La polémica por las operaciones con las reservas de oro abrió un interrogante que va más allá de una discusión contable: cómo se administran los activos estratégicos del país, qué riesgos se asumen y quién debe responder cuando una operación financiera arroja resultados negativos. El Gobierno sostiene que la estrategia fue rentable en su conjunto y acusa a sus críticos de desconocer el funcionamiento de los mercados. Pero la discusión exige algo más que descalificaciones: información, transparencia y una explicación verificable.
La controversia por el oro del Banco Central sumó un capítulo relevante después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara que determinadas operaciones financieras vinculadas con las reservas del metal precioso generaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares durante 2025. El dato fue presentado por el titular del organismo, Juan Manuel Olmos, en el marco de la revisión de los estados contables de la autoridad monetaria.
La respuesta oficial no tardó en llegar. El Banco Central, conducido por Santiago Bausili, sostuvo que su posición en oro obtuvo durante ese mismo ejercicio un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares. Según la entidad, las operaciones cuestionadas fueron instrumentos de cobertura destinados a proteger las reservas frente a una eventual caída del precio internacional del metal. En otras palabras, el organismo argumenta que el costo de esas operaciones debe evaluarse junto con la valorización del activo que buscaban proteger.
La diferencia entre ambas explicaciones es central para entender el problema. Y también obliga a evitar conclusiones apresuradas: ni el resultado negativo de una operación demuestra por sí solo que toda la estrategia haya sido ruinosa, ni un resultado global positivo alcanza para despejar cualquier duda sobre la conveniencia, el costo y la ejecución de las decisiones adoptadas.
En los mercados financieros, una cobertura es un instrumento utilizado para reducir la exposición a un riesgo. Por ejemplo, una institución que posee oro puede contratar derivados que le permitan compensar parte de las pérdidas que sufriría si el precio del metal cae. Si el precio sube, la cobertura puede generar un resultado negativo, mientras que el activo protegido aumenta su valor.
Ese mecanismo existe y no tiene nada de extraordinario. Los bancos centrales administran sus reservas mediante distintas herramientas financieras y no necesariamente mantienen todos sus activos inmovilizados. El problema aparece cuando se intenta determinar si el instrumento elegido fue adecuado, cuánto costó y si la protección obtenida justificó el sacrificio de una parte del rendimiento potencial.
Según la información difundida sobre la auditoría, las operaciones cuestionadas produjeron una pérdida de aproximadamente 960 millones de dólares, a la que se sumaron cerca de 63 millones en primas de opciones. La AGN señaló que el resultado negativo total ascendió a 1.023 millones de dólares y que fue afrontado con divisas. También indicó que al cierre del ejercicio ya no había posiciones abiertas por ese concepto.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el conjunto de la posición en oro dejó un saldo favorable. Para evaluar correctamente esa afirmación es necesario conocer la composición de la cartera, los contratos utilizados, los riesgos cubiertos, sus vencimientos y los criterios con los que se calculó el resultado neto.
La pregunta técnica, entonces, no consiste simplemente en saber si el oro subió o bajó. Consiste en determinar si el costo de la cobertura fue razonable frente al riesgo que se buscaba evitar y si existían alternativas más eficientes para proteger las reservas.
El Banco Central invoca otro argumento: afirma que las coberturas sobre el oro forman parte de una práctica que mantiene desde hace años y que operaciones similares realizadas entre 2007 y 2011 tampoco fueron objetadas por los auditores. Además, cuestionó la interpretación de la AGN y atribuyó sus conclusiones a una intención política de desprestigiar a la conducción de la entidad.
Sin embargo, la existencia de antecedentes no demuestra automáticamente que cada operación posterior haya sido conveniente. Del mismo modo, que un instrumento sea habitual en los mercados no exime a sus responsables de explicar las condiciones en las que fue contratado ni los resultados obtenidos.
