Una parte de la militancia convirtió la lealtad en obediencia, la crítica en traición y la defensa de sus dirigentes en una obligación moral. El caso del presidente de la AFA y las reflexiones de Mayra Arena exponen una crisis que va mucho más allá de los nombres propios.
Hay algo más preocupante que los insultos que recibió Claudio “Chiqui” Tapia en el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Es la reacción de una parte de la militancia peronista que, en lugar de preguntarse por qué una figura con tanto poder genera semejante rechazo, salió a defenderlo como si cuestionar al presidente de la AFA fuera atacar al movimiento nacional y popular.
El problema no es que Tapia sea peronista, sindicalista o que tenga un origen humilde. Tampoco que haya conseguido resultados deportivos importantes al frente de la Selección argentina. El problema es que una parte del peronismo parece haber perdido la capacidad de separar esas cuestiones de las preguntas elementales que cualquier ciudadano puede hacerse sobre el ejercicio del poder, la transparencia, los negocios y las responsabilidades de sus dirigentes.
Cuando la identidad política se convierte en una excusa para justificarlo todo, la militancia deja de ser una herramienta para transformar la realidad y pasa a funcionar como un sistema de protección de quienes ocupan posiciones de poder.
Y eso, lejos de fortalecer al peronismo, lo aleja cada vez más de una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar determinadas explicaciones.
La historia de Tapia también merece ser contada sin mitologías.
Su llegada a la presidencia de la AFA, en marzo de 2017, no fue la consecuencia de una rebelión contra el poder establecido. Fue el resultado de una compleja construcción política en la que confluyeron Hugo Moyano, su suegro, y Daniel Angelici, entonces presidente de Boca Juniors y un dirigente de estrecha relación con Mauricio Macri.
Angelici fue una pieza clave en aquella arquitectura de poder. En medio de la disputa por el control de la AFA, Marcelo Tinelli aparecía como uno de los principales aspirantes a conducir el fútbol argentino. La interna que había desembocado en el escandaloso empate de 38 a 38 entre Luis Segura y Tinelli en 2015 terminó abriendo el camino para una nueva distribución de fuerzas. Tapia, que ya había construido una base importante entre los clubes del ascenso, supo aprovechar esa oportunidad.
La elección de 2017 consagró una lista de unidad que llevó a Tapia a la presidencia y a Angelici a la primera vicepresidencia. Tinelli quedó afuera de la conducción central de la entidad.
La paradoja es evidente: el dirigente que hoy algunos sectores presentan como una suerte de emblema de la resistencia popular llegó a la cima del fútbol argentino mediante acuerdos con actores centrales del poder político y deportivo de aquel momento.
Después construyó su propio sistema de alianzas, consolidó los votos de los clubes, amplió su influencia y dejó de ser simplemente una pieza de aquella negociación inicial. Tapia entendió algo que muchos políticos suelen olvidar: el poder prestado puede transformarse en poder propio cuando se controlan los recursos, se construyen lealtades y se domina la estructura que permite repartir beneficios.
Pero una cosa es reconocer su capacidad para construir poder y otra muy distinta es convertir esa capacidad en una absolución política permanente.
El fútbol argentino tiene una enorme capacidad para despertar pasiones, pero esa pasión no debería funcionar como una licencia para evitar las preguntas incómodas.
¿Cuánto cuesta realmente ir a la cancha? ¿Qué lógica deportiva justifica determinados desplazamientos? ¿Quién se beneficia con la organización de los torneos? ¿Qué controles existen sobre los recursos que administra la asociación que conduce el fútbol argentino?
En septiembre de 2026, por ejemplo, la venta oficial de entradas para Racing-Boca por la Copa Argentina fijó precios de $70.000 para las populares, $120.000 para las plateas y $55.000 para menores de hasta 11 años. Son valores que obligan a preguntarse qué lugar ocupa el hincha común en un negocio que se sostiene, precisamente, sobre la pasión popular.
A eso se suma la discusión sobre la elección de sedes que obliga a equipos y simpatizantes a recorrer cientos o incluso miles de kilómetros para disputar partidos decisivos. Para un club del interior, afrontar un traslado, la logística, el alojamiento y la organización de una delegación puede representar un esfuerzo económico enorme. Para una familia, acompañar a su equipo puede convertirse en un lujo.
La Copa Argentina nació con una promesa atractiva: democratizar el fútbol, permitir que equipos de distintas categorías se enfrentaran y ofrecerles a los más chicos la posibilidad de medirse con los grandes. Esa idea conserva todo su valor. Lo que debe discutirse es si las decisiones de organización respetan ese espíritu o si terminan subordinadas a intereses comerciales y a una estructura de poder cada vez más concentrada.
En ese debate aparece también Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y una de las figuras centrales del esquema de conducción de Tapia. Su papel en la administración del fútbol y los cuestionamientos judiciales que lo rodean exigen controles rigurosos, explicaciones públicas y transparencia. No alcanza con invocar el éxito deportivo para clausurar cualquier discusión.
