En política hay momentos donde los hechos dejan de discutirse en términos judiciales y pasan a resolverse en el terreno mucho más crudo de la percepción social. El caso de Manuel Adorni parece haber cruzado ese umbral. Las nuevas revelaciones sobre la refacción de su casa en un country no hacen más que confirmar algo que ya estaba instalado: la condena pública llegó antes que cualquier fallo.
A esta altura, lo que diga la justicia empieza a ser casi irrelevante en términos políticos. El veredicto social ya se expresó con una contundencia difícil de revertir. Incluso en segmentos del electorado que acompañaron a Javier Milei en 2023, la figura del jefe de Gabinete aparece hoy profundamente erosionada. El episodio del viaje, sumado a los primeros números inconsistentes, había encendido alarmas. Pero fue la acumulación de indicios lo que terminó de consolidar una percepción negativa casi irreversible.
Los datos son elocuentes. La consultora OK Media midió un rechazo demoledor: un 73% de los encuestados consideraba que Adorni debía renunciar. No fue un hecho aislado. Otras encuestadoras comenzaron a testear el tema y encontraron cifras similares, incluso más duras cuando la pregunta se volvía directa: entre el 70% y el 75% lo consideraba corrupto. En política, esos niveles no son una mala racha: son una sentencia.
La diferencia con otros casos es estructural. Adorni no tiene un partido, ni una base territorial, ni una historia política que lo sostenga. No es Aníbal Fernández, que sobrevivió a polémicas, operaciones y hasta acusaciones insólitas como la de “la morsa”, en el marco de un movimiento como el peronismo que contiene, absorbe y recicla dirigentes. El peronismo, con todos sus claroscuros, nunca construyó su legitimidad sobre una superioridad moral explícita.
El problema para Adorni —y por extensión para Milei— es otro. Los gobiernos no peronistas en Argentina suelen edificar su identidad sobre una promesa ética: vienen a “terminar con la casta”, a “ordenar”, a “limpiar”. Así ocurrió con la Alianza, con Mauricio Macri en 2015 y con el propio Milei en 2023. Cuando esa promesa se resquebraja, el golpe es doble. No solo se cuestiona la gestión: se derrumba el relato fundacional.
En ese marco, el caso Adorni adquiere un peso específico mucho mayor. Porque no se lo juzga solo por lo que hizo —o se sospecha que hizo— sino por lo que representaba. Y ahí aparece la contradicción más dañina: quien debía encarnar la ruptura con la vieja política termina asociado a prácticas que el propio oficialismo denunciaba.
Dentro del gobierno el clima es de repliegue. Nadie se anima a decirle a Milei que debe desplazarlo, lo que revela una debilidad más profunda: la falta de mecanismos internos de corrección. Incluso Karina Milei, históricamente la figura más pragmática del esquema libertario, parece haber empezado a tomar distancia. No por convicción ética, sino por cálculo político: percibe el desgaste y, sobre todo, escucha el territorio.
Y ahí aparece otro dato clave. El malestar no es abstracto: se expresa en la dificultad concreta de hacer política. En el AMBA, donde la crisis económica golpea con más fuerza, los recortes a jubilados y personas con discapacidad generan un clima social espeso. A eso se le suma ahora una acusación que pega directo en la línea de flotación libertaria: “son todos chorros”. Esa frase, repetida en barrios y distritos, es dinamita para una fuerza que se construyó en oposición moral a la política tradicional.
Adorni, en ese contexto, se transforma en un “cadáver exquisito”: una figura que ya no tiene vida política propia pero que sigue siendo exhibida, sostenida artificialmente por una conducción que no encuentra cómo resolver el problema sin admitir el error. Cada día que pasa sin una definición no lo debilita solo a él, sino al propio Milei.
Porque en definitiva, el costo ya no es individual. Es sistémico. La credibilidad es un recurso finito y el gobierno libertario empieza a gastar más de lo que puede reponer. La pregunta ya no es si Adorni puede sobrevivir políticamente —todo indica que no— sino cuánto daño adicional está dispuesto a tolerar el presidente por sostenerlo.
El final parece escrito, pero el tiempo de ejecución todavía está en disputa. Y en política, como en la economía, las decisiones que se postergan suelen ser las más caras.
