Hay derrotas parlamentarias y hay derrotas políticas. La de Patricia Bullrich en el Senado tiene un poco de las dos.
El Gobierno consiguió finalmente la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero llegó a ese resultado después de amputarle dos de los capítulos que más controversia habían generado: el referido a la venta de tierras rurales a extranjeros y el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. El resultado fue de 37 votos a favor y 33 en contra, después de una sesión que dejó en evidencia la dificultad del oficialismo para construir mayorías alrededor de algunos de sus proyectos más sensibles.
Y Patricia Bullrich quedó en el centro de la escena.
La jefa del bloque libertario en el Senado había asumido personalmente la defensa del proyecto. Pero terminó siendo ella misma quien tuvo que aceptar la caída de los capítulos más polémicos. Primero fueron las tierras. Después, casi sobre el final de una sesión interminable, el Gobierno tuvo que retirar también el capítulo del Manejo del Fuego para evitar que se cayera el proyecto completo. Bullrich incluso terminó reconociendo que la iniciativa había llegado al Congreso "un poco endiablada".
El problema, sin embargo, no fue solamente parlamentario.
Fue comunicacional.
El Gobierno quiso presentar la discusión como una batalla entre la defensa de la propiedad privada y quienes supuestamente quieren habilitar las usurpaciones, las ocupaciones y el avance del Estado sobre la propiedad. Pero una parte importante de la sociedad terminó discutiendo otra cosa: quién controla la tierra argentina, quién puede comprarla y qué ocurre con ella después de un incendio.
Y ahí el oficialismo perdió el control del relato.
Porque una cosa es hablar de propiedad privada y otra muy diferente es explicarle a un argentino que el Estado pretende flexibilizar las restricciones para que capitales extranjeros puedan adquirir tierras en el país. La encuesta de Zuban Córdoba que circuló durante el debate mostró que el 77% de los consultados está a favor de mantener límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, mientras apenas el 16% apoyó eliminar esas restricciones.
Ese número debería haber encendido todas las alarmas de la Casa Rosada.
No porque una encuesta determine una política pública. Sino porque muestra algo mucho más profundo: el Gobierno estaba intentando vender como una cuestión técnica de inversiones y libertad económica algo que una enorme mayoría estaba leyendo en clave de soberanía nacional.
Y eso cambia completamente la discusión.
El problema de fondo para el oficialismo es que todavía parece no haber entendido que el liberalismo económico no necesariamente tiene que ser sinónimo de indiferencia nacional.
Argentina tiene una larga tradición de defensa de su territorio, de sus recursos naturales, de sus fronteras y de su soberanía. Esa tradición atraviesa distintas familias políticas. Está en el nacionalismo popular, en sectores conservadores, en el peronismo tradicional, en parte del radicalismo e incluso en sectores que hoy votan a La Libertad Avanza.
El error fue creer que todo ese sentimiento había desaparecido.
Y quizás el Mundial haya demostrado exactamente lo contrario.
Durante semanas, millones de argentinos volvieron a cantar el himno, a colgar banderas, a abrazarse en las calles y a reconocerse en símbolos que durante mucho tiempo fueron tratados como patrimonio de determinados sectores políticos. Incluso la aparición de una bandera de Malvinas durante la celebración del triunfo argentino frente a Inglaterra volvió a colocar la cuestión de la soberanía en el centro de la conversación popular.
No hace falta convertir esto en una teoría sociológica definitiva. Pero sí hay un dato político que sería irresponsable ignorar: el Mundial dejó un clima emocional de reafirmación nacional que no desapareció cuando terminó el torneo.
Y el Gobierno entró en esa nueva etapa hablando de tierras argentinas que podrían quedar sujetas a menores restricciones para capitales extranjeros.
La coincidencia temporal fue pésima.
Hay algo que la política tradicional suele olvidar: antes de votar en una urna, la sociedad vota todos los días con sus conversaciones, sus memes, sus chistes, sus indignaciones y sus silencios.
Y las redes sociales fueron mostrando que el problema no era simplemente que la oposición estuviera organizada.
Había humor popular.
Había bronca.
Había una sensación bastante sencilla de explicar: "una cosa es vender una propiedad y otra es vender el país".
Ese tipo de frase puede ser técnicamente discutible, pero políticamente es potentísima.
Porque funciona.
Porque se entiende.
Porque no necesita un PowerPoint de Federico Sturzenegger para ser comprendida.
Y porque toca una fibra que la política argentina conoce desde hace décadas: la idea de que determinadas cosas pueden tener dueño privado, pero existen bienes que forman parte de algo mayor llamado Nación.
Ahí el Gobierno quedó atrapado.
Mientras intentaba explicar artículos, restricciones, inversiones y seguridad jurídica, del otro lado aparecía una imagen mucho más sencilla: la bandera argentina, la tierra, el fuego, los recursos naturales y la soberanía.
En comunicación política, cuando una discusión compleja queda reducida a dos imágenes enfrentadas, generalmente gana la imagen.
Patricia Bullrich tiene experiencia política suficiente como para saber que algunas batallas se ganan antes de llegar al recinto.
