Entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires tienen vocación por la violencia y la represión de cuanta marcha opositora exista. No importa si son jubilados, estudiantes, peronistas, de izquierda o personas con discapacidad.
Siempre están los hidrantes listos, los gases, las motos, las balas de goma. Con y sin infiltrados, no importa qué pase, siempre el desenlace será el mismo, una violenta represión.
En las redes los púberes libertarios festejan el festival de violencia, el comandante digital alias “el gordo Dan” celebra junto a todo el santicaputismo. Después lloran cuando uno de sus cronistas va a hacer preguntas provocadoras a una marcha y los fajan. O tienen que salir corriendo y refugiarse entre los uniformados.
Una Argentina ya invivible, agrietada, provocadora, un país que se desangra en sus principales ciudades, donde la gente resiste como puede el ajuste.
Pero en medio de esa postal de violencia institucional y desesperación social aparece otra escena que merece una discusión propia. Una protesta estudiantil, que debería tener como eje la defensa de la educación pública, los salarios docentes, las becas, las condiciones de cursada y el futuro de miles de jóvenes, termina convertida también en una vidriera de consignas identitarias, performances y disputas culturales que poco tienen que ver con la urgencia de quienes no saben cómo llegar a fin de mes.
La fotografía es elocuente: una manifestante con una máscara antigás, ropa de colores estridentes y una postura desafiante, envuelta por una nube de gases y agua en medio de la calle. Detrás, las banderas, los edificios y una multitud que parece atrapada en una escena donde la protesta, el espectáculo y la confrontación se confunden. No hace falta burlarse de quien aparece en la imagen para advertir el problema político que plantea: ¿en qué momento una causa colectiva termina reducida a una postal para las redes sociales?
La protesta social es un derecho democrático. También lo es cuestionar sus consignas, sus métodos y las prioridades de quienes pretenden representarla. Defender la universidad pública no exige adherir a cada expresión de la militancia que ocupa sus calles. Mucho menos supone que cualquier discusión sobre la llamada ideología de género deba convertirse en una prueba de pureza política para participar de una movilización.
El problema no es que existan estudiantes que defiendan causas feministas, identitarias o vinculadas con la diversidad sexual. Cada uno tiene derecho a expresarse. El problema aparece cuando esas disputas ocupan el centro de la escena y desplazan las demandas materiales que deberían reunir a una mayoría social: estudiar sin endeudarse, trabajar sin ser pobre, pagar el alquiler, comprar alimentos y tener un horizonte de futuro.
Porque mientras una parte de la militancia parece atrapada en una competencia de gestos, símbolos y consignas cada vez más alejadas de las preocupaciones cotidianas, hay familias que recortan comidas, trabajadores que acumulan empleos y jóvenes que abandonan sus estudios porque no pueden sostener los gastos de transporte, materiales y vivienda. Para ellos, la discusión no es una performance ni una batalla de etiquetas. Es la supervivencia.
La Argentina no necesita menos derechos, necesita que los derechos dejen de ser un privilegio de quienes pueden ejercerlos sin preocuparse por el plato de comida. Y una universidad pública que pierde estudiantes porque la crisis económica les impide continuar no puede conformarse con exhibir una épica de resistencia: tiene que poner en el centro de su agenda las condiciones concretas que permiten estudiar.
La banalización de la protesta también tiene consecuencias políticas. Cuando una movilización mezcla reclamos legítimos con escenas que parecen diseñadas para provocar, viralizarse y alimentar la indignación del adversario, el debate corre el riesgo de abandonar las razones de fondo. El Gobierno obtiene imágenes para justificar su discurso de orden; sus seguidores celebran cada enfrentamiento como si se tratara de una victoria cultural; y quienes padecen el ajuste quedan atrapados entre una represión que no resuelve nada y una oposición que muchas veces no consigue hablarles en un lenguaje que reconozcan como propio.
Así se alimenta un círculo perverso: el oficialismo necesita mostrar una calle hostil para justificar la mano dura, mientras algunos sectores de la oposición parecen conformarse con representar una resistencia testimonial, más preocupada por sus códigos internos que por construir una mayoría capaz de cambiar el rumbo del país.
No hay que confundir la crítica a una estética militante con la descalificación de una persona por su identidad o su apariencia. Tampoco se debe aceptar que la presencia de una consigna discutible habilite el uso indiscriminado de la fuerza pública. Son debates diferentes y deben mantenerse separados. La responsabilidad de la Policía es actuar dentro de la ley; la de los organizadores, sostener reclamos democráticos y evitar que la confrontación termine desplazando el objetivo de la convocatoria; y la de los dirigentes, ofrecer una salida política que no se agote en la indignación.
El Gobierno de Javier Milei tiene una responsabilidad central por el clima de confrontación que promueve cuando convierte a quienes protestan en enemigos y presenta la represión como una demostración de autoridad. Pero la oposición tampoco puede ignorar que existe una sociedad que se aleja cuando siente que sus problemas urgentes quedan subordinados a discusiones que no modifican sus condiciones de vida.
La batalla cultural no puede ser un sustituto de la política económica. Ni para Milei, que muchas veces encuentra en las guerras simbólicas una manera de desplazar la atención de los resultados de su gestión, ni para una militancia opositora que corre el riesgo de encerrarse en sus propias consignas.
El país se desangra en sus ciudades, pero no solamente por los gases lacrimógenos y los enfrentamientos callejeros. También se desangra cuando la desesperación se convierte en rutina, cuando el trabajo ya no garantiza llegar a fin de mes, cuando estudiar deja de ser una promesa de ascenso social y cuando la política parece incapaz de ofrecer algo más que enemigos, provocaciones y fotografías impactantes.
Una protesta puede ser legítima sin que todas sus expresiones sean incuestionables. Una causa justa puede perder fuerza cuando sus representantes olvidan a quiénes necesitan convocar. Y una sociedad no puede vivir eternamente entre el garrote del Estado y la impotencia de una oposición fragmentada.
La pregunta que deja esa imagen no es cómo se viste una manifestante ni qué identidad reivindica. La pregunta es por qué, en una Argentina con tantas urgencias, la calle se ha convertido en un escenario donde todos parecen disputar la representación de la bronca, pero pocos consiguen transformarla en una alternativa.
Porque cuando el país se desangra, la política tiene que hacer algo más que posar para la cámara. Tiene que escuchar, organizar, proponer y construir una salida. Y esa salida empieza por comprender que, para millones de argentinos, la verdadera batalla cultural es poder vivir dignamente.