Las causas judiciales tampoco pueden utilizarse como una condena anticipada. Pero sí deben ser tomadas en serio. En junio de 2026, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia, Toviggino y la propia AFA en la causa por la presunta retención indebida de aportes e impuestos por más de $19.000 millones. La decisión los dejó más cerca de un eventual juicio oral, sin equivaler a una condena definitiva. Además, existen otras investigaciones sobre operaciones y contrataciones vinculadas con la entidad.
La pregunta, entonces, no es por qué alguien insulta a Tapia en un recital. La pregunta es por qué una parte del peronismo considera que señalar estos asuntos constituye una agresión política que debe ser respondida con una defensa cerrada del dirigente.
El reflejo defensivo tiene una explicación: para determinados sectores, cualquier crítica a una figura identificada con el movimiento es interpretada como una operación del adversario. La discusión deja de girar alrededor de los hechos y pasa a organizarse según la identidad de quien los señala.
Así, si el cuestionado es un dirigente propio, aparecen inmediatamente las justificaciones: los éxitos deportivos, el origen humilde, la persecución política, el racismo, el clasismo o la supuesta animosidad de los medios.
Algunas de esas cuestiones pueden ser legítimas y merecen ser discutidas. Los insultos discriminatorios, cuando existen, deben ser repudiados sin ambigüedades. Pero denunciar una agresión no obliga a defender la gestión de quien la recibe. Una cosa es condenar el racismo y otra utilizar esa condena para blindar a un dirigente frente a preguntas sobre su patrimonio, su administración o sus responsabilidades.
El peronismo histórico no nació para proteger funcionarios, empresarios amigos ni dirigentes deportivos. Nació con una identidad ligada al trabajo, la movilidad social, la organización sindical y la defensa de los sectores populares. Resulta difícil explicar cómo una parte de su militancia puede reivindicar esa tradición mientras trata como una cuestión secundaria los problemas de transparencia y rendición de cuentas.
No se trata de abandonar a los propios frente al primer ataque. Se trata de entender que la lealtad política no equivale a la obediencia ciega.
Cuando una organización defiende automáticamente a sus dirigentes, incluso cuando las preguntas son razonables, termina haciendo exactamente lo contrario de lo que necesita: en lugar de recuperar la confianza social, confirma la sospecha de que existe un sistema de privilegios que funciona con independencia de las necesidades de la gente.
Y después llega la sorpresa electoral. ¿Por qué los trabajadores votan contra el peronismo? ¿Por qué sectores populares desconfían de sus dirigentes? ¿Por qué la palabra justicia social ya no alcanza para convencer?
Quizás una parte de las respuestas esté en esa incapacidad para admitir que el desprestigio de determinados dirigentes no siempre es producto de una operación ajena. A veces también es consecuencia de sus propios actos y de la decisión de sus seguidores de justificarlos.
Las declaraciones de Mayra Arena publicadas por Infobae el 11 de octubre introducen esta discusión en un terreno todavía más profundo: la relación entre el peronismo, la pobreza y la movilidad social.
Arena afirmó que el peronismo no le perdona que no sostenga un discurso según el cual salió de la pobreza gracias a la computadora que recibió durante el kirchnerismo. También cuestionó una concepción de las políticas sociales que, a su entender, distribuye recursos sin modificar las condiciones estructurales que reproducen la pobreza.
Su planteo incomoda porque cuestiona una de las narrativas más arraigadas del kirchnerismo: la idea de que las políticas públicas y las transferencias estatales constituyen, por sí mismas, una explicación suficiente de la movilidad social.
La discusión merece mucho más que una descalificación personal.
Una computadora puede abrir oportunidades educativas, facilitar el acceso a conocimientos y achicar una brecha tecnológica. Un programa social puede evitar que una familia caiga en la indigencia. Una beca puede permitir que un joven continúe estudiando. Negar esos efectos sería tan equivocado como atribuirle a una computadora, a un subsidio o a un gobierno la capacidad de resolver por sí solos una trayectoria de pobreza.
La pregunta que plantea Arena es otra: ¿qué ocurre cuando termina la asistencia? ¿Qué sucede cuando el beneficiario debe incorporarse al mercado laboral, sostener a su familia, pagar el transporte, conseguir una vivienda y garantizar que sus hijos tengan una educación de calidad?
Si el Estado entrega recursos, pero la economía no genera empleo productivo, los salarios pierden poder adquisitivo y la educación deja de funcionar como una herramienta de ascenso social, la política social puede convertirse en una administración permanente de las consecuencias de la pobreza, en lugar de ser parte de una estrategia para superarla.
Esa crítica no demuestra que toda transferencia sea inútil ni que las políticas implementadas durante el kirchnerismo carecieran de resultados positivos. Obliga, en cambio, a evaluar qué funcionó, qué fracasó y qué debe cambiar.
Arena también señaló que los problemas sociales no comenzaron con Javier Milei, aunque se agravaron durante su gobierno. Esa precisión es importante porque evita caer en dos simplificaciones igualmente cómodas: atribuir toda la crisis a la gestión actual o absolver de responsabilidad a las administraciones anteriores.
