Durante años escuchamos que el problema de la Argentina era el Estado. Que era grande, lento, burocrático e ineficiente. Con ese diagnóstico llegó Javier Milei al poder prometiendo profesionalismo, eficiencia y una gestión basada en criterios técnicos. Sin embargo, dos años y medio después, la realidad muestra algo mucho peor: el Estado no pasó de ineficiente a eficiente, sino de poco eficiente a directamente inútil.
La situación de la Casa de la Moneda es uno de los ejemplos más claros de ese fracaso. El Gobierno avanzó con su desguace, transfiriendo funciones históricas a distintas áreas estatales y privadas, mientras se vaciaban estructuras, se cerraban plantas y se reducían capacidades productivas. Lo que se presentó como una modernización terminó convirtiéndose en un caos administrativo que afecta a millones de argentinos.
El caso más visible es el de las chapas patente. Durante meses, cientos de miles de vehículos circularon con patentes de papel o directamente sin identificación definitiva debido a la falta de producción y distribución. Diversas fuentes señalaron que el problema se agravó tras la intervención y reestructuración de la Casa de la Moneda, generando una situación inédita en un país que se jacta de tener controles registrales rigurosos.
Lo más indignante no es solamente el problema en sí, sino la contradicción política. Los mismos funcionarios que llegaron denunciando la supuesta incapacidad estatal terminaron protagonizando una gestión que produjo demoras, desabastecimiento y desorganización. El relato libertario prometía reemplazar la improvisación por eficiencia. Lo que apareció fue una improvisación todavía mayor, pero adornada con discursos sobre el mercado y la motosierra.
Resulta vergonzoso que haya ciudadanos esperando durante años la documentación definitiva de sus vehículos. Que un argentino compre un automóvil, pague impuestos, cumpla con todos los trámites y aun así deba circular con papeles provisorios porque el Estado no puede garantizar algo tan básico como una chapa patente es una muestra alarmante del deterioro institucional.
La discusión ya no es ideológica. No se trata de estar a favor o en contra de un Estado grande. Se trata de que el Estado funcione. Un gobierno puede decidir privatizar, tercerizar o reorganizar organismos. Lo que no puede hacer es destruir capacidades sin tener un sistema alternativo funcionando. Porque cuando eso ocurre, el costo lo pagan los ciudadanos y no los funcionarios que toman las decisiones.
La Casa de la Moneda fue durante décadas una institución estratégica. Podía ser modernizada, auditada o reformada. Pero lo que se observa es otra cosa: un proceso de vaciamiento que generó problemas concretos donde antes existían soluciones imperfectas pero operativas. La diferencia es fundamental. Antes se criticaba al Estado por lento. Hoy muchos argentinos descubren que lo lento era preferible a lo inexistente.
La gran paradoja libertaria es que llegó prometiendo profesionalismo y eficiencia, pero terminó demostrando que destruir es mucho más fácil que gestionar. Y cuando la ideología reemplaza a la capacidad de administración, los resultados están a la vista: patentes que no llegan, organismos vaciados y un Estado que dejó de ser ineficiente para convertirse, simplemente, en incapaz de cumplir sus funciones más elementales.
Si alguien necesitaba una prueba de que el supuesto plan de modernización era, en realidad, un proceso de destrucción de capacidades estatales, acaba de aparecer. Mientras Federico Sturzenegger avanzó con el vaciamiento de la Casa de la Moneda, el propio Banco Central se vio obligado a abrir una licitación internacional para imprimir en el exterior 400 millones de billetes de 20.000 pesos. Es decir, después de desmantelar la estructura que históricamente realizaba esa tarea en el país, el Estado argentino deberá salir a comprar afuera lo que antes producía puertas adentro.
La contradicción es brutal. Durante años, Sturzenegger y los defensores de la motosierra repitieron que el sector público estaba lleno de privilegios, estructuras inútiles y gastos innecesarios. Sin embargo, cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que podían hacerlo mejor, terminaron reemplazando producción nacional por contrataciones internacionales. La pregunta es inevitable: si ahora hay que importar billetes, pagar logística internacional y depender de proveedores extranjeros, ¿dónde está el ahorro que prometían? ¿Dónde está la eficiencia que venían a imponer?
El caso resulta todavía más llamativo porque hace menos de un año el propio Gobierno había ratificado que una de las funciones centrales de la Casa de la Moneda era precisamente la fabricación de dinero circulante. Aun así, avanzó con despidos, retiros voluntarios, paralización de áreas productivas y un proceso de reestructuración que hoy obliga al Estado a buscar soluciones en el exterior.
Sturzenegger suele presentarse como el gran intelectual de las reformas libertarias, el técnico que viene a terminar con décadas de improvisación. Pero los resultados concretos cuentan otra historia. Las patentes no llegan, la Casa de la Moneda pierde funciones estratégicas y el Banco Central debe recurrir a imprentas extranjeras para cumplir tareas que la Argentina realizó durante décadas. Más que una revolución de eficiencia, lo que aparece es una política de demolición donde primero se destruye y después se improvisa cómo reemplazar lo destruido.
La tragedia del modelo libertario es que confunde gestión con ajuste. Cree que cerrar es administrar, que despedir es modernizar y que vaciar organismos equivale a hacerlos más eficientes. Pero gobernar no consiste en destruir estructuras: consiste en garantizar resultados. Y cuando el Estado deja de imprimir sus propios billetes, no puede entregar patentes a tiempo y depende cada vez más de terceros para funciones básicas, queda claro que el problema ya no es el tamaño del Estado. El problema es la incapacidad de quienes lo conducen.
