La provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de alta tensión política e institucional de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre. La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), sumada al desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales, abrió una doble disputa: por un lado, la redefinición del cronograma electoral; por el otro, el control del armado dentro del peronismo bonaerense.
La decisión del gobernador Axel Kicillof de separar las elecciones bonaerenses del calendario nacional fue interpretada como una jugada para marcar autonomía política, pero cayó mal en sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner, que apostaban a una estrategia unificada.
Desde La Cámpora y otros espacios del peronismo tradicional se pidió una "lista única" como señal de cohesión frente al gobierno de Javier Milei. Mariel Fernández, intendenta de Moreno y vicepresidenta del PJ nacional, advirtió públicamente: “La gente quiere que vayamos todos juntos y nosotros necesitamos la unidad”.
Pese a los primeros cortocircuitos, en los últimos días comenzó a gestarse un principio de entendimiento. La necesidad de evitar una fractura en el principal bastión territorial del peronismo forzó una apertura al diálogo, aunque el equilibrio interno sigue siendo frágil.
A la interna política se sumó un reclamo institucional. Tras la suspensión de las PASO, la Junta Electoral bonaerense solicitó a la Legislatura modificar los plazos establecidos por la ley electoral vigente, cuya redacción data de 1946. El organismo advirtió que los actuales 30 días entre el cierre de listas y la votación, y 20 días entre la presentación de boletas y el comicio, resultan insuficientes para garantizar una elección transparente y ordenada.
La presidenta de la Junta y titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, propuso ampliar esos plazos, lo que abrió un nuevo frente de debate legislativo en La Plata. Aunque inicialmente hubo resistencia de algunos sectores, ahora existe consenso para avanzar en una reforma que permita cumplir con los tiempos administrativos y judiciales del proceso electoral.
Entre la puja interna por el liderazgo y la necesidad de adecuar las reglas del juego, el peronismo bonaerense enfrenta un escenario desafiante. Con el oficialismo nacional en ascenso y la presión fiscal sobre las provincias, el resultado de las elecciones de septiembre será clave no solo para el futuro institucional de Buenos Aires, sino también para el equilibrio de poder dentro del peronismo a nivel nacional.
