El acto por el Día de la Memoria volvió a poner en discusión un tema incómodo pero necesario: los límites entre memoria colectiva y utilización partidaria. La decisión de sectores de La Cámpora de pedir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner en una jornada dedicada a recordar a las víctimas del terrorismo de Estado fue, para muchos, una banalización innecesaria de una fecha que pertenece a toda la sociedad.
Ayer mismo señalábamos en una columna que usar la memoria con fines partidarios la saca del consenso básico que el Nunca Más logró construir en la democracia. Ese consenso, sostenido durante décadas por amplios sectores políticos y sociales, permitió que el 24 de marzo fuera un día de reflexión colectiva y no una herramienta de disputa coyuntural.
Comparar la situación judicial de Cristina Kirchner con la de los detenidos desaparecidos no solo es desproporcionado: es una falta de respeto hacia miles de mujeres que fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas por la dictadura. Muchas de ellas siguen desaparecidas, y sus cuerpos, en la mayoría de los casos, terminaron en el Río de la Plata o en el Mar Argentino. Equiparar esas tragedias con la situación de una ex presidenta que atraviesa procesos judiciales en democracia es, como mínimo, una banalización del horror.
La organización juvenil kirchnerista eligió llamarse Héctor José Cámpora, una figura que terminó siendo degradada políticamente por el propio Juan Domingo Perón, quien lo desplazó del poder a los pocos meses de asumir. El contraste histórico es llamativo: mientras utilizan su nombre como bandera, poco se reivindica a otra presidenta peronista, Isabel Martínez de Perón, que sí fue detenida por la dictadura, pasó cinco años presa y luego sufrió el ostracismo político. Esa experiencia real de persecución y encarcelamiento raramente es mencionada por quienes hoy hablan de “proscripción”.
La decisión de movilizarse hacia la casa de Cristina Kirchner y mezclar su situación judicial con la conmemoración del golpe de Estado no aportó nada al debate público. Al contrario, profundizó la grieta y alejó a sectores de la sociedad que acompañan la consigna de memoria, verdad y justicia pero que no se sienten representados por la figura de la ex presidenta.
La condena contra Cristina puede ser discutida en términos jurídicos o políticos. Lo que resulta mucho más difícil de discutir es el nivel de corrupción que atravesó a su gobierno y que hoy está documentado en múltiples causas judiciales. Pretender que todo cuestionamiento a su figura es persecución política no solo simplifica la realidad: también erosiona la credibilidad de las luchas genuinas por los derechos humanos.
Otro aspecto que genera rechazo en amplios sectores de la sociedad es la persistente reivindicación de Montoneros. La historia demuestra que fue una guerrilla que se infiltró en el peronismo, que insultó públicamente a Perón en la Plaza de Mayo, que asesinó a José Ignacio Rucci y que, tras la muerte del líder justicialista, se levantó en armas contra el propio gobierno constitucional de su esposa.
Los hechos son conocidos: atentados, secuestros y episodios como la toma del cuartel de Formosa en 1975, que dejó muertos y heridos. Con el paso del tiempo, muchos de sus sobrevivientes tomaron rumbos que poco tienen que ver con los ideales que proclamaban, desde Mario Firmenich hasta figuras como Patricia Bullrich, pasando por empresarios y operadores políticos que abandonaron cualquier épica revolucionaria.
Los años setenta fueron una tragedia para la Argentina. La ciudadanía común no quería vivir entre bombas, atentados y secuestros. Nadie le pidió a esas organizaciones que iniciaran una guerra revolucionaria en un contexto en el que funcionaba un Pacto Social que, con todas sus limitaciones, buscaba estabilizar al país. La escalada de violencia contribuyó a romper ese equilibrio y obligó al gobierno de Isabel Perón a girar hacia posiciones más duras, en un espiral que terminó siendo funcional al golpe de Estado genocida de 1976.
Mientras muchos militantes morían o eran secuestrados, las conducciones de esas organizaciones se encontraban en el exterior. Desde allí observaban la represión con una mezcla de impotencia y, según numerosos testimonios históricos, de mística y mesianismo que poco tenía que ver con la realidad que sufrían los argentinos de a pie.
Décadas después, con la llegada del kirchnerismo al poder y especialmente tras la muerte de Néstor Kirchner, La Cámpora se expandió dentro del Estado. El escritor Jorge Asís los definió como una “agencia de colocaciones laborales”, en alusión a la cantidad de militantes jóvenes que ocuparon cargos en organismos públicos sin contar siempre con la preparación necesaria.
Ese poder interno se hizo visible en 2015, cuando sectores camporistas conspiraron contra la candidatura de Daniel Scioli, debilitando al propio candidato oficialista. Años más tarde, durante la presidencia de Alberto Fernández, volvieron a jugar al límite: cuestionaron al mandatario, lo desautorizaron públicamente, pero nunca renunciaron a los cargos ni a las cajas más importantes del Estado, como YPF, ANSES o PAMI.
La pregunta que da título a esta columna sigue vigente: ¿La Cámpora tiene memoria? Si la tiene, parece selectiva. Recuerda aquello que le conviene políticamente y omite lo que incomoda su relato.
El 24 de marzo debería ser un día para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso democrático de toda la sociedad. Convertir esa fecha en una plataforma para la defensa de una dirigente política, por más importante que haya sido, no solo desdibuja el sentido histórico de la jornada: también erosiona uno de los pocos consensos que la Argentina supo construir después de la noche más oscura de su historia.