Su diagnóstico sobre la educación, la pérdida de autoridad docente, la fragilidad de las redes comunitarias y el deterioro de las condiciones de vida merece una discusión seria. El hecho de que una persona haya atravesado situaciones de pobreza no convierte cada una de sus opiniones en una verdad incuestionable, pero tampoco autoriza a descalificarla cuando sus argumentos resultan incómodos.
La reacción de parte de la militancia frente a Arena es reveladora. En lugar de discutir si una computadora puede cambiar una trayectoria social, si las transferencias monetarias alcanzan para superar la pobreza o si el sistema educativo perdió capacidad de integración, el debate suele desplazarse hacia quién es ella, qué debería agradecer, a quién favorece con sus declaraciones o de qué lado de la grieta se ubica.
Es un mecanismo conocido: cuando el argumento amenaza la identidad del grupo, se cuestiona la legitimidad de quien lo formula.
La militancia deja de preguntarse si lo que escucha es cierto y empieza a preguntarse si quien habla merece hacerlo.
En el caso de Arena hay, además, una paradoja. Si el peronismo reivindica la movilidad social como uno de sus grandes logros históricos, debería poder escuchar a alguien que conoce la pobreza y que cuestiona las herramientas elegidas para combatirla. ¿O acaso la experiencia de haber sido pobre solamente es válida cuando termina en una historia de agradecimiento al dirigente de turno?
La política social no debería exigir gratitud partidaria como contraprestación simbólica. Los derechos no son favores personales de un presidente, una gobernadora o una organización política. Son instrumentos que el Estado debe administrar con responsabilidad, evaluar y mejorar.
Eso no significa desconocer el valor de las políticas que efectivamente ampliaron derechos. Significa que sus resultados deben poder discutirse sin que cualquier objeción sea considerada una traición.
Si una militante peronista cuestiona el modelo de asistencia, la respuesta debería ser demostrarle, con evidencia y argumentos, dónde se equivoca. Si sostiene que la educación pública perdió calidad, la discusión debería centrarse en los resultados educativos, las desigualdades y las responsabilidades políticas. Si advierte que el deterioro social empezó antes de Milei, corresponde examinar los datos y las decisiones de cada gobierno.
Lo contrario es una confesión de debilidad intelectual: cuando no se puede responder una crítica, se intenta desacreditar a quien la plantea.
Los casos de Tapia y Arena parecen pertenecer a mundos diferentes, pero comparten una misma pregunta: ¿puede el peronismo recuperar la capacidad de discutir sus propios errores?
En un caso, una parte de la militancia defiende a un dirigente poderoso frente al rechazo social y a los cuestionamientos sobre su gestión. En el otro, cuestiona a una voz que se reivindica peronista porque se atreve a discutir los resultados de las políticas sociales y la persistencia de la pobreza.
La contradicción es difícil de ignorar. Se protege a quien concentra poder y se castiga a quien plantea preguntas incómodas. Se reclama lealtad hacia arriba y se exige silencio hacia adentro.
No toda defensa de Tapia responde a la misma motivación, así como no toda crítica a Arena es necesariamente injusta. Hay quienes cuestionan el tratamiento discriminatorio que recibió el presidente de la AFA y quienes pueden tener objeciones legítimas a las opiniones de la consultora. El problema aparece cuando esas discusiones se convierten en mecanismos para evitar el debate de fondo.
El peronismo tiene una historia demasiado importante como para reducirse a la protección de nombres propios. Su tradición contiene sindicatos, trabajadores, dirigentes territoriales, experiencias de movilidad social y debates internos que nunca fueron uniformes. No necesita convertirse en una organización que exige adhesión a un relato único para conservar su identidad.
Tampoco puede pretender recuperar a los sectores populares hablándoles exclusivamente de conquistas pasadas mientras desatiende sus problemas presentes. Quien hoy no puede pagar el alquiler, llenar el changuito, viajar al trabajo o imaginar un futuro mejor para sus hijos no está obligado a sentirse representado por una computadora entregada hace quince años.
La justicia social no se mide por la cantidad de veces que un dirigente pronuncia esas palabras, sino por la capacidad de una sociedad para ofrecer trabajo digno, educación de calidad, seguridad, salud y oportunidades reales de progreso.
Y la lealtad política no se demuestra defendiendo todo lo que hacen los propios, sino teniendo el coraje de señalar cuándo se equivocan.
El peronismo puede discutir a Mayra Arena, cuestionar sus diagnósticos y rebatir sus conclusiones. También puede repudiar los insultos contra Tapia sin convertirlo en un dirigente intocable. Lo que no puede hacer es reemplazar los argumentos por la obediencia y después preguntarse por qué la sociedad le da la espalda.
Porque el problema más grave no es que existan críticos del peronismo. Es que una parte del propio peronismo parezca más preocupada por disciplinar a quienes cuestionan sus certezas que por entender las razones por las que millones de argentinos dejaron de creer en ellas.
Cuando la lealtad pesa más que la realidad, la política deja de transformar la vida de la gente y empieza a vivir de la defensa de sus propios mitos.
