La discusión pública en torno a Manuel Adorni funciona como una distracción conveniente. Su desgaste, su estilo y sus errores pueden haber afectado el capital simbólico del Gobierno, especialmente en el plano moral y comunicacional. Pero reducir la crisis del oficialismo a su vocero es mirar el dedo y no la luna.
El problema de fondo del gobierno de Javier Milei es mucho más profundo, más estructural y, sobre todo, más tangible: la vida cotidiana de millones de argentinos, especialmente en los grandes centros urbanos, se deteriora a una velocidad que ya no admite relato que la contenga.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el corazón electoral y productivo del país, la situación social es cada vez más frágil. Los salarios corren muy por detrás de la inflación en términos reales, y lo que antes era ajuste hoy es directamente caída en la calidad de vida. No se trata solo de “llegar o no a fin de mes”: se trata de todo lo que se dejó de hacer para intentar llegar.
La postal es cada vez más homogénea: trabajadores que suman empleos para compensar ingresos que no alcanzan, jornadas extendidas que erosionan cualquier posibilidad de descanso, gastos en transporte que se llevan una porción creciente del salario y un fenómeno silencioso pero elocuente: la desaparición de la vianda. Comer fuera de casa dejó de ser una opción, pero incluso llevar comida preparada empieza a ser un lujo cuando el tiempo y los recursos no alcanzan.
A esto se suma una bomba de tiempo que el Gobierno parece subestimar: el sistema de transporte en el AMBA. Saturado, caro en términos relativos y cada vez más ineficiente, obliga a millones de personas a viajar durante horas para sostener empleos mal pagos. Si ese sistema se deteriora aún más o se liberaliza sin red de contención, el impacto social puede ser inmediato y explosivo. La historia argentina muestra que cuando el transporte colapsa, la conflictividad escala.
En este contexto, el periodista Esteban Trebucq se preguntaba recientemente por qué “a Milei le entran todas las balas”, pese a lo que él considera buenas noticias económicas: desembarcos de marcas internacionales o gestos de alineamiento geopolítico, como la cercanía con Estados Unidos.
La pregunta revela, en realidad, una desconexión profunda. Porque esas “buenas noticias” dejaron de tener impacto emocional en una sociedad que ya no proyecta esperanza sino que administra frustración. Para quien no llega a fin de mes, la apertura de una tienda de ropa no es una señal de crecimiento, sino un recordatorio de consumo inaccesible. Y la foto de Milei en un escenario internacional no genera orgullo ni expectativa cuando el problema es pagar el alquiler o cargar la SUBE.
Hay un cambio cualitativo en el humor social: del “aguante” al desencanto, y del desencanto a la bronca. Quien votó al Gobierno empieza a sentir desolación. Quien no lo votó, directamente confirma su rechazo. En ese punto, el relato pierde potencia. Ya no hay épica posible que compense el deterioro material.
En esa misma línea, Trebucq también planteaba que al gobernador Axel Kicillof “no le entra una bala”, incluso ante decisiones controvertidas como la suspensión de programas alimentarios. Pero el razonamiento vuelve a fallar en lo esencial: cuando el problema central es el ingreso, la responsabilidad política se concentra en quien maneja la macroeconomía.
No se trata de defender a Kicillof —ni mucho menos— sino de entender cómo funciona la percepción social. Cuando el salario se evapora antes de mitad de mes, cuando los jubilados no pueden acceder a medicamentos, cuando personas con discapacidad enfrentan recortes y trámites humillantes, la discusión política deja de ser ideológica y pasa a ser existencial. Y en ese terreno, no hay “riesgo kuka”, ni fantasmas del pasado, ni enemigos simbólicos que funcionen como válvula de escape.
El oficialismo parece seguir en “modo palacio”, leyendo la política en clave de internas, posicionamientos mediáticos y construcción de relato. Pero la calle opera con otra lógica: la del bolsillo. Y cuando el bolsillo aprieta, todo lo demás pierde relevancia.
Por eso, insistir en que el problema es Adorni es, en el mejor de los casos, una simplificación. En el peor, una negación peligrosa. Porque si el Gobierno no registra que el verdadero frente de conflicto está en la economía de los hogares, seguirá sin entender por qué “le entran las balas”.
Y si además avanza sobre un sistema crítico como el transporte del AMBA sin contemplar el impacto social, puede encontrarse no con una crisis de imagen, sino con algo mucho más difícil de gestionar: el escarmiento de una sociedad que siente que ya no tiene nada que perder.
