La causa por las irregularidades en la concesión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires entró en una fase decisiva. El fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI 11 de La Plata, citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, a quien ubica como pieza clave de un presunto entramado de retornos a medida de las empresas adjudicatarias.
Según la investigación, D’Onofrio habría articulado un acuerdo ilícito con siete compañías que terminaron ganando la licitación, utilizando como vehículo una firma “interpuesta”, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (Solutec). El fiscal sostiene que, a cambio de asegurarse la adjudicación, las empresas debían pagar un porcentaje mensual —3% en un inicio, luego 8,5% más IVA— que se proyectaba durante toda la concesión de diez años.
El volumen económico es contundente: Solutec habría recibido más de $4.995 millones netos entre 2024 y 2025. El presidente de la firma, Sebastián Desio, señalado como hombre de confianza de D’Onofrio, habría convertido gran parte de ese flujo a dólares en el Banco Provincia y retirado los fondos en efectivo.
El expediente detalla que la contratación de Solutec habría sido una exigencia directa del exministro. Las compañías concesionarias debían abonarle mensualmente, en un circuito que el Ministerio Público describe como un esquema de retornos sostenido y obligatorio.
La licitación, además, presenta irregularidades que para Garganta confirman la existencia de un acuerdo previo: empresas creadas pocos días antes de competir, la UTE ganadora sin inscripción en IGJ ni CUIT, firmas inscriptas en rubros ajenos a la VTV, ausencia de actas societarias básicas y nula reacción del Ministerio frente a inconsistencias que debieron invalidar la oferta.
El fiscal anticipó que, una vez incorporada la información proveniente del expediente de fotomultas —donde aparecen algunos de los mismos funcionarios—, la causa podría recalificarse como asociación ilícita, lo que implicaría considerar el caso como un entramado organizado y con roles definidos.
Con las indagatorias ya en marcha, la presión judicial se concentra sobre D’Onofrio. El avance del expediente marca uno de los golpes más fuertes a un proceso licitatorio provincial en los últimos años y abre interrogantes sobre el diseño y control de los contratos en áreas críticas del Estado bonaerense.
