aparezca en sus declaraciones patrimoniales y, de repente, cuando llega a la función pública, empezar a exhibir un nivel de gastos que no parece guardar relación con sus ingresos conocidos.
¿De verdad tenemos que creer semejante historia sin hacernos preguntas? ¿Puede una explicación tan extraordinaria convertirse en una respuesta suficiente para despejar las dudas de la sociedad?
La Fiscalía consideró que no había elementos suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante su paso por el Estado y pidió investigar posibles irregularidades tributarias. No hubo sobreseimiento ni cierre definitivo de la investigación. Pero el dictamen deja una sensación difícil de procesar para una sociedad que escucha todos los días hablar de austeridad, sacrificio y privilegios de la política.
La cuestión no es solamente jurídica. También es política y moral. Porque cuando quienes llegaron al poder prometiendo terminar con los privilegios terminan protagonizando episodios que requieren explicaciones patrimoniales de esta naturaleza, la distancia entre el discurso y la realidad se vuelve demasiado evidente.
Y hay algo más que conviene dejar en claro. Desde esta columna jamás se avaló la corrupción kirchnerista. Nunca se justificó el saqueo de los recursos públicos ni se defendió a los funcionarios que utilizaron el Estado para enriquecerse. Se cuestionó, incluso, que el fallo de Vialidad contra Cristina Kirchner no se ajustara a derecho, porque una condena judicial debe sostenerse en pruebas y procedimientos irreprochables, independientemente de quién sea el acusado.
Pero eso no significa desconocer la gravedad de las otras investigaciones que involucran a la expresidenta y a su entorno familiar. En Hotesur y Los Sauces, Cristina y su hijo Máximo enfrentan un juicio oral por presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas. Son acusaciones graves que deben ser juzgadas y, si se prueban las responsabilidades penales, corresponderán las condenas que establece la ley. Nadie puede reclamar impunidad para los Kirchner ni para ningún otro dirigente político.
El problema aparece cuando la Justicia deja de ser percibida como una institución independiente y comienza a funcionar, o parece funcionar, como una herramienta de persecución o protección según quién ocupe el poder. No puede haber dos varas. No puede haber una Justicia implacable para los adversarios y comprensiva con los propios. Tampoco puede haber una Justicia que se utilice para saldar disputas políticas.
Un país no se construye de esa manera. No existe la famosa seguridad jurídica si los ciudadanos, los empresarios y los inversores sienten que las reglas dependen de las conveniencias del gobierno de turno. No hay modelo económico que pueda sostenerse sin instituciones confiables, sin jueces independientes y sin garantías para todos.
La Argentina necesita terminar con la corrupción, pero también con la utilización política de la Justicia. Necesita que los funcionarios expliquen su patrimonio, que los fiscales investiguen sin presiones y que los jueces resuelvan sin mirar el color político de los acusados.
El problema de fondo es que la promesa de terminar con la casta no puede convertirse en una nueva franquicia de privilegios. Si quienes llegaron para combatirla terminan reclamando para sí mismos una indulgencia que antes cuestionaban, la decepción es inevitable.
La casta no es solamente un grupo de políticos que vive del Estado. También es una cultura de impunidad, de privilegios y de reglas distintas para los que tienen poder.
Y esa cultura no se termina cambiando los nombres de quienes gobiernan. Se termina construyendo una Justicia independiente, que no tenga dueños, ni amigos, ni enemigos.
