El secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) Walter Cortés volvió a ser protagonista de la escena mediática luego de imponerse por sobre la actual gobernadora rionegrina, Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), y conquistar así la intendencia de San Carlos de Bariloche.
Es que años atrás, el flamante intendente de la ciudad turística enfrentó una causa judicial en la que la justicia lo encontró culpable y debió enfrentar una condena de 4 años de cárcel por el delito de fraude a la administración pública en la llamada causa Arbos, en referencia al reconocido ex policlínico barilochense.
Junto a Cortés también fueron condenados el ex intendente Omar Goye y los exsindicalistas Víctor Cárcar y Ovidio Zúñiga a raíz de una defraudación detectada en 1999 en los fondos correspondientes a dos subsidios gestionados que habían logrado del gobierno de Carlos Menem de 185.000 y 1.750.000 pesos/dólares.
La investigación llegó a juicio en 2014, cuando el Tribunal Oral Federal de Roca dictó la sentencia condenatoria que fue confirmada dos años más tarde. El 17 de junio de 2016, Cortés y Goye fueron detenidos en Bariloche y trasladados al Penal Federal de Esquel y días más tarde, se entregó Zúñiga
En 2018, debido al paso del tiempo y motorizado por los recursos de los defensores de los gremialistas, la Corte Suprema dictó la extinción de la acción penal “por violación al plazo razonable” y los cuatro culpables fueron sobreseídos, lo que les permitió recuperar la libertad a finales de diciembre.
Según data la acusación de la fiscalía, entre febrero y mayo del año 1999, el directorio del policlínico Arbos, compuesto por Zúñiga -el presidente-, Carcar y Cortés -titulares de la empresa Fox Valey- y Goye, gestionaron de manera fraudulenta dos subsidios correspondientes a la Administración de Programas Especiales del gobierno nacional de 185.000 y otro de 1.750.000 pesos/dólares.
Un primer monto fue entregado a la empresa fantasma Fox Valey, presidida por Cortés y Carca, para luego, tres días más tarde, pasar a una cuenta personal de Gonzalo Madrazo, quien junto a Goye, estaban a cargo de la empresa -fantasma- Surtsey SA, razón social a la que se le entregó el segundo subsidio demandado para llevar adelante "un proyecto arquitectónico y de planificación para Arbos".
