El Gobierno de Javier Milei adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por 340,2 millones de dólares, en el marco de su política de privatización de empresas públicas. La medida representa un cambio significativo en la administración de uno de los servicios esenciales para millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves 22 de octubre en el Boletín Oficial.
El consorcio adjudicatario está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A., empresas vinculadas a actividades de infraestructura, saneamiento y provisión de insumos para el tratamiento del agua.
La oferta ganadora superó a la presentada por el grupo encabezado por Roggio, que había ofrecido 285 millones de dólares, es decir, 55,2 millones menos.
La decisión quedó establecida en la Resolución 1818/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El Gobierno fijó el 13 de noviembre como fecha límite para suscribir el contrato de compraventa.
Sin embargo, la adjudicación no significa que la transferencia de las acciones ya se haya concretado. Para completar la operación deberán cumplirse las condiciones contractuales y efectuarse el pago correspondiente.
El Estado nacional se desprenderá de 135.000 acciones, representativas del 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada.
La privatización de AySA forma parte del programa de venta de empresas estatales impulsado por el presidente Javier Milei y habilitado mediante la Ley Bases.
El monto de 340,2 millones de dólares corresponde exclusivamente a la adquisición del paquete accionario estatal y no incluye las inversiones que deberá realizar el futuro operador.
Según las condiciones del nuevo contrato de concesión, se contempla un plan de acción para el período 2027-2031 de aproximadamente 2,89 billones de pesos, que incluye obras, mantenimiento, mejoras y gastos operativos.
El cumplimiento de las obligaciones de inversión y de las metas de cobertura deberá ser supervisado por los organismos de control correspondientes.
La operación también vuelve a instalar el debate sobre el valor de los activos públicos y las condiciones bajo las cuales se transfiere al sector privado la administración de servicios esenciales.
La adjudicación se produce mientras se prepara una audiencia pública para analizar modificaciones en el esquema tarifario de AySA.
El encuentro fue convocado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el lunes 26 de octubre, a las 10, bajo modalidad virtual.
La propuesta contempla que aproximadamente el 60% de los usuarios residenciales registre aumentos promedio del 22,6%, mientras que un 20% mantendría sus facturas sin modificaciones y otro 20% tendría reducciones promedio del 14,7%.
Para los hogares alcanzados por las subas, se prevé una aplicación gradual, con incrementos mensuales limitados al 5% acumulativo.
Los cambios tarifarios todavía no están aprobados y deberán atravesar el procedimiento regulatorio correspondiente.
Según las estimaciones presentadas, la modificación permitiría incrementar los ingresos anuales de la empresa en aproximadamente 140.057 millones de pesos, que se destinarían al programa de tarifa social.