Esta no.
La estrategia fue demasiado defensiva y demasiado tardía.
Primero hubo que negociar la salida del capítulo de tierras para conseguir que la sesión pudiera continuar. Después, cuando el proyecto ya había perdido uno de sus ejes centrales, apareció el problema del Manejo del Fuego. El oficialismo terminó retirándolo para evitar una derrota mayor.
El resultado fue paradójico: una ley presentada como una gran reforma para garantizar la propiedad privada terminó llegando a la media sanción considerablemente recortada.
El oficialismo consiguió una victoria parlamentaria.
Pero Bullrich sufrió una derrota política.
Y eso es especialmente delicado porque ella no era una senadora más defendiendo un proyecto ajeno. Era la principal encargada de conseguir los votos.
El Senado le mostró algo que debería preocupar a la Casa Rosada: el oficialismo puede tener iniciativa, pero todavía no tiene una capacidad equivalente para construir consenso alrededor de determinadas transformaciones.
El capítulo de Manejo del Fuego terminó siendo otro problema comunicacional.
La modificación propuesta pretendía cambiar las restricciones sobre el uso de tierras afectadas por incendios. Pero, en la percepción pública, la discusión quedó rápidamente asociada a una pregunta elemental: ¿qué pasa si una tierra se incendia y poco después puede cambiarse su destino?
Otra vez, el Gobierno discutió la letra chica.
La sociedad imaginó la escena.
Y cuando política y comunicación chocan, la imagen suele ser más poderosa que el argumento jurídico.
El oficialismo debería haber entendido que después de años de incendios forestales, especialmente en regiones donde la cuestión ambiental tiene una enorme sensibilidad, cualquier modificación de las restricciones exige una explicación extraordinariamente clara.
No alcanzaba con decir que se trataba de una cuestión de seguridad jurídica.
Había que explicar qué problema concreto resolvía la reforma, quién se beneficiaba, qué controles permanecerían y por qué un ciudadano debería confiar en que una tierra quemada no terminaría convertida rápidamente en un negocio inmobiliario o productivo.
Eso no estuvo suficientemente claro.
Quizás el dato político más interesante de todo este episodio sea otro.
El Gobierno parece estar enfrentando una sociedad distinta de la que imaginaba.
No necesariamente más estatista.
No necesariamente más peronista.
No necesariamente menos liberal.
Pero sí, posiblemente, más consciente de su identidad nacional.
El Mundial funcionó como un enorme ritual colectivo. Durante semanas, las diferencias políticas quedaron relegadas frente a una identidad compartida. Después aparecieron nuevamente las discusiones, pero algo quedó instalado: la bandera volvió a ocupar un lugar central en el espacio público y la idea de pertenecer a una comunidad nacional recuperó fuerza. Algunos análisis ya hablan de un posible resurgimiento del nacionalismo popular a partir de esa experiencia colectiva.
El Gobierno debería prestar atención.
Porque nacionalismo no significa necesariamente cerrar la economía, expulsar inversiones extranjeras o rechazar el comercio internacional.
Puede significar algo mucho más sencillo:
querer que la Argentina siga siendo dueña de sus decisiones estratégicas.
Y esa idea puede convivir perfectamente con una economía abierta.
El desafío para un gobierno liberal debería ser demostrar que abrir la economía no significa entregar la soberanía.
En esta discusión, no logró hacerlo.
Javier Milei llegó al poder con una idea poderosa: romper con una Argentina acostumbrada a regularlo todo.
Pero una cosa es desregular.
Otra es desconocer las fibras culturales de una sociedad.
La propiedad privada puede ser defendida sin necesidad de convertir la extranjerización de tierras en una bandera ideológica.
La inversión extranjera puede ser bienvenida sin necesidad de eliminar todas las salvaguardas sobre el territorio.
Y la seguridad jurídica puede ser fortalecida sin que la sociedad sienta que está entregando algo que considera propio.
El Gobierno tiene derecho a intentar cambiar esas reglas.
Pero necesita convencer.
Y en esta oportunidad no convenció.
Patricia Bullrich terminó negociando, retrocediendo y retirando capítulos que apenas unas horas antes formaban parte del corazón de la reforma. El Gobierno salvó la media sanción, pero tuvo que resignar precisamente aquello que había provocado mayor resistencia.
Eso debería ser leído como algo más que un traspié parlamentario.
Es una advertencia comunicacional.
Porque quizás el problema no sea que la sociedad argentina se haya vuelto menos liberal.
Quizás el problema sea que el Gobierno confundió liberalización con desarraigo.
Y en un país que acaba de salir de un Mundial cantando el himno, abrazándose con desconocidos y reivindicando hasta la bandera de Malvinas, había señales suficientes para entender que el humor popular había cambiado.
La Argentina puede querer libertad económica.
Puede querer inversión.
Puede querer propiedad privada.
Pero también puede querer seguir siendo Argentina.
Y cuando esas dos cosas entran en conflicto, aunque sea solamente en la percepción pública, ningún discurso técnico alcanza.
Bullrich acaba de comprobarlo en el Senado.
