El Gobierno celebró el 2,6% de inflación de abril como si fuera el inicio de una nueva etapa de estabilidad económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió rápidamente a festejar el dato y desde la Casa Rosada buscaron instalar la idea de que el programa económico empieza a mostrar resultados. Pero para millones de trabajadores argentinos no hay nada que festejar. Porque detrás del número frío del IPC hay una realidad mucho más dura: salarios destruidos, consumo desplomado y un poder adquisitivo que sigue en caída libre.
La inflación desaceleró respecto a los picos de comienzos de año, es cierto. Sin embargo, el problema central es que los ingresos vienen perdiendo por goleada contra los precios desde hace meses. Las paritarias firmadas bajo presión del Gobierno quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación acumulada y muchas directamente fueron “pisadas” por la Secretaría de Trabajo para evitar aumentos mayores.
El resultado está a la vista en la calle. El salario real de los trabajadores registrados cayó con fuerza durante el último año, mientras jubilados, empleados públicos y trabajadores informales sufrieron un deterioro todavía más brutal. La famosa “desinflación” se consiguió, en gran medida, licuando ingresos y deprimiendo el consumo interno.
El dato más preocupante es que la desaceleración inflacionaria no vino acompañada de una mejora en las condiciones de vida. Por el contrario: el consumo masivo acumula meses de caída, los comercios venden menos, las pymes trabajan con capacidad ociosa y cada vez más familias recurren a la tarjeta de crédito para comprar alimentos.
El Gobierno sostiene que primero había que “ordenar la macroeconomía”. Pero ese orden se está construyendo sobre una economía paralizada. La baja de la inflación no responde únicamente a una recuperación de confianza o a un crecimiento productivo, sino también a una fuerte recesión. Cuando la gente no tiene plata para consumir, las empresas empiezan a encontrar límites para seguir remarcando.
En paralelo, las tarifas de servicios públicos continúan aumentando, el transporte sigue ajustándose y los alquileres no dejan de subir. Es decir: incluso con una inflación mensual menor a la de meses anteriores, el costo de vida sigue siendo insoportable para buena parte de la sociedad.
La situación de las paritarias merece un capítulo aparte. Muchos gremios firmaron acuerdos del 1% o 2% mensual en un contexto donde los precios todavía corren muy por encima de esos porcentajes acumulados. En algunos sectores, además, hubo despidos, suspensiones y recortes de horas extras que empeoraron todavía más el ingreso real.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿de qué sirve que baje la inflación si el salario no alcanza? Para un trabajador que perdió 20 o 30 puntos de poder adquisitivo, el festejo oficial suena lejano, casi ofensivo. La estabilidad económica no puede medirse solamente por el índice de precios; también debería medirse por la capacidad de una familia de llenar el changuito, pagar los servicios y llegar a fin de mes.
El Gobierno apuesta a mostrar el número de inflación como su principal capital político. Pero existe un riesgo evidente: que la macroeconomía mejore en los papeles mientras la vida cotidiana empeora. Y en la Argentina, tarde o temprano, la realidad social termina pesando más que cualquier gráfico técnico.
