La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner ha alcanzado un punto crítico. La ex presidenta desde 2007 a 2015 y vicepresidenta 2019-2023, fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. Esta condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, y la última instancia de apelación corresponde a la Corte Suprema de
El próximo martes, 10 de junio de 2025, vence el plazo para que la defensa de Cristina Kirchner presente un recurso de queja ante la Corte Suprema. Si la Corte rechaza este recurso y confirma la sentencia, la condena quedará firme, lo que podría llevar a la ex mandataria a cumplir la pena en prisión domiciliaria, un beneficio previsto por la ley argentina para personas mayores de 70 años, edad que Kirchner superó en febrero de 2023 .
Desde su entorno, se ha expresado preocupación por una posible detención inmediata, incluso antes de que venza el plazo para presentar el recurso. Algunos allegados sugieren que podría ser detenida una noche en Tribunales para generar cobertura mediática que desvíe la atención de otros temas políticos y económicos del país .
En respuesta, Cristina Kirchner ha manifestado su disposición a enfrentar la situación. Su abogado, Alberto Beraldi, afirmó que la ex presidenta "no tiene miedo de ir presa" y que está convencida de que el proceso judicial responde a una persecución política debido a las reformas implementadas durante su gobierno.
Además, la defensa analiza recurrir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional si la Corte Suprema rechaza el recurso de queja, argumentando violaciones a sus garantías judiciales.
La situación de Cristina Kirchner se enmarca en un contexto político y judicial tenso, con acusaciones de persecución judicial y "lawfare" por parte de sectores del kirchnerismo . Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei ha descartado una posible absolución de la ex mandataria, asegurando que la condena será firme y que deberá cumplir su pena .
Por otra parte el sindicato de estatales ATE, se declara en alerta y movilización ante lo que sería la inminente detención.
El próximo martes será una fecha clave para determinar el futuro judicial de Cristina Kirchner y, por extensión, el rumbo político del país.
