El viernes a la noche, en una estación de servicio de YPF, la escena fue tan cotidiana como reveladora. Mientras cargaba combustible, le pregunté al playero si era cierto lo que decía el noticiero: que esa misma noche volvía a aumentar la nafta. La respuesta fue seca, casi resignada: “Aumenta todos los días 20 pesos, pero nadie informa nada”.
La frase, más que una anécdota, sintetiza el clima social. Porque el problema ya no es un aumento puntual, sino una dinámica silenciosa, persistente y cada vez más difícil de seguir para el bolsillo.
Desde que empezó el año, cargar nafta se volvió un lujo. Solo en marzo, los combustibles acumulan subas de entre 12% y 16%, con el litro de súper ya por encima de los $ 2000 en gran parte del país . Si se mira el trimestre, el aumento ronda el 16% desde enero, impulsado tanto por el precio internacional del petróleo como por ajustes impositivos internos .
El resultado es brutal: llenar un tanque promedio ya puede superar los $100.000 . Y eso no es solo un dato, es una señal de alarma económica. Porque el combustible no es un gasto más: es el corazón de toda la cadena de valor. Todo lo que se mueve —alimentos, insumos, logística— depende del precio del litro de nafta.
Sin embargo, hay una discusión que el Gobierno evita: los impuestos. Cada actualización incorpora subas directas, como los más de $17 por litro en concepto de impuesto a los combustibles líquidos y otros cargos ambientales . Son recursos que, en teoría, deberían destinarse a infraestructura vial o coparticiparse. Pero en la práctica terminan engrosando rentas generales.
Ahí está el nudo del problema. Mientras el discurso oficial habla de orden fiscal, la presión impositiva sobre un insumo clave no baja. Y no baja sobre el combustible, que es transversal a toda la economía. No baja sobre lo que usan trabajadores, transportistas, pymes y familias todos los días.
En otros países, incluso no productores de petróleo, el enfoque es distinto. En medio de la crisis energética global, varios gobiernos optaron por amortiguar el impacto: subsidios, reducción de impuestos o mecanismos de estabilización de precios. En México, por ejemplo, se aplicaron estímulos fiscales para contener el precio del diésel . En Chile, se activaron fondos para evitar subas más bruscas en surtidor .
Argentina, en cambio, ofrece otra cosa: naftas “rebajadas”. Combustibles con mayor mezcla de etanol, de menor calidad, como alternativa frente a precios que no paran de subir. Una solución que no ataca el problema de fondo, sino que lo disfraza.
Mientras tanto, el mundo vive una suba generalizada del petróleo por conflictos internacionales, con el barril superando los 100 dólares . Es cierto. Pero también es cierto que cada país decide cómo administrar ese impacto puertas adentro. Y ahí es donde aparecen las diferencias.
Porque cuando la política decide no intervenir en los impuestos, también está tomando una decisión. Y esa decisión tiene consecuencias concretas: cada aumento en el surtidor se traslada a precios, a la inflación y, sobre todo, al humor social.
La frase del playero vuelve entonces con más fuerza: aumentos diarios, casi invisibles, que nadie explica. Una economía donde el ajuste no es un shock, sino un goteo constante.
Y en ese goteo, la conclusión es cada vez más evidente: no es solo que la nafta esté cara. Es que a la gente, directamente, ya no le da la nafta.