Hay, además, una distinción importante: la AGN emitió una opinión favorable sobre la razonabilidad técnica de los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025, pero identificó y cuestionó el resultado de estas operaciones. No existe necesariamente una contradicción entre ambas cosas. Una auditoría puede considerar razonables los estados contables y, al mismo tiempo, señalar una operación que merece especial atención.
Por eso, presentar la discusión como una disyuntiva entre aceptar sin cuestionamientos la explicación oficial o desconocer los principios básicos de las finanzas es una simplificación. La evaluación de una política de cobertura requiere conocimientos técnicos, pero también documentación, criterios de control y evidencia sobre sus resultados.
La controversia tiene un segundo capítulo: el traslado de parte de las reservas físicas de oro al exterior durante 2024. El Banco Central justificó esos movimientos como parte de la administración habitual de sus activos y sostuvo que la operatoria permitía mejorar las posibilidades de gestión de las reservas.
No obstante, es necesario distinguir ambos asuntos. Las pérdidas informadas por la AGN corresponden a derivados financieros registrados durante 2025; la auditoría sobre el traslado y la gestión de los lingotes físicos es un procedimiento separado. Por lo tanto, no corresponde afirmar que los 1.023 millones de dólares se perdieron simplemente por haber enviado el oro al exterior.
Lo que sí corresponde exigir es información suficiente para conocer dónde se encuentran los activos, bajo qué condiciones se administran, qué operaciones se realizaron con ellos y qué beneficios concretos obtuvo el país. El Banco Central argumenta que la confidencialidad es necesaria para preservar la seguridad de las reservas. Esa protección puede ser legítima en determinados aspectos operativos, pero no debería convertirse en una excusa para impedir el control institucional.
La propia AGN informó que continuaba trabajando en una auditoría específica sobre los movimientos del oro. Sus conclusiones serán relevantes para determinar si las decisiones adoptadas estuvieron justificadas y si produjeron beneficios verificables.
Cuando el Gobierno califica de ignorantes a quienes cuestionan estas operaciones, desplaza el debate hacia el terreno de la confrontación política. Es una estrategia que puede servir para desacreditar adversarios, pero no resuelve el interrogante económico.
Nadie debería sostener que una operación financiera es incorrecta únicamente porque produjo un resultado negativo. Las coberturas tienen costos y pueden cumplir su función incluso cuando el mercado evoluciona favorablemente para el activo protegido. Pero tampoco se puede utilizar la complejidad técnica como un escudo frente a cualquier cuestionamiento.
La administración de las reservas internacionales exige evaluar el rendimiento, el riesgo, la liquidez y la seguridad de los activos. Y cuando se trata de recursos públicos, también exige explicar las decisiones, documentar los criterios utilizados y permitir que los organismos de control cumplan su función.
Si la estrategia del Banco Central fue adecuada, sus responsables deberían poder demostrarlo con información consistente y verificable. Si hubo errores de cálculo, una cobertura excesivamente costosa o decisiones que expusieron innecesariamente las reservas, también debe conocerse.
La discusión no se resuelve atribuyendo intenciones políticas a la AGN ni aceptando sin examen cualquier interpretación de sus informes. Se resuelve con evidencia y procedimientos de control.
El oro no es solamente un activo cuyo precio fluctúa en los mercados internacionales. Es parte del patrimonio del Banco Central y, por lo tanto, un componente estratégico de la capacidad financiera del país. Administrarlo puede requerir instrumentos sofisticados, decisiones complejas y asumir determinados riesgos. Lo que no debería requerir es un acto de fe en quienes toman las decisiones.
La verdadera discusión no es si el Gobierno sabe de finanzas o si sus críticos conocen los derivados. Es si puede demostrar que las decisiones adoptadas fueron las más convenientes para el país. En materia de reservas, la solvencia técnica debe ir acompañada de transparencia, y la defensa de una gestión no puede reemplazar la obligación de rendir cuentas.
