Hay una batalla cultural que el Gobierno parece haber entendido perfectamente.
Cada día aparece un nuevo enemigo. El feminismo, el progresismo, la llamada “ideología de género”, el movimiento LGBT, los periodistas, los actores, los artistas, los organismos de derechos humanos, los “zurdos”, los empleados públicos, los que cuestionan al Gobierno y, cuando hace falta, alguna persona concreta convertida en blanco de una discusión nacional.
La fórmula es sencilla: provocar, indignar, dividir y convertir la discusión pública en una pelea cultural permanente.
Y mientras todos discutimos el nuevo enemigo de turno, hay una pregunta bastante más incómoda que queda fuera de escena:
¿Cómo está viviendo la gente?
Porque la verdadera batalla cultural es la economía.
No porque el resto de las discusiones no importe. Importan. La igualdad, las libertades individuales, la identidad, la seguridad, la educación, la familia, la sexualidad y los derechos civiles forman parte de una sociedad democrática y merecen ser discutidos.
Pero hay algo que debería ser todavía más elemental: una persona que no puede llegar a fin de mes difícilmente pueda sentirse protagonista de una transformación cultural.
El trabajador que se levanta a las cuatro de la mañana, viaja tres horas para llegar a su empleo y vuelve a su casa de noche tiene problemas mucho más concretos que determinar si Florencia de la V debe ser llamada de una u otra manera.
Y a esta altura, convertir la vida privada y la identidad de Florencia de la V en una discusión política nacional es, además de una estrategia de provocación, una falta de respeto hacia millones de argentinos que están preocupados por cosas bastante más urgentes.
El problema no es Florencia de la V.
El problema es que hay argentinos que se endeudan para comprar comida.
El problema es el trabajador que necesita un segundo empleo para completar el sueldo.
El problema es el policía que, después de cumplir su jornada, tiene que subirse a un auto para hacer Uber porque no llega a fin de mes.
El problema es el trabajador que acumula horas y horas de trabajo y, aun así, no puede proyectar unas vacaciones, cambiar el auto, arreglar su casa o simplemente ahorrar.
El problema es que el pluriempleo deja de ser una elección y comienza a convertirse en una necesidad.
El problema es que la inseguridad tampoco tiene género.
La inflación tampoco tiene género.
La pobreza tampoco tiene género.
El miedo a perder el trabajo tampoco tiene género.
El alquiler que no se puede pagar tampoco tiene género.
La angustia de una familia que no sabe cómo llegar a fin de mes tampoco tiene género.
Estamos todos en el mismo barro.
Y eso es precisamente lo que muchas veces parece olvidarse en una discusión política que se ha convertido en una sucesión de provocaciones.
Durante el gobierno de Alberto Fernández también señalamos algo que hoy vale la pena recordar.
Cuando desde el oficialismo se hablaba de que la gestión venía a ponerle fin al patriarcado, señalábamos que esa consigna no se correspondía con la realidad económica que vivían millones de argentinos.
No porque combatir la discriminación fuera una mala idea.
Sino porque mientras desde el poder se construían grandes relatos sobre las transformaciones culturales, en los supermercados los trabajadores tenían otra conversación.
Hablaban de inflación.
Hablaban del precio de la carne.
Del alquiler.
De las tarifas.
Del sueldo.
De cómo hacer para que el salario llegara hasta el último día del mes.
Ese debería ser el aprendizaje.
Una política progresista que no puede mejorar la vida material de las personas termina hablando de sí misma.
Pero una política que promete libertad mientras deteriora las condiciones materiales de existencia también debería ser sometida a la misma pregunta.
Hay una contradicción que merece ser discutida.
¿De qué libertad hablamos cuando una persona tiene que trabajar doce horas para poder comer?
¿De qué libertad hablamos cuando un joven no puede independizarse porque el alquiler consume una parte imposible de su ingreso?
¿De qué libertad hablamos cuando un trabajador necesita dos o tres empleos?
¿De qué libertad hablamos cuando una familia vive permanentemente endeudada?
La libertad económica no puede reducirse a la posibilidad de comprar y vender.
También debería incluir la posibilidad de vivir sin estar permanentemente al borde del abismo.
Y ahí aparece una cuestión que el Gobierno debería aceptar como parte de la discusión pública: el Estado no es solamente una planilla de Excel.
El Estado también es una escuela.
Un hospital.
Una ruta.
Una universidad.
Una comisaría.
Una obra de infraestructura.
Un sistema científico.
Una política de vivienda.
Un sistema de transporte.
Una política de salud mental.
Una herramienta para que quien nació en una familia humilde no tenga determinada de antemano toda su vida.
Eliminar el Estado puede reducir gastos.
Pero la pregunta política verdaderamente importante es qué sucede con la sociedad cuando desaparecen determinadas funciones del Estado.
Porque si el resultado es que una familia tiene que endeudarse para comer, un policía tiene que trabajar de Uber y un trabajador tiene que acumular empleos para sobrevivir, entonces no alcanza con mostrar una planilla fiscal equilibrada.
Hay que explicar qué sociedad estamos construyendo.
Este es quizás el punto que más debería interpelar a quienes hablan permanentemente de batalla cultural.
La economía también construye cultura.
Una sociedad donde los padres trabajan todo el día cambia la forma en que se crían los hijos.
Una sociedad donde los jóvenes no pueden acceder a una vivienda modifica la formación de familias.
Una sociedad donde el trabajador necesita dos empleos modifica el tiempo libre.
Una sociedad donde la incertidumbre es permanente modifica los proyectos personales.
