Hasta hace apenas unos meses, la elección de 2027 parecía un trámite para Javier Milei. La épica del outsider, el capital simbólico de la “casta” como enemigo y una sociedad harta de promesas incumplidas habían construido una autopista hacia la reelección. Hoy, ese escenario ya no es tan lineal. No solo por encuestas que empiezan a mostrar desgaste, sino por algo más profundo y más difícil de revertir: el humor social que se respira en la calle.
Hay un cansancio que no se mide solo en números. Es el del trabajador que viaja dos o tres horas como ganado para cobrar un sueldo que no alcanza. El del asalariado en blanco que, aun cumpliendo todas las reglas, tiene que manejar un Uber por la noche para completar el ingreso. El de la familia que achica consumos básicos mientras escucha que “todo va bien”. Es, en definitiva, la sensación de estar viviendo peor. Y lo más inquietante para el oficialismo: muchos de los que sienten eso votaron a Milei… y no están seguros de no volver a hacerlo.
Ahí está la paradoja. El Presidente cumplió gran parte de lo que prometió. Aplicó la motosierra, ajustó el gasto, redujo estructuras del Estado. Hizo, en términos políticos, lo que dijo que iba a hacer. Pero en ese proceso también se comió una porción importante del capital de esperanza que lo había llevado al poder.
Porque la realidad empezó a chocar con el relato. Durante meses se instaló que el problema era “la casta” y que el ajuste sobre ese núcleo iba a ordenar las cuentas sin afectar al resto. Pero la casta, en términos presupuestarios, era una porción menor del gasto. Y cuando se avanzó sobre el Estado en serio —con despidos masivos, recortes y desarticulaciones— las consecuencias empezaron a sentirse en la vida cotidiana.
El ciudadano que festejaba la expulsión de 70 mil empleados públicos hoy también se queja porque sacar un DNI es más lento, más engorroso. El que aplaudía el achique del Estado ahora sufre demoras interminables para trámites básicos. El automovilista que odiaba la burocracia se encuentra renovando permisos provisorios porque la patente no llega. Y todo eso no se vive como una mejora en la eficiencia, sino como un deterioro en la calidad de vida.
La promesa de terminar con los “curros” tampoco termina de cerrar. Los impuestos siguen ahí. Los registros automotores no desaparecieron. La simplificación administrativa no se siente en la práctica. Y mientras tanto, decisiones como desarticular organismos técnicos generan efectos colaterales: alimentos exportados que rebotan por falta de controles, sistemas que pierden capacidad operativa, un Estado que no es más chico sino más desordenado.
En seguridad, el argumento de que “es responsabilidad de las provincias” convive con una percepción concreta: las fuerzas federales aparecen más en conflictos políticos que en los barrios calientes. En el conurbano, donde se define buena parte del poder real, muchos sienten que la discusión ideológica está lejos de sus problemas cotidianos.
La obra pública paralizada es otro punto de quiebre. No es una abstracción: son rutas que no se terminan, infraestructura que no llega, servicios que empeoran. Es calidad de vida concreta para el que paga impuestos y no ve la devolución en bienes públicos.
Ahora bien, el problema no es solo del oficialismo. El peronismo, todavía atravesado por la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y la herencia reciente de Alberto Fernández, tampoco logra capitalizar del todo este desgaste. Y eso también tiene explicación.
Porque una parte importante de la sociedad no quiere volver a lo que había. No quiere corrupción naturalizada. No quiere un Estado enorme que no resuelve problemas. No quiere relatos épicos mientras el salario pierde contra la inflación. El kirchnerismo, cada vez más encerrado en una lógica identitaria y discursivamente corrido hacia posiciones más duras, parece no haber entendido que sus hitos históricos fueron otros: movilidad social ascendente, trabajo digno, consumo, futuro.
El peronismo que enamoró no era el que justificaba errores, sino el que ofrecía resultados. No era el que decía “roban pero hacen”, sino el que hacía y sostenía un contrato moral con su base social. El sujeto de representación no era “el pobre” como categoría estática, sino el trabajador como motor de progreso.
También hay una discusión más profunda que la política evita: el lugar del empresario, del Estado y de la sociedad en su conjunto. Demonizar al que invierte es tan equivocado como sacralizarlo. Un país funciona cuando cada actor cumple su rol dentro de reglas claras, no cuando se convierte en enemigo o en salvador según la conveniencia del momento.
Después de tantos desencantos, la Argentina parece atrapada entre extremos que no terminan de resolver lo esencial. De un lado, un experimento de ajuste que ordena números pero desordena la vida cotidiana. Del otro, una oposición que no logra ofrecer una alternativa creíble y actualizada.
Y en el medio, una mayoría silenciosa que no pide milagros ni revoluciones. Pide algo bastante más simple: vivir mejor.
Parafraseando al propio Javier Milei, los argentinos de bien no están esperando que gane la izquierda o la derecha. Están esperando, de una vez por todas, que gane el sentido común.
