La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena política con duras críticas al gobierno de Javier Milei, al advertir sobre presuntos hechos de corrupción en la administración libertaria. Sin embargo, el gesto despertó fuertes cuestionamientos en la opinión pública y en la oposición, dado que la exmandataria carga con una condena en la causa Vialidad, donde la Justicia la encontró responsable de administración fraudulenta en la obra pública durante su gestión.
Kirchner se mostró preocupada por lo que definió como un “festival de negocios turbios” dentro de la estructura estatal bajo Milei. Pero sus palabras rápidamente fueron replicadas en redes sociales y en el arco opositor: muchos recordaron que ella misma fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por direccionar fondos hacia empresas vinculadas a Lázaro Báez.
En la Casa Rosada no dejaron pasar el comentario. Voceros cercanos al presidente señalaron que “es un acto de cinismo que Cristina hable de corrupción cuando fue protagonista del esquema más grande de saqueo del Estado en la historia reciente”.
El contraste es evidente: mientras Kirchner intenta instalar la idea de un gobierno libertario “salpicado por irregularidades”, su figura sigue atada a una sentencia judicial que la convirtió en la primera vicepresidenta argentina en funciones en recibir una condena por corrupción.
Para Milei, el ataque de la expresidenta se lee como una oportunidad: sus asesores creen que cada vez que Cristina aparece y opina sobre transparencia, se reaviva el recuerdo de las causas judiciales que marcaron al kirchnerismo.
En definitiva, el mensaje de Cristina Kirchner buscando advertir sobre la corrupción en el actual gobierno terminó, una vez más, volviéndose contra ella misma: la paradoja de denunciar lo que la Justicia ya le probó en su propia gestión.