Una sociedad donde la educación pública pierde recursos modifica las oportunidades.
Una sociedad donde la obra pública desaparece modifica el territorio.
Una sociedad donde el Estado se retira de determinados lugares deja esos espacios disponibles para otros actores.
La economía no es una cuestión técnica separada de la vida cotidiana.
La economía determina buena parte de la cultura de una sociedad.
Por eso aquella frase debería invertirse:
No es que primero existe una batalla cultural y después discutimos la economía.
La batalla cultural también se libra en el supermercado, en el trabajo, en la escuela, en el hospital y en el barrio.
Hay además algo profundamente democrático en reconocer que los problemas cotidianos son transversales.
El delincuente no pregunta la identidad de su víctima.
La inflación no pregunta a quién votó.
El aumento del alquiler no pregunta la orientación sexual.
La falta de trabajo no pregunta si alguien es feminista o antifeminista.
La inseguridad no pregunta si una persona es de izquierda o de derecha.
Y el hambre tampoco.
Por eso resulta extraño que desde la política se pretenda convertir cada diferencia cultural en una guerra entre argentinos mientras se pierde de vista aquello que todos tenemos en común.
Quizás la discusión más importante sea precisamente esa:
¿Qué sociedad queremos construir cuando termina la pelea de Twitter?
Milei llegó al poder cuestionando muchas cosas que efectivamente debían ser cuestionadas.
La inflación.
El déficit.
El fracaso de determinados gobiernos.
La corrupción.
El uso arbitrario del Estado.
La burocracia.
La falta de resultados.
Todo eso merece discusión.
Pero una cosa es cuestionar al Estado ineficiente y otra muy distinta es asumir que la ausencia del Estado produce automáticamente una sociedad más libre, más justa y más próspera.
Eso no es una verdad revelada.
Es una hipótesis política.
Y como toda hipótesis, debe poder ser discutida.
La verdadera batalla cultural que deberíamos dar, entonces, es bastante menos espectacular que insultar a una persona en redes sociales.
Es preguntarnos si este modelo económico nos lleva realmente hacia una sociedad con más oportunidades.
Si el retiro del Estado mejora o deteriora determinados servicios.
Si la falta de obra pública genera eficiencia o también deja infraestructura necesaria sin construir.
Si el ajuste termina transformándose en desarrollo o simplemente en una sociedad donde cada individuo queda librado a resolver individualmente problemas que son colectivos.
Si la reducción del gasto público se convierte en inversión privada productiva o en concentración de riqueza.
Si el crecimiento llega efectivamente a los salarios.
Si los trabajadores pueden vivir mejor.
Si los jóvenes pueden proyectar.
Si las familias pueden ahorrar.
Si podemos recuperar movilidad social.
Y, sobre todo, si estamos dispuestos a poner en duda incluso aquello que nos dice un gobierno al que alguna vez decidimos creer.
Porque esa debería ser una de las grandes enseñanzas de la democracia:
ningún gobierno tiene derecho a convertirse en una religión.
Ni Alberto Fernández cuando hablaba de terminar con el patriarcado mientras la inflación golpeaba a los trabajadores.
Ni Milei cuando transforma cada crítica económica en una supuesta batalla contra el progresismo.
El poder tiene que rendir cuentas sobre sus resultados.
No sobre la cantidad de enemigos culturales que consigue fabricar.
Hay una frase que debería atravesar toda esta discusión:
Las personas no pueden realizarse plenamente en una comunidad que no se realiza.
Podemos hablar durante horas de libertad individual, pero una persona necesita una sociedad donde existan oportunidades.
Podemos hablar de mérito, pero para que el mérito tenga sentido tiene que existir un punto de partida mínimamente razonable.
Podemos hablar de esfuerzo, pero el esfuerzo necesita producir algún tipo de progreso.
Podemos hablar de libertad, pero la libertad necesita condiciones materiales para poder ejercerse.
Y podemos hablar de batalla cultural.
Pero si la batalla cultural sirve para que nadie pregunte cuánto gana un trabajador, cuánto cuesta llenar el changuito, cuánto tarda en llegar al trabajo, cuánto paga de alquiler o por qué necesita un segundo empleo, entonces quizás la batalla esté siendo dada en el lugar equivocado.
El desafío de la Argentina no es decidir si tenemos que hablar de economía o de cultura.
Es entender que la economía también es cultura.
Y que detrás de cada número hay una persona.
El trabajador que madruga.
El policía que hace Uber.
La familia que se endeuda.
El joven que no puede independizarse.
El comerciante que pelea todos los días para mantener abierto.
El jubilado que calcula cada compra.
La persona que vuelve a su casa después de doce horas de trabajo.
Todos ellos tienen algo en común.
No necesitan que el Gobierno les encuentre un enemigo nuevo cada mañana.
Necesitan que la política vuelva a discutir cómo hacer para que vivir en la Argentina sea una experiencia posible, digna y con futuro.
Porque, finalmente, la batalla cultural que importa no es contra el feminismo, contra el progresismo ni contra la identidad de nadie.
La batalla cultural que importa es decidir si queremos una sociedad donde cada individuo tenga que salvarse solo o una comunidad capaz de generar las condiciones para que millones puedan realizarse.
Y esa discusión no se resuelve con un tuit.
Se resuelve con trabajo, salarios, seguridad, educación, salud, vivienda, infraestructura, movilidad social y una economía que deje de pedirle sacrificios eternos a la misma gente.
La batalla cultural es la economía.
Y quizás haya llegado la hora de volver a hablar de ella.
