El video difundido por el gobierno nacional es, sencillamente, una vergüenza. Construye un relato parcial, sesgado, que pone el foco exclusivamente en los crímenes de las organizaciones guerrilleras y terroristas, pero omite deliberadamente cualquier mención a la dictadura genocida que gobernó el país desde 1976. Acusan al kirchnerismo de tener una visión incompleta de la historia, pero caen en el mismo error —o peor— al abrazar una versión que se acerca peligrosamente a la teoría de un solo demonio: las organizaciones subversivas.
El “Nunca Más”, ese legado que simboliza el informe de la Nunca Más, no pertenece a ningún partido político, ni a un gobierno, ni a una corriente ideológica. Pertenece a todos los argentinos. Es un consenso básico, civilizatorio, construido con dolor y con memoria, que establece que lo que ocurrió en la Argentina fue una represión ilegal, sistemática y sangrienta por parte del Estado.
Durante la última dictadura —el Proceso de Reorganización Nacional— se secuestró, torturó, violó y asesinó. Se arrojaron personas vivas al mar en los llamados “vuelos de la muerte”. Se desplegó un aparato clandestino de exterminio desde las estructuras del propio Estado. Y eso no admite relativizaciones ni comparaciones livianas.
Porque no, no es comparable. El accionar de las organizaciones como Montoneros o ERP no puede ponerse en el mismo plano que el terrorismo de Estado. No solo por la magnitud, sino por la naturaleza: el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la obligación de actuar dentro de la ley. Cuando el Estado se convierte en verdugo, se rompe el contrato básico de la sociedad.
Además, para 1976, buena parte de esas organizaciones ya estaban desmanteladas. Sin embargo, la represión continuó. Y no contra combatientes armados, sino contra militantes políticos, estudiantes, dirigentes sindicales, ciudadanos cuyo único “delito” era pensar distinto. Fue un plan sistemático de disciplinamiento social.
A esto se le suma otro aspecto que muchas veces se omite: la dictadura no solo implementó un plan represivo, sino también un modelo económico que destruyó el entramado productivo argentino, desmanteló el Estado de bienestar y sentó las bases de un país endeudado, desigual y con una obsesión estructural por el dólar. Ese daño, más silencioso pero igual de profundo, sigue condicionando nuestro presente.
La era K
En los años 2000, el kirchnerismo tomó la bandera de los derechos humanos, una demanda que había sido sostenida durante décadas por organismos y familiares, incluso en los años de indiferencia de los ‘90. Pero en ese proceso, también se produjo una apropiación política de esa causa.
Muchos organismos de derechos humanos pasaron a formar parte del Estado o a alinearse fuertemente con el gobierno de turno, perdiendo en parte su rol histórico de independencia. Casos como el escándalo de Madres de Plaza de Mayo con Sergio Schoklender y la gestión de viviendas fueron un golpe durísimo a su credibilidad.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder, esas organizaciones, ya fuera del Estado, no lograron recuperar una posición apartidaria. Continuaron siendo percibidas como una extensión del kirchnerismo, lo que las arrastró a un terreno peligroso: la grieta.
Así, un sector de la sociedad, más por rechazo al kirchnerismo que por convicción histórica, comenzó a ver a estos organismos como enemigos. Y en ese rechazo, algunos incluso llegaron a relativizar o reivindicar la dictadura. Un fenómeno grave, que demuestra hasta qué punto la politización de la memoria puede terminar erosionando consensos básicos.
El 24 de marzo debe ser recuperado como una fecha de todos los argentinos. Sin banderas partidarias, sin apropiaciones, sin manipulaciones. La memoria tiene que estar viva, siempre. Porque olvidar sería abrir la puerta a repetir los mismos errores.
Pero también es cierto que la Argentina necesita mirar hacia adelante. Hoy, millones de argentinos viven una realidad angustiante. La pobreza, la incertidumbre y la falta de horizonte marcan el presente. El futuro que se vislumbra, para muchos, es oscuro.
Por eso, debatir el pasado no puede convertirse en una excusa de quienes nos gobernaron y nos gobiernan para eludir sus responsabilidades actuales. La memoria no debe ser utilizada como herramienta política, sino como base ética para construir un país distinto.
Un país que, justamente, le devuelva a las nuevas generaciones ese futuro que la dictadura les arrebató a tantas otras.
