La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de dar un paso judicial de importancia. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, y ratificó además los procesamientos de otros 18 imputados.
La resolución fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah y representa un respaldo a la investigación que había iniciado el juez Sebastián Casanello. Según informó la Justicia, el tribunal consideró acreditada, en el marco de esta etapa de instrucción, la existencia de una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos y particulares y señaló la existencia de un presunto direccionamiento de contrataciones hacia determinadas empresas.
El dato adquiere especial relevancia porque la defensa de Spagnuolo había intentado revertir el procesamiento y cuestionar incluso la validez de la investigación. La Cámara no sólo mantuvo la situación procesal del ex funcionario, sino que también rechazó planteos destinados a poner en discusión el origen de los audios que dieron inicio al escándalo.
El expediente comenzó a tomar dimensión pública en 2025, después de la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, quien había sido designado al frente de ANDIS en diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei y dejó el cargo en agosto de 2025.
En esos registros se hablaba de un supuesto sistema de retornos vinculado con las compras de medicamentos y se mencionaba a funcionarios del Gobierno. La difusión de los audios derivó en la salida de Spagnuolo, la intervención de la agencia y una investigación judicial que rápidamente dejó de concentrarse exclusivamente en la autenticidad de las grabaciones.
La hipótesis investigada por el fiscal Franco Picardi apunta a presuntas maniobras de direccionamiento de compras, simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios y eventuales retornos. La investigación alcanzó además a funcionarios y empresarios vinculados con la provisión de medicamentos e insumos de alto costo.
Por eso, uno de los aspectos centrales de la resolución de la Cámara es que el expediente no quedó atado exclusivamente a los audios. La investigación avanzó mediante allanamientos, intervenciones telefónicas, análisis patrimoniales y otras medidas probatorias.
Los audios, sin embargo, continúan siendo una pieza relevante del expediente.
La defensa de Spagnuolo viene cuestionando su origen y autenticidad y sostiene que parte del material que está siendo analizado no necesariamente coincide con las grabaciones difundidas originalmente. El juez Ariel Lijo ordenó realizar peritajes para determinar la autenticidad y las características técnicas de los archivos.
En septiembre, además, la defensa volvió a reclamar que se suspendiera el peritaje sobre 58 archivos incorporados a la causa. La Justicia rechazó ese planteo y permitió que el estudio continuara.
Esto abre una paradoja dentro del expediente: mientras la Cámara acaba de confirmar los procesamientos, todavía existen medidas de prueba importantes pendientes de resolución. Es decir, la causa avanzó judicialmente, pero continúa en etapa de investigación y quedan elementos que deberán ser definidos antes de llegar a una eventual instancia de juicio.
La confirmación del procesamiento vuelve a colocar a ANDIS en el centro de la agenda política del Gobierno de Milei.
Spagnuolo no era un funcionario periférico: había sido elegido para conducir un organismo sensible y su salida se produjo después de que el escándalo de los audios tomara dimensión nacional. La propia investigación terminó alcanzando a funcionarios y empresarios vinculados con el funcionamiento del organismo durante aquella gestión.
El Gobierno reaccionó en su momento desplazando a Spagnuolo, interviniendo la agencia y poniendo en marcha una auditoría. Según informó LA NACION, esa auditoría detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario superior a los $150.000 millones, aunque esos hallazgos administrativos forman parte de un universo distinto al de las responsabilidades penales que todavía deben ser determinadas por la Justicia.
La diferencia es importante: que la Cámara confirme un procesamiento no significa que haya una condena ni que estén probados definitivamente los delitos atribuidos. Significa que, para los jueces, existen elementos suficientes para mantener la imputación y permitir que la investigación continúe bajo esa situación procesal.
La decisión de la Cámara deja ahora a la causa frente a una nueva etapa. El fiscal Picardi todavía tiene medidas de prueba pendientes y la investigación continúa ampliándose sobre otros posibles responsables.
Al mismo tiempo, el peritaje de los audios será un elemento especialmente observado. La autenticidad, origen y eventual integridad de las grabaciones pueden aportar información relevante sobre una de las piezas que desencadenaron el expediente.
La confirmación del procesamiento de Spagnuolo, por lo tanto, no cierra el caso ANDIS. Por el contrario, consolida judicialmente una investigación que comenzó con unos audios y que ahora abarca una presunta estructura de contrataciones, funcionarios y empresas.
La causa entró así en una zona mucho más incómoda para todos los involucrados: la discusión ya no pasa solamente por quién dijo qué en una grabación, sino por si existió efectivamente una estructura organizada para direccionar recursos públicos y quiénes participaron de ella.
Eso es precisamente lo que la Justicia deberá terminar de determinar.
