
La celebración multitudinaria de León XIV en Palermo terminó envuelta en una polémica inesperada. Mientras más de dos millones de personas esperaron durante horas bajo el sol para participar de la misa, funcionarios, empresarios y famosos disfrutaron de un espacio exclusivo, con catering, asientos reservados y acceso privilegiado. Una postal difícil de explicar para una dirigencia que hizo de la crítica a los privilegios una de sus principales banderas.
Lo que debía ser una jornada histórica para la Iglesia Católica y para la Argentina terminó dejando una imagen bastante menos espiritual: la de una carpa VIP montada en pleno Palermo para que políticos, empresarios y figuras del espectáculo pudieran disfrutar de la misa del papa León XIV con algunas comodidades adicionales.
La escena no tardó en generar indignación. Mientras miles de argentinos llegaron desde distintos puntos del país, muchos desde la madrugada, soportando largas esperas y el calor para poder ver al Pontífice, un grupo selecto tenía reservado un espacio con sillas, protección del sol y servicio de catering. La diferencia entre unos y otros quedó expuesta cuando comenzaron a circular fotografías de los invitados y de las instalaciones.
Entre los nombres que aparecieron estuvieron Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V, Marcela Tinayre, Claudia Villafañe y Nicolás Francella. También hubo empresarios, jueces y una nutrida representación política.
Por el lado institucional estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, su esposa Belén Ludueña, la vicejefa Clara Muzzio y distintos funcionarios. También fueron convocados dirigentes de diferentes espacios políticos, legisladores y representantes del mundo empresarial.
Una organización que necesita explicaciones
La controversia rápidamente se convirtió en un problema político. Según trascendió, las invitaciones a buena parte de las figuras del espectáculo fueron gestionadas desde el Gobierno de la Ciudad. Jorge Macri reconoció posteriormente que, revisando la organización, las medialunas y los budines del catering habían estado de más, aunque relativizó las críticas al sostener que no se trató de un lujo descomunal.
La explicación, sin embargo, no terminó de convencer. Desde el Gobierno porteño señalaron que habían recibido un cupo de 250 invitaciones y que la contratación de la carpa y el catering estaba contemplada en la organización nacional del evento. Desde Nación, en cambio, sostuvieron que su listado no incluía famosos y que las invitaciones de ese tipo habían sido responsabilidad de la Ciudad.
En el medio apareció DF Entertainment, la productora contratada por la Jefatura de Gabinete para la producción integral y coordinación de las actividades vinculadas con la visita papal. La empresa presentó una oferta de $8.690 millones, en un procedimiento de contratación directa. Ese monto corresponde a la producción general y no permite establecer cuánto costaron específicamente las carpas y el catering.
La polémica llegó también al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique quién confeccionó las listas, cuáles fueron los criterios para seleccionar a los invitados, quién autorizó los espacios exclusivos y cuánto dinero público se destinó a esos servicios.
A esto se sumó el malestar que trascendió desde sectores de la Iglesia. Una de las imágenes que más indignación provocó fue la de religiosos y voluntarios que debieron permanecer en condiciones mucho menos cómodas, mientras los invitados especiales disfrutaban de sus privilegios.
El problema no son los famosos, es la lógica del privilegio
Hay algo profundamente contradictorio en toda esta historia. Una misa multitudinaria, convocada alrededor de un mensaje religioso de humildad, fraternidad y cercanía con los más necesitados, terminó teniendo una organización que reprodujo exactamente aquello que buena parte de la sociedad cuestiona: la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.
Nadie discute que en un acontecimiento de semejante magnitud deban existir sectores reservados para autoridades, representantes diplomáticos, responsables de la organización y personas que cumplen funciones institucionales. El protocolo tiene una razón de ser. Pero una cosa es garantizar el funcionamiento de un evento y otra muy distinta es montar un espacio de privilegio para celebridades, empresarios y allegados al poder.
La pregunta es inevitable: ¿qué función institucional cumplían las figuras del espectáculo que recibieron invitaciones especiales? ¿Cuál era el criterio para que algunos pudieran disfrutar de una ubicación privilegiada mientras miles de fieles debían conformarse con ver al Papa a cientos de metros?
El episodio también deja una contradicción política difícil de disimular para el oficialismo nacional. Un gobierno que construyó buena parte de su identidad sobre la denuncia de la casta, los privilegios de la política y los gastos innecesarios del Estado debería ser especialmente cuidadoso con estas escenas. No alcanza con denunciar los privilegios ajenos si después se termina reproduciendo la misma lógica.
Y el Gobierno porteño tampoco puede eludir su responsabilidad. Las invitaciones, los cupos y la participación de figuras mediáticas fueron parte de una decisión política que ahora debe explicar.
La Argentina no necesitaba una carpa VIP para celebrar la llegada del Papa. Necesitaba una organización a la altura de un acontecimiento extraordinario, que priorizara a los fieles y no a los invitados de ocasión.
León XIV llegó para encontrarse con millones de argentinos. Su mensaje fue para todos, sin distinciones ni categorías sociales. La imagen que quedó, sin embargo, fue otra: algunos pudieron escuchar al Papa cómodamente sentados, con catering y atención especial, mientras otros debieron pasar horas bajo el sol para participar de la misma celebración.
A veces, la política no necesita demasiadas explicaciones para mostrar sus contradicciones. Alcanza con levantar una carpa.